Artículo publicado originalmente el 27/07 en La Gaceta,
Trascurrida una semana desde el cierre de las listas para las PASO nacionales que se celebrarán el 9 de agosto, se fue diluyendo el efecto sorpresa que generó la decisión de CFK de excluirse de la competencia electoral. En efecto, la cuidadosa ingeniería institucional que tuvo como objetivo minimizar los problemas judiciales que pudieran surgir pasado el 10 de diciembre se perfeccionó con el desplazamiento del Dr. Luis María Cabral como juez subrogante de la Cámara Federal de Casación Penal. No está claro si es posible revertir esta decisión administrativa con algún recurso legal. Seguramente, la movilización del próximo 14/7, si llegara a ser masiva y tener gran repercusión mediática, puede convertirse en un dolor de cabeza para el oficialismo que, por evitar un sinsabor en causas complejas como Hotesur y la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán, pudo haber despertado en plena campaña electoral una vocación participativa en un segmento clave de la sociedad que pareció congelada desde la famosa marcha del 18F, al mes de que fuera encontrado muerto Alberto Nisman, el fiscal especial del caso AMIA.
Más allá de estos inquietantes interrogantes, cuyo desenlace podría entorpecer inesperadamente el ánimo victorioso que predomina en estos días en las filas del oficialismo, lo cierto es que la presidenta debió ceder el protagonismo de los cargos ejecutivos a representantes del peronismo tradicional, mientras que focalizó sus esfuerzos en retener el poder de designar a los principales candidatos a cargos legislativos. Es cierto que, de ganar en octubre, quedarían Carlos Zaninni y Wado de Pedro en la línea de sucesión presidencial. También es cierto que puede lograr una decena de senadores y unos 30 diputados muy leales, que podrían constituir sub bloques con bastante influencia dentro del FPV en las respectivas cámaras. Retendrá también Cristina mucho poder en el poder judicial mediante la procuradora Alejandra Gils Carbó, cuyos atributos aumentaron significativamente a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Esta división del trabajo entre el peronismo y el kirchnerismo puede considerarse un equilibrio demasiado precario que puede derivar en tensiones profundas y algunos conflictos que afectarán sin duda a una eventual administración de Scioli. De alguna manera, esa pelea ya tuvo un round preliminar en la provincia de Mendoza, donde las durísimas sanciones financieras impuestas por la presidenta frente a la pretensión de mera autonomía expresada por el peronismo local contribuyeron de manera determinante al triunfo de la oposición. Asimismo, en la provincia de La Pampa ocurre algo parecido, con el agravante de que está formalmente escindido el FPV del Partido Justicialista, liderado por dos dirigentes tradicionales como Rubén Marín y Carlos Verna. Veremos qué ocurre en esta provincia en las elecciones del próximo 5 de julio, donde la mira de la opinión pública estará seguramente puesta tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Córdoba.
Sería sin embargo un error no otorgarle importancia al desarrollo de ese conflicto latente, que puede convertirse en uno de los elementos centrales que definirá, si se profundiza, el nuevo mapa político argentino. Tanto si gana Scioli, puesto que necesitará muchísimo al peronismo para contener y equilibrar el influencia residual del kirchnerismo, como sobre todo si gana Macri u otro líder opositor, a los efectos de enhebrar acuerdos de gobernabilidad en el Congreso.
Es por eso que toma peculiar dimensión aquella frase de Juan Manuel Urtubey, luego de lograr su segunda reelección en Salta: “No hay espacio para alguien al gobierno y otro al poder”. Se trata no sólo de un líder legitimado por los votos y con una influencia creciente en el interior. También, si Scioli es presidente y, como promete, no busca su reelección en el 2019, Urtubey surge hoy como uno de los principales candidatos a sucederlo. El peronismo es así: todavía no se ha resuelto esta puja por el poder presidencial y ya hay varios pensando en la que viene.
Para marcar la cancha y despejar cualquier duda, Aníbal Fernández aseguró que de llegar Scioli a la presidencia, él sería el jefe de la Nación, pero Cristina retendría el rol de “jefa del movimiento”. Esto no debería generar inconvenientes si se cumpliera aquel tradicional principio de que “primero la Patria, después el Movimiento y finalmente los hombres¨, suponiendo que “Patria” y “Nación” resultaran conceptos equivalentes, aunque no del todo sinónimos. Sin embargo, todo hace suponer que el actual gobernador de Buenos Aires ocuparía para la concepción K justamente el mundano lugar de “los hombres”, otorgándole a CFK un papel claramente superior. Una suerte de jefa del movimiento para “seguir teniendo Patria”.
