Rentabilidad, Diagnostico y Costos de la Atención Integral a la Primera Infancia en Colombia

La literatura internacional ha documentado extensamente la importancia de los programas de política pública diseñados para la Primera Infancia (PI).  La intervención del estado en la Política de Primera Infancia es importante principalmente por dos razones: primero, los programas mejoran el desempeño futuro de los niños beneficiarios en diversos aspectos (habilidades cognitivas y no-cognitivas, nutrición, salud) y segundo, reduce la brecha entre niños vulnerables y el resto de la población desde los inicios de su vida. Siendo esta última una condición importante en un país con los niveles de inequidad que presenta Colombia. Adicionalmente existe evidencia de los altos beneficios de invertir en capital humano durante las primeras etapas del ciclo de vida relativo a las inversiones que se pueden hacer posteriormente en la adolescencia, juventud o adultez. En diversos estudios se ha demostrado que los altos retornos de las inversiones tempranas se debe a que la capacidad de los seres humanos para aprender durante la PI es mucho mayor y su conjunto de habilidades básicas es mucho más maleable que en los años posteriores (Shaklee & Fletcher, 2002; Shonkoff & Phillips, 2000). Por otra parte el desarrollo en los primeros años de vida es determinante para la adquisición de habilidades en edades posteriores y el horizonte de tiempo para disfrutar de los beneficiarios de la inversión en PI es más amplio.

Teniendo en cuenta la importancia de este tipo de inversión hago referencia a un estudio reciente de Bernal y Camacho (2012) que incluye un diagnostico de las condiciones actuales de la Primera Infancia en Colombia. Este documento encuentra principalmente que existe una baja asistencia a centros de atención formal por parte de los niños entre 0 y 5 años de edad, aproximadamente el 40% de los niños reciben atención formal. Esto implica que gran parte del cuidado se realiza en casa, donde los niños más vulnerables están acompañados por personas con un bajo nivel de escolaridad, por ejemplo el 53% de los cuidadores en hogares del nivel 1 de SISBEN tienen como máximo grado de escolaridad la primaria completa.  Esto se ve reflejado en la menor cantidad y calidad de prácticas llevas a cabo por parte de los cuidadores en el hogar. Adicionalmente en los quintiles más bajos de riqueza se encuentra que es usual que el 15% de los niños se dejen a cargo de un menor de 10 años y el 5% se dejen solos. El desarrollo cognitivo medido por la  prueba de habilidad verbal TVIP, revela grandes disparidades por zonas rurales y urbanas incluso a partir de edades tan tempranas como los 3 años.

Este diagnostico indica que es de suma importancia la intervención del Estado, específicamente teniendo en cuenta el arreglo institucional y financiero, para proveer mayor cobertura de una atención integral de buena calidad especialmente para los más vulnerables. En la actualidad, cerca de 1.2 millones de niños vulnerables del país son atendidos a través del esquema de Hogares Comunitarios de Bienestar. Según resultados reportados en Bernal et al. (2009), los estándares de calidad de esta modalidad están lejos de ser ideales (medidos, por ejemplo, por escolaridad del cuidador principal que se denomina madre comunitaria y otras escalas estandarizadas de calidad que miden infraestructura y procesos adulto-niño al interior del hogar).  Por tanto, Bernal y Camacho (2012) enfatizan en la gran necesidad de hacer una transición pronta a un sistema de atención integral con unos estándares de calidad muy superiores que favorezcan el desarrollo saludable de los niños y niñas que se atienden. En cuanto al presupuesto requerido, Bernal y Camacho  (2012) proponen un escenario de oferta de programas y costos de operación de una cadena de servicios que comprende: (1) atención prenatal y suplementos nutricionales para la mujer gestante, (2) atención en salud para el recién nacido y hasta los 5 años, (3) esquema de vacunación completo, (4) suplementos nutricionales de los 0 a  los 5, (5) atención en arreglos comunitarios/institucionales para niños de 0 a 3 años de edad y atención a sus padres en el hogar, (6) asistencia en programas de atención en entorno institucional para niños entre los 3 y 5 años de edad.[1] Teniendo en cuenta esta cadena de servicios, se establecen costos para niveles apropiados de calidad y las máximas coberturas posibles considerando la población objetivo basada en el punto de corte para la PI establecido para la encuesta Sisben 2009-2010. Los resultados de este ejercicio indican que el costo por niño durante todo su ciclo desde gestación y hasta los 5 años, sería de cerca de US$6,624. El costo total anual de la política con coberturas totales[2] sería de aproximadamente US$2,920 millones (alrededor de 0.6% del PIB) comparado con una asignación anual para el cuatrienio de la administración Santos según el Plan Nacional de Desarrollo de US$1,280 millones (cerca de 0.3% del PIB). Adicionalmente la inversión estimada en infraestructura, que se necesitaría en un solo momento del tiempo, para lograr coberturas de 1.28 millones de niños entre los 0 y 5 años de edad en centros de atención integral sería de aproximadamente US$4,600 millones de dólares (1.1% del PIB).

Este documento ya hizo énfasis en los efectos directos sobre el individuo participante y no en los efectos sobre otros individuos de la familia del niño participante y la sociedad en general. En particular, algunos estudios han reportado efectos positivos sobre la probabilidad de participación laboral de las madres, el ambiente familiar que puede tener efectos sobre el desarrollo de hermanos no participantes en las intervenciones, la disminución de la criminalidad en la sociedad, etc. Esto implica que los efectos totales discutidos pueden ser potencialmente más altos debido a las posibles externalidades de estos programas sobre individuos no participantes. Después de entender tanto beneficios directos como indirectos de esta inversión, es innegable que esta suena muy rentable y por lo tanto atractiva.  Para tratar de pensar en los costos de la inversión en PI de otra forma, tengamos en cuenta que el gobierno gastó en 2010, en promedio, 0.5% del PIB en cada año de educación básica ofrecido[3]; este valor es cercano al presupuesto anteriormente planteado con el cual se podría dar una atención integral de mayor calidad y con coberturas completas a todos los niños de 0 a 5 años de edad.

Referencias

• Bernal, R. y A. Camacho, 2012, “La Política de Primera Infancia en el Contexto de la Equidad y Movilidad Social en Colombia”, Documento de Trabajo.
• Bernal, R., C. Fernández, C.E.  Flórez, A. Gaviria, P.R. Ocampo, B. Samper y F. Sánchez (2009) “Evaluación de Impacto del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF”, Documento de Trabajo Centro de Estudios de Desarrollo Económico No. 16, Julio.
• Shaklee, H., & Fletcher, J. (2002). Key studies that rocked the cradle: How research changed the way we care for infants and toddlers. In B. Stewart, R. Lovingood, & R. Purcell (Eds.), Research Applications in Family and Consumer Sciences. Alexandria, VA: American Association of Family and Consumer Sciences.
• Shonkoff, J., & Phillips (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. Washington, DC: National Academy Press.