@Andr3sMoya
Publicado el 29 de septiembre en La Silla Vacía
Existe una opinión generalizada (e ingenua) que culpa a los pobres de su situación de pobreza. Es decir, que los pobres tienen unos rasgos de personalidad y unas preferencias económicas que son irracionales y van en contravía de los procesos de generación de ingresos y que perpetúan su pobreza (acuérdense, por ejemplo, del comentario sobre el 47% de la población del candidato a la presidencia de Estados Unidos Mitt Romney[1]). Estas percepciones podrían estar explicadas por el hecho de que los hogares pobres ahorran muy poco y en cambio destinan una proporción importante de su ingreso a comprar loterías, cigarrillos y alcohol, y se endeudan con prestamistas informales quienes cobran tasas de interés por encima de las de usura, tal como se observa en los datos de Poor Economics[2], el libro de Abhijit Banerjee y Esther Duflo.
Sin embargo, la evidencia en el campo de la Economía del Desarrollo revela que los pobres no son intrínsecamente miopes o irracionales. Su comportamiento económico es diferente al de personas con mayores recursos ya que enfrentan contextos económicos y sociales diferentes, así como una serie de restricciones materiales y fallas de mercado. Por ejemplo, las fallas en el mercado de crédito y en el mercado de seguros llevan a las personas a tomar créditos gota a gota y a invertir en actividades de bajos riesgos y bajos retornos, mientras que el reconocimiento de patrones de movilidad social limitados explica el pesimismo y reduce su ventana de aspiraciones[3]. Parafraseando a Bardhan y Udry[4], el comportamiento aparentemente irracional de los pobres puede ser explicado de una mejor forma como el resultado de unos ejercicios complejos de racionalidad, con implicaciones profundas sobre el papel que juegan las restricciones materiales y las preferencias económicas.
Esta discusión tiene implicaciones importantes en el actual contexto del país y en especial para la atención a las víctimas de la violencia. Después de todo, los estudios sobre las consecuencias económicas del desplazamiento[5] revelan que la población desplazada experimenta pérdidas sustanciales que los llevan a caer en la pobreza. Es entonces posible que las circunstancias que enfrentan las víctimas de la violencia y el desplazamiento induzcan decisiones que obstaculizarán su recuperación socioeconómica. En otras palabras, la pobreza puede comprometer la capacidad de las víctimas para recuperar su proyecto de vida y crear a una trampa de pobreza de comportamiento.
En efecto, en mi tesis doctoral realicé una serie de experimentos económicos con personas desplazadas y no-desplazadas de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Tolima y Sucre y encontré que las personas desplazadas son más aversas al riesgo[6] y más pesimistas[7] sobre las perspectivas de movilidad social que las que no fueron desplazadas. Estos efectos pueden tener consecuencias nocivos sobre el comportamiento y contribuir a la persistencia de la pobreza. Primero, una mayor aversión al riesgo reduce la disposición a tomar riesgos (implícitos en cualquier decisión económica) y a reducir el consumo presente para invertir y lograr mayores niveles de ingreso y consumo futuros. Segundo, dado que el comportamiento económico está determinado por lo que aspiramos a obtener y lo que creemos que es posible obtener, un mayor pesimismo tiene consecuencias similares. Todo esto se traduce en una menor disposición a realizar inversiones productivas o a realizar inversiones en educación y salud de los miembros del hogar, y profundiza la vulnerabilidad de los hogares frente a la pobreza.
Éstos resultados pueden ser explicados por las restricciones materiales y sociales que enfrenta la población desplazada. No obstante, es posible que los efectos sobre la aversión al riesgo y las perspectivas de movilidad social también estén determinados por los niveles de victimización y a la incidencia de trastornos psicológicos. Es importante analizar si este es el caso ya que dentro de la población desplazada existe una variación considerable en la exposición a la violencia y la incidencia de trastornos psicológicos. Por ejemplo, mientras que el 93% de los hogares estuvo expuesto a al menos un hecho violento, el 52% recibió amenazas por parte de grupos armados, el 58% estuvo expuesto a combates entre éstos grupos y el 26% sufrió el asesinato de un miembro del hogar. Así mismo, el número de eventos violentos a los que estuvo expuesto cada hogar varía, y el número de eventos de los que fue testigo, considerablemente.
Como consecuencia, la incidencia de trastornos psicológicos de las personas desplazadas que fueron encuestadas es sustancialmente más alta que la de las personas no-desplazadas, pero también varía dentro del grupo de personas desplazadas. Por ejemplo, los puntajes de la escala SCL-90R indican que el 38 y el 29 por ciento de ellas excede los niveles críticos para los trastornos de depresión y ansiedad, respectivamente.
Los resultados indican que las personas que estuvieron expuestas a un número más alto de episodios de violencia, y aquellas que están en riesgo de sufrir patologías de ansiedad y depresión, son aún más aversas y pesimistas. Es decir, que la severidad de la violencia y la incidencia de trastornos psicológicos aumentan la aversión al riesgo y también el pesimismo sobre las perspectivas de movilidad social. Estos resultados son robustos cuando utilizo la muestra completa, incluyendo personas desplazadas y no-desplazadas, y cuando sólo utilizo la muestra de personas desplazadas. En otras palabras, la exposición a la violencia y los trastornos psicológicos afectan el comportamiento económico más allá de los efectos causados por las pérdidas materiales del desplazamiento. Éstos resultados también son consistentes con evidencia reciente en el campo de la Economía del Comportamiento sobre el efecto del estrés psicológico[8] y la pobreza[9] en el comportamiento económico.
