Se empieza a vislumbrar la que podría ser una crucial controversia legislativa, que enfrentará fuertes intereses creados en la industria, el Congreso y también en el gobierno. Me refiero a la tramitación legislativa de un nuevo marco regulatorio para el sector pesquero, en vísperas del vencimiento de la ley que lo rige, el 31 de diciembre del próximo año.
Uno de los elementos que contribuyó a visibilizar esta discusión fue la carta abierta que firmara un destacado elenco de economistas, donde abogan por la necesidad de establecer, de una vez por todas y al margen de los grupos de presión, un sistema de administración pesquera que vele por la sustentabilidad de los recursos y la equidad en la distribución de las rentas.
Como es bien sabido, en la actualidad son siete las familias que controlan más del 90% de la extracción marítima, en un negocio que genera 1.500 millones de dólares en ventas anuales; actividad por la cual los chilenos, dueños de dichos recursos, no recibimos prácticamente nada.
El principal escollo para avanzar en esa dirección son las presiones que ha ejercido la industria del sector, la que pretende se le reconozcan sus “derechos históricos”. Sólo pronunciar la palabra “licitación” genera gran molestia en la Sociedad Nacional de Pesca, en la medida en que se opone férreamente al ingreso de cualquier nuevo actor.
Con todo, y hasta ahí, la cuestión no revierte mayor novedad; mal que mal, las asociaciones gremiales se constituyen para defender las utilidades de sus asociados, lo que -en el marco de un debate transparente- es una conducta legítima y predecible.
El problema estriba en el comportamiento de aquellos actores a los cuales les suponemos mayor imparcialidad, en la medida en que deberían velar por los intereses que nos conciernen a todos: me refiero al gobierno y el Congreso. Con la llegada del ministro Pablo Longueira a Economía, y pese a lo que originalmente había manifestado el propio Presidente Piñera, se articuló una mesa de trabajo entre las grandes empresas y los pescadores artesanales, cuyo principal objetivo es generar un acuerdo funcional a los actuales actores. Más allá de las escandalosas asimetrías que presenta dicha negociación, extraña que el ministro -habida cuenta las opiniones que en otras áreas le hemos escuchado- propusiera una fórmula que consolida el statu quo, avalando la concentración y renunciando a la competencia.
En el caso del Congreso, las noticias no son más alentadoras. La industria pesquera cuenta con importantes vínculos con la clase política en general, la Concertación en particular y, muy específicamente, con el Partido Demócrata Cristiano. En ausencia de una exigente ley sobre financiamiento de las campañas políticas y gastos electorales, las contribuciones económicas que la industria hizo en la última elección y cómo ellas podrían influir en el comportamiento de nuestros parlamentarios seguirán siendo un rumor y un motivo de sospecha.
En tiempos en que se reclama más seriedad, transparencia y altura de miras, ésta será una nueva prueba, quiero creer una oportunidad, para reivindicar la dignidad y solvencia de nuestras instituciones y sus representantes.
