Preocupémonos de lo que realmente importa

Como parte de la campaña política en Argentina, se ha discutido mucho en estos días la posición que han tomado los principales candidatos en torno a algunos aspectos de política económica clave como el rol de las empresas públicas. Si bien estamos acostumbrados a debatir, particularmente entre los expertos, cuáles son las políticas “correctas” para impulsar el desarrollo ¿debería ser ese el eje central que debe tomar la discusión? ¿Debemos centrar nuestra atención en si las empresas de servicios públicos deben estar en manos privadas o públicas o en si funcionan las políticas industriales?

La experiencia nos enseña que la búsqueda de un conjunto universal de políticas correctas o soluciones mágicas es fútil. Aquello que funciona en un determinado momento y en un determinado país puede no funcionar en otros momentos o en países diferentes.  Países han sido muy exitosos con políticas que a priori parecían estar fuera del consenso y a otros les ha ido muy mal con políticas que en los papeles lucían mejor. Por ello, cada día es más evidente que hay algo más importante que el contenido de las políticas públicas, a saber, las características de esas políticas. Aquellos países a los que mejor les ha ido no son necesariamente aquellos que optan por una o por otras políticas sino aquellos que mantienen las políticas que funcionan y son capaces de modificar aquellas que no, más allá de signos ideológicos o de modas.

Como se ha desarrollado en varias publicaciones del BID, para promover el bienestar en el largo plazo, las políticas deberían ser estables, de modo que cambien sólo en respuesta a las condiciones económicas, en lugar de obedecer a cambios en los vientos políticos.  Asimismo, las políticas deberían ser adaptables, de manera que puedan ajustarse o reemplazarse si fuera necesario; ser eficientes, haciendo el mejor uso posible de los recursos humanos y económicos; estar bien coordinadas entre diferentes agencias y niveles de gobierno; estar bien implementadas y vigilarse su cumplimiento.  Por último, deberían estar regidas por el “interés público”, promoviendo el bienestar general en lugar de recompensar a individuos, facciones o regiones específicas.

Estas características, según ha demostrado la evidencia, son absolutamente cruciales.  Las llamadas “mejores políticas” que carecen de credibilidad y son incapaces de estimular una cooperación a largo plazo en el plano político pueden ser mucho menos efectivas que una política menos que ideal, pero estable y bien implementada.  De hecho, una política creíble, aunque imperfecta, puede tener grandes virtudes. Esto es lo que ocurre especialmente si brinda a los actores la capacidad de adaptarse, invertir y responder eficientemente a ella.

A la Argentina, en general, no le ha ido bien. Como se observa en la Figura que se adjunta, que resume el conjunto de características de política pública durante el último cuarto de siglo, el país ha tenido un desempeño por debajo del promedio (y la mediana) de la región. Así, el país se ha caracterizado por tener cambios en políticas que funcionan mientras se mantienen otras que si funcionan, y por políticas que aun con el mejor de los deseos en mente no están bien coordinadas, implementadas, o poseen una baja eficiencia. Por supuesto, esta visión general dice poco de áreas específicas de política y sectores donde puede haber habido un mejor desempeño, pero dice mucho de que usualmente, a comparación con otros países de la región, el foco no ha estado en introducir y mantener políticas que tuvieran el mayor impacto posible en el largo plazo.

Fuente: Franco Chuaire y otros (2014).

Las razones para que así sea son muchas, y el capítulo sobre Argentina en el libro El Juego Político describe bastante bien los incentivos inherentes de la política argentina a focalizarse poco en el largo plazo. Los países a los que mejor les va en sus políticas tienden a tener capacidades de gobierno más sólidas que el promedio. Su Congreso está compuesto en gran parte por políticos con muchos años de experiencia legislativa y con personal profesional que los asesora.  Tiene un servicio público capaz y basado en la meritocracia, y un poder judicial independiente.  Estas capacidades son escasas en la Argentina.

Por lo tanto, parecería que la clave para la Argentina y otros países de la región en situación similar puede estar en discutir un poco menos si las empresas que proveen servicios públicos deben ser estatales o privadas, y mucho más cómo aumentar la credibilidad, coordinación, eficiencia y otras características de las políticas públicas. Y si esa discusión lleva a que se diseñen mecanismos que fortalezcan el Congreso como eje de discusión y control de las políticas públicas, que le otorguen independencia al Poder Judicial para que haga cumplir los acuerdos y promesas, y que aseguren la profesionalización y jerarquización de los servidores públicos, el bienestar de la población en el largo plazo podría estar asegurado. Que las empresas sean públicas o privadas es una mera anécdota.

* Carlos Scartascini es Economista principal en el Departamento de Investigación del BID (http://www.cscartascini.org). Las opiniones son exclusivas del autor y no deben ser atribuidas al Banco Interamericano de Desarrollo o a las autoridades que lo representan.