Drogas ilícitas o el fracaso de una política

La fumigación y erradicación manual de las plantas de coca han sido muy costosas y poco eficientes. 

Ayer, en la celebración de la semana de Colombia en la Universidad de Harvard, se lanzó la versión en inglés del libro elaborado en la Universidad de los Andes sobre la política contra las drogas ilícitas (Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, 2011).

El libro fue iniciativa del anterior rector de la Universidad, Carlos Angulo, quien consideró que la universidad debía hacer una contribución académica al debate público sobre el problema de la droga, en razón del enorme impacto negativo que la producción y el tráfico de drogas han tenido sobre la economía y la sociedad colombianas en los últimos cuarenta años. Consta de 15 capítulos escritos por 24 profesores de los Andes, bajo la coordinación de Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, de la Facultad de Economía.

El momento para estimular la discusión desde la universidad no puede ser mejor, ni más oportuno. Los expresidentes Cardoso, de Brasil; Zedillo, de México; y César Gaviria, de Colombia, se manifestaron el año anterior a favor de un cambio en la política de los Estados Unidos contra las drogas ilícitas, ante el fracaso de la que se ha ejecutado desde 1981, cuando el presidente Nixon declaró «la guerra contra las drogas». El presidente Santos, por su parte, ha planteado la discusión abierta de la política en diversas instancias y logró que Estados Unidos aceptara incluir el tema en la agenda de la Cumbre de las Américas.

Desde los años setenta del siglo XX, el narcotráfico y sus mafias irrigaron sus efectos nocivos sobre la sociedad colombiana: infiltraron los partidos políticos, estimularon el enriquecimiento ilícito y la corrupción, modificaron las costumbres, desafiaron las instituciones estatales, declararon la guerra a los medios de comunicación, financiaron la guerrilla, promovieron las bandas criminales y desataron, en general, una ola de violencia sin precedente alguno, que situó a Colombia como uno de los países más inseguros del mundo. De hecho, como lo anotan los coordinadores del libro en su introducción, Colombia sufrió más que ningún otro país las consecuencias de la «guerra contra las drogas», lo cual nos otorga «la autoridad moral e intelectual para promover un debate abierto en el mundo sobre las políticas antidrogas».

Aunque cada uno de los capítulos del libro contiene propuestas específicas, se formulan recomendaciones generales que apuntan en la dirección de reorientar las diferentes políticas contra la droga, con base en la evidencia obtenida de la ya larga experiencia colombiana. Por ejemplo, se concluye que la fumigación y la erradicación manual de las plantas de coca han sido muy costosas y poco eficientes y que, por el contrario, la interdicción golpea la rentabilidad del negocio y tiene mayor poder disuasivo sobre los traficantes. Se concluye, igualmente, que la ejecución de estas políticas adolece de fallas tremendas de coordinación institucional. Y llama la atención sobre el aumento del consumo de drogas en Colombia, sin que exista una política para prevenirlo y para tratar a los adictos.

El libro clama por un cambio drástico en las políticas antidrogas a escala internacional y doméstica. En este sentido, coincide con el planteamiento del expresidente César Gaviria -prologuista de la obra- en el sentido no de «legalizar» sino de considerar el problema como de salud pública, mediante políticas que reduzcan la demanda y que efectivamente golpeen los márgenes de utilidad del negocio.

Estados Unidos debe aceptar que su política antidrogas fracasó. Si un debate renovado sobre las drogas ilícitas contribuye a ese propósito, podríamos mirar con más optimismo el futuro de Colombia.