No es habitual en la historia contemporánea argentina estos casos de “doble comando” o, mejor dicho, que la conducción del poder real esté en manos de alguien que no ostenta el cargo presidencial sin que ello no provoque severos problemas de gobernabilidad. Ocurrió algo de eso con Julio Argentino Roca, que estabilizó en su segunda presidencia (1898-1904) un sistema político que había caído en una severa crisis a poco de finalizar la primera (1882-1888). Menos traumático fue el vínculo, de todas formas conflictivo, entre Hipólito Yrigoyen en épocas de Marcelo T. De Alvear presidente (1922-1928). Y, con muy diferentes características, todos sabemos los desastrosos conflictos que vivió la Argentina cuando Juan Domingo Perón intentaba manejar los hilos de su movimiento, y de la política nacional, desde el exilio madrileño. En verdad, puede decirse que Raúl Alfonsín siguió siendo la figura predominante de la UCR y un líder con enorme influencia más allá de 1989, pero con cuotas más acotadas de poder dado que su partido estuvo casi todo el tiempo en la oposición, excepto el breve y catastrófico período de la Alianza (donde ciertamente estallaron los conflictos entre el ala que apoyaba a De la Rúa y el alfonsinismo).
Cristina pretende congelar su relativa buena imagen actual y continuar influyendo mediante sus leales en el Congreso, la justicia y el aparato estatal. Podría apuntar a desempeñar un rol en el plano regional. Por ejemplo, la Secretaría General de la Unasur, cargo que su marido alcanzó en 2008 y que le permitió obtener cierta visibilidad a nivel Latinoamérica y una agenda algo más alejada del día a día nacional. Esta semana surgió la versión de que podría aspirar a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que requeriría, obviamente, un acuerdo con un sector importante de las fuerzas de oposición. ¿Estarían dispuestas a brindar ese apoyo? Implicaría algo así como una suerte de indulto consensuado, algo que parece inverosímil en el contexto actual, pero que podría adquirir algún viso de realidad si se comprueba que no se debieron a causas de fuerza mayor las ausencias de los dos representantes radicales que debían haber participado en la reunión del Consejo de la Magistratura que removió al Juez Cabral. Estas dudas remiten a otras versiones que quedaron olvidadas en el contexto del acoso a otro juez, en este caso el Dr. Carlos Fayt. ¿No había, acaso, antes de que explotara la ira oficialista, un acuerdo bi partidario para incorporar a dos ex notables integrantes del tribunal federal que tuvo a su cargo el juicio a las Juntas militares?
Esta pretensión de proyectar hacia el futuro el escenario actual está basada, sin embargo, en una hipótesis bastante optimista respecto de la posibilidad por parte de Cristina y sus acólitos de desembarazarse de los inevitables costos que la próxima administración habrá de asumir como consecuencia del sinceramiento de la economía. En efecto, no será en absoluto sencillo salir del cepo y corregir el atraso cambiario, arreglar con los holdouts, reducir el déficit fiscal en el marco de un programa anti inflacionario integral y consistente (incluyendo la reducción de los subsidios a la energía y el transporte). Y quienquiera que gane las elecciones, tendrá un incentivo muy grande para responsabilizar al actual gobierno de propiciar semejante desorden monetario y fiscal. Un clásico: la pesada herencia recibida.
CFK no debería sentirse demasiado satisfecha del sofisticado mecanismo institucional diseñado para minimizar la independencia de la justicia y la autonomía de los principales magistrados: ellos suponen que su poder e influencia seguirán intactos a pesar del paso del tiempo. A la vez, debería estar preocupada ya no por el final de su gobierno, sino por la suerte del que asumirá el 10 de diciembre. Carlos Salinas de Gortari también supuso que endosarle a su sucesor los costos de una crisis inevitable, fruto de los desatinos macroeconómicos de su administración, lo preservaría del duro degaste que pudo haber sufrido por hacer a tiempo las correcciones. Pero prefirió eludir sus responsabilidades con la excusa de asegurar el triunfo electoral. Todo terminó en el colapso del Tequila. Y con la oposición en el gobierno, una vez que Ernesto Zedillo sacara a México de la postración y se asegurara que, por una vez, no habría fraude en el recuento de votos.
