Los responsables de las políticas públicas en América Latina y el Caribe pueden ser muy conscientes de que las rutas intransitables, los sistemas de energía ineficientes, e inadecuadas redes de agua y saneamiento no permiten progresar a sus países. Sin embargo, los esfuerzos para mejorar estos servicios de infraestructura no consiguen gran cosa. Cuando los gobiernos reducen los déficits fiscales, por ejemplo, lo hacen disminuyendo sistemáticamente la inversión en infraestructura, lo cual tiene un impacto negativo en el crecimiento.
Esto ha conducido a una situación lamentable en que la región acusa brechas significativas, y está por detrás de todas las otras regiones en calidad de la infraestructura, con la excepción de África Subsahariana. Sin embargo, no tiene por qué ser así. El sesgo contra la inversión se puede revertir y no hay mejor momento para hacerlo que el presente. Los riesgos externos que enfrenta la región, que van de condiciones financieras más restrictivas, a un menor crecimiento en China, amenazan las modestas proyecciones de crecimiento. En este contexto, un aumento de la inversión en infraestructura, y una mayor eficiencia en el suministro de servicios puede estimular el crecimiento, sobre todo en los sectores de alta productividad, como la producción manufacturera, y contribuir a que la región crezca desde dentro.
Las inversión en infraestructura favorece a los más pobres
Estos esfuerzos serían progresivos. Los servicios de infraestructura caros y deficientes perjudican más a los pobres, dado que estos utilizan los servicios de infraestructura, como el transporte público, más que los ricos. Los pobres también destinan una mayor parte de sus ingresos a pagar por los servicios de infraestructura. La baja inversión encarece los servicios. Las facturas más altas de electricidad, agua potable y alcantarillado afectan a todos. Pero afectan más a aquellos que tienen menos recursos para pagarlos.
En nuestro Informe Macroeconómico de 2019, de reciente publicación, documentamos hasta qué punto el impacto de no invertir más en infraestructura puede tener graves consecuencias para la región. Para esto, utilizamos descripciones muy detalladas de las estructuras económicas de los países, que incluyen el tamaño de los sectores de infraestructura, cuánto consumen de esos servicios los diferentes sectores de la economía, y cuánto gastan los pobres en servicios de infraestructura.
También realizamos un ejercicio contrafactual. Observamos cuál sería el impacto de no aumentar los stocks de infraestructura a lo largo de un período de 10 años. Esto comprende un análisis de cuatro sectores: la producción y distribución de energía; agua y saneamiento, transporte y telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso de Perú, que se prevé crecerá a un ritmo relativamente rápido de 3,6% al año, observamos que si el país no invirtiera para aumentar el stock de capital de infraestructura a lo largo de ese período, ello podría perjudicar el proceso de expansión, con el resultado de una pérdida de 29 puntos porcentuales de crecimiento del PIB en una década. Cuando estudiamos una muestra más grande de seis países representativos del conjunto de la región –Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Jamaica y Perú — observamos que el no añadir nuevo capital a los stocks ya existentes podría costar un promedio de 15 puntos porcentuales de crecimiento perdido.
Sin embargo no todos los sectores se ven afectados de la misma manera en este escenario. El sector de las manufacturas –que es de alta productividad— es el que más sufre porque, de todos los sectores, es el que más utiliza los servicios de infraestructura en sus procesos de producción en los países incluidos en el ejercicio (con la excepción de Bolivia).
El impacto tampoco es igual en todos los grupos de ingreso. En términos de los impactos distributivos de la desinversión, los pobres serían los más golpeados dado que destinan una parte mayor de su ingreso a pagar por los servicios de infraestructura.
Los beneficios del aumento de la eficiencia en infraestructura
Las mejoras de eficiencia, desde luego, pueden complementar la inversión sin grandes erogaciones fiscales. El informe macroeconómico estudia tres tipos de aumentos de eficiencia en los sectores de infraestructura: ahorro de costos, que abaratan la prestación de servicios (por ejemplo, una central térmica que consigue una fuente más barata de gas natural); procesos más eficientes que aumentan la productividad (por ejemplo, una central térmica que adopta tecnologías más modernas); y mejora de la calidad de los servicios que reduce los costos de producción en otros sectores económicos (por ejemplo, el sector manufacturero recibe electricidad con menos interrupciones).
Los resultados muestran que aumentos de eficiencia relativamente pequeños en sectores de infraestructura pueden arrojar importantes beneficios para el crecimiento. En promedio, un aumento del 5% de la eficiencia podría aumentar las tasas de crecimiento en 3,6 puntos porcentuales a lo largo de 10 años. Los impactos positivos estimados serían mayores en el sector manufacturero, que es de alta productividad. Y los hogares de bajos ingresos se beneficiarían más que los de ingresos altos, lo que contribuiría a reducir la desigualdad del ingreso.
Mejor planificación y regulación
Estos esfuerzos no se deberían llevar a cabo aisladamente. Deberían ir acompañados de una mejor planificación y priorización de los proyectos de infraestructura. Y deberían incorporar mejores marcos regulatorios, por ejemplo, mediante una mejor coordinación entre el nivel federal, donde se adopta la regulación, y el nivel local, donde normalmente se llevan a cabo los proyectos de infraestructura. Cada país tiene sus propias características y realidad institucional, y por lo tanto hemos presentado informes de país detallados que recomiendan qué medidas pueden adoptar los países para mejorar su infraestructura considerando las circunstancias específicas.
No hay tiempo que perder. La calidad de la infraestructura en América Latina y el Caribe acusa un fuerte rezago en relación con las aspiraciones de la región para situarse entre los países de ingresos más altos. Ante las condiciones externas más sombrías que se avecinan en el horizonte, América Latina y el Caribe necesita urgentemente políticas para aumentar la productividad y el crecimiento. En ese contexto, trabajar en aras de la modernización de la infraestructura y de los servicios no es una opción sino una necesidad, y podría generar beneficios enormes.
