En colaboración con Federico González Rouco (Jefatura de Gabinete de Ministros)
En diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos asumió con tres objetivos centrales. Uno de ellos nos ocupa hoy: la lucha contra el narcotráfico. Luego de tres años es posible hacer una primera evaluación de los resultados, teniendo una mejor comprensión del punto de partida, de las decisiones de gobierno adoptadas durante este periodo y de los primeros resultados obtenidos.
La situación en 2015 era preocupante, la problemática del narcotráfico se había profundizado, había aumentado la producción de estupefacientes, la violencia asociada a la comercialización de drogas y la relación entre la política y el narcotráfico era cada vez mayor. Dado esto, era necesario reforzar la posición de las fuerzas, asignar mayor cantidad de efectivos a los principales puntos calientes y federalizar la seguridad.
Un país próspero para el narcotráfico
Hasta 2015, Argentina vivió un periodo de profundización de la problemática, con aumentos en todos los indicadores disponibles, como los que miden producción, comercialización y consumo de distintos estupefacientes, y los delitos asociados a estas actividades, entre otros. Por ejemplo: entre 2000 y 2010, se duplicó el consumo de cocaína y marihuana; Entre 2005 y 2010 se multiplicó por 9 el decomiso de droga y en el año anterior al cambio de gobierno se decomisaron 1.800 cocinas de producción de droga. Según la ONU, hacia fines del gobierno Kirchnerista, Argentina llegó a ser el tercer proveedor mundial de cocaína. La producción argentina comenzó a exportarse a todos los continentes.
Otro reflejo claro de la mala praxis del gobierno anterior en términos de la lucha contra el narcotráfico es la pobre coordinación regional de políticas adoptadas, así como la baja calidad del equipamiento e infraestructura existentes.
Históricamente, en el país, se importaban alrededor de 200 kilos de efedrina por año. Sin embargo, cuando en México se prohibió la importación de este insumo en la producción de drogas, el volumen importado en Argentina llegó a multiplicarse por 100. Esto fue posibilitado, en buena medida, debido a que las fronteras argentinas no eran controladas durante la administración Kirchner. Solamente el 17% de la frontera estaba radarizada, no era vigilada con aviones que la recorriesen, pocos barcos estaban operativos y las Fuerzas Armadas no contaban con el equipamiento necesario para enfrentar este desafío significativo. Las necesidades de inversión que heredo la administración de Cambiemos, entre reparaciones, mejoras en infraestructura fronteriza, incorporación de tecnología y equipos de comunicación, ascendía a 1.500 millones de pesos.
Las Fuerzas Armadas no tenían apoyo económico, pero tampoco logístico o político. Menos del 8% del personal de la Prefectura estaba asignado a la zona de narcotráfico más caliente. La Gendarmería, por su parte, destinaba solo 850 efectivos (menos del 3% de su personal) a controlar los 101 pasos internacionales.
Un Ministerio de Seguridad federal
En 2015, el 90% de los recursos del Ministerio de Seguridad Nacional estaba destinado a la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; situación contraria a la de su mandato original. Se decidió traspasar las comisarias porteñas de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Esto permitió cumplir con una demanda de la Ciudad de Buenos Aires, pero, además, liberó tiempo y recursos del Ministerio de Seguridad que le permitieron a las nuevas autoridades enfocarse en el rol que suelen tener los ministerios de seguridad en el resto del mundo: combatir los delitos complejos y de índole federal, como el narcotráfico. La Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) volvieron a avocarse a las tareas que nunca debieron haber dejado de lado.
Además, se reforzó la posición de los agentes de seguridad, dotándolos de mayor respaldo y herramientas para actuar. Esto posibilitó mejorar la operatividad de las fuerzas federales. También se mejoró la infraestructura y tecnología con la que trabajaban, a partir de la adquisición de equipos, medios de transporte como helicópteros o lanchas y armamento.
La mejora tecnológica fue el pilar de la recuperación por parte del Estado del control de zonas que venían siendo controladas el narcotráfico. Se hicieron cambios legislativos con el objetivo de crear figuras legales que aceleren los procesos judiciales (arrepentido, agente encubierto, agente revelador, informante, entre otros). El nuevo Código Penal (2018), la Ley de Fragrancia (2016) o la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (2017) son también avances que le han permitido al Estado progresar en la lucha contra el narcotráfico.
Para evitar que vuelva a pasar lo sucedido con la efedrina a mediados de los 2000s, se comenzó a controlar el flujo de precursores químicos, lo que ha posibilitado tener control de quién compra este insumo y para qué, evitando de esta forma la creación de cocinas de droga.
Si bien la lucha contra el narcotráfico es esencialmente una tarea del Gobierno Nacional, el rol de las provincias y de las distintas fuerzas federales es clave a la hora de ejecutar los controles necesarios. En el año 2018, los 23 gobiernos provinciales y CABA firmaron el acuerdo Argentina Sin Narcotráfico, el cual impulsa el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad.
En 3 años, se realizaron casi 60.000 procedimientos contra el narcotráfico, se duplicó la cantidad de detenidos en operativos contra el narcotráfico, alcanzando a 57.000 detenidos desde el comienzo del gobierno de Cambiemos (ver figura I). También se incautaron 440.000 kilos de marihuana y en 2018 se alcanzó el récord histórico con 185.000 kilos, 26% por encima de lo que se había incautado en 2015. Algo similar pasó con las incautaciones de cocaína, las cuales fueron récord histórico en 2017, triplicando los niveles de 2015, y en 2018 volvieron a ser elevadas, duplicando el numero de 2015. En tres años se incautaron 26.000 kilos de cocaína.
Figura I: Operativos contra el narcotráfico
Fuente: Ministerio de Seguridad
Conclusión
Estos resultados muestran un avance importante en la lucha contra el narcotráfico, aunque todavía queda mucho por hacer en términos de cómo se incorpora la tecnología al combate contra el narcotráfico. Este negocio, se estima, genera mil millones de dólares al año en el país, por lo que es clave anular su rentabilidad, aumentando sus costos operativos y, así, continuar desincentivando su accionar.