Las heridas psicológicas del desplazamiento son importantes en sí mismas y son una de las consecuencias más desgarradoras de la violencia en el país. Pero los resultados descritos arriba revelan que también afectan el comportamiento de las víctimas y que los efectos permanecen en el tiempo; es decir que los trastornos psicológicos y sus efectos sobre el comportamiento pueden persistir en el tiempo. Al hacerlo, reducen su disposición a realizar inversiones de largo plazo y pueden entonces reforzar las restricciones materiales que trae el desplazamiento y generar trampas de pobreza de comportamiento.
Lo anterior tiene implicaciones de política importantes de cara a un proceso de postconflicto. En particular, es fundamental diseñar, implementar y la evaluar programas de atención psicosocial, los cuales han sido marginales en la política pública de atención a las víctimas de la violencia. Tal como ocurría con la anterior política de atención a la población desplazada (Ley 387 de 1997), la política actual (Ley 1448 de 2012 de Víctimas) concentra los esfuerzos y recursos en los programas de atención humanitaria, inserción a los programas de salud y educación del Estado y, en alguna medida, en la generación de ingresos. Sin embargo, la efectividad de los programas de generación de ingresos va a estar condicionada por el comportamiento y las decisiones de las víctimas. Piensen, por ejemplo, en los efectos de la aversión al riesgo, la impaciencia y el pesimismo que discutimos arriba, sobre las el uso que le darán las víctimas a los recursos que podrán obtener por medio de las indemnizaciones administrativas, o sobre las decisiones de inversión luego de los procesos de restitución de tierras. Por ende es fundamental incorporar programas de atención psicosocial que sean transversales a los demás programas concebidos en la política de atención a las víctimas.
Es importante reconocer que la Ley de Víctimas resaltó la importancia de los programas de atención psicosociales. Como resultado, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha venido diseñando e implementando el Programa de Atención Psicosocial y de Atención Social en Salud (PAPSIVI), y la Unidad de Víctimas ha venido implementando el programa Entrelazando para la reconstrucción del tejido social, los cuales complementan los programas que diferentes fundaciones y entidades operan en el territorio. No obstante, el acceso a los servicios psicosociales es aún precario. Por ejemplo, para el 2013 la Unidad de Víctimas reporta que de las 844.359 víctimas que fueron atendidas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), sólo 17.716 de ellas (el 2%) recibió atención psicosocial. El programa Entrelazando, por su parte, busca atender a un total de 30 mil víctimas (el 0,5% del total de las víctimas).
Los bajos niveles de cobertura de la atención psicosocial están explicados en gran parte por los escasos recursos que se destinan en el país para este propósito. Un informe de Médicos Sin Fronteras[10] revela que en el 2005 Colombia invertía la menor proporción del presupuesto de salud a la salud mental entre todos los países de Sur América. Esta cifra es absurda, por decir lo menos, considerando que más del 10 por ciento de la población del país ha sido desplazada y victimizada y que llevamos más de 60 años en medio del conflicto. Los problemas en el financiamiento de la salud mental en el país están íntimamente ligados con la ausencia de estadísticas oficiales. Aunque los investigadores en el país han (hemos) hecho un esfuerzo importante para identificar las consecuencias psicológicas de la violencia, la ausencia de estadísticas oficiales compromete la asignación de recursos para la atención psicosocial pues la asignación presupuestal en el sistema de salud se da de acuerdo con los estudios de epidemiología. Por lo tanto, sin una perspectiva clara sobre la afectaciones psicológicas de las víctimas que esté soportada en cifras, es posible que los recursos que destinemos para la atención psicosocial sigan siendo insuficientes.
Para terminar, también es importante profundizar en el conocimiento sobre las consecuencias de las heridas psicológicas de la violencia. Estas heridas tienen implicaciones sobre todas las dimensiones de la vida de las víctimas y se convierten en un obstáculo para la construcción de una sociedad más justa y para las sostenibilidad de una etapa de postconflicto. Es entonces fundamental que tengamos un mejor conocimiento sobre las formas en las que las afectaciones psicológicas de la violencia comprometen su capacidad para salir de la pobreza, así como sobre el impacto que tienen distintas intervenciones de política. Esto nos permitiría informar a los hacedores de políticas públicas y diseñar e implementar programas más adecuados. Por ejemplo, no sabemos cómo la violencia y los traumas psicológicos afectan la niñez del país, aunque a partir de la evidencia internacional, nos podemos imaginar que tienen efectos desgarradores y comprometen su futuro. Por esta razón, con otros investigadores de la Escuela de Gobierno y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes nos encontramos desarrollando distintos proyectos para entender las consecuencias cognitivas y emocionales de la violencia en la niñez. Así mismo, estamos trabajando con el Programa de Trauma Infantil de la Universidad de California, San Francisco y la Fundación Saldarriaga Concha en el diseño e implementación de programa de atención psicosocial para familias desplazadas que permita blindar a los niños de los traumas de la violencia. Espero poder contarles de estas investigaciones en una próxima entrada.
[2] http://pooreconomics.com/data/country/home
[3] http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Papers/povasp01.pdf
[4] http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198773714.001.0001/acprof-9780198773719
[5]http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/libros_y_otras_publicaciones_del_cede/2008/El_desplazamiento_forzoso_en_Colombia_un_camino_sin_retorno_hacia_la_pobreza
[6] http://andresmoya.weebly.com/uploads/1/3/8/3/13836830/moya_violencerisk.pdf
[7] http://www.nber.org/papers/w20463
[8] http://www.sciencemag.org/content/344/6186/862.full
[9] http://www.sciencemag.org/content/338/6107/682
[10] https://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/Informe-COLOMBIA-2010.pdf
