¿Devolver intereses o competir en serio?

La Tercera – Reportajes. 25 de Febrero, 2012.

«Cumplí, devuelvan los intereses», se llama la campaña que lanzó recientemente la Fundación Progresa, que preside Marco Enríquez-Ominami (MEO) motivado por las altas tasas que pagan los jóvenes y pobres cuando se endeudan. Casi dos mil firmas ha recolectado la iniciativa. Una motivación loable, pero una propuesta mal pensada. Si hoy los pobres y jóvenes pagan tasas más altas cuando se endeudan, con la propuesta de MEO se terminará por completo el acceso al crédito para estos sectores.

DEVUELVAN LOS INTERESES

Lo que preocupa a MEO es que «los bancos y casas comerciales no abusen de los más jóvenes y de los más pobres, a quienes castigan con tasas de interés más altas […] lo que acrecienta la desigualdad en nuestro país».

Lo que piden es que «si las personas cumplen puntualmente sus compromisos, con el pago de la última cuota se les devuelva la sobretasa por riesgo, porque no podemos terminar castigando a las personas por ser jóvenes y/o pobres y además cumplidores». Es decir, si un joven de bajos ingresos obtuvo un crédito a una tasa del 20\% cuando sectores de más edad e ingresos altos se endeudaban al 5%, entonces, si el joven pobre cumple sus compromisos el banco le devuelve la diferencia del 15%.

MALA IDEA

El motivo porque «Cumplí, devuelvan los intereses» es una mala idea es que, en general, las primas de los mercados de
seguros reflejan los riesgos asociados a cada asegurado antes de que se sepa si estos riesgos se materializarán o no. Lo
que efectivamente sucede con un asegurado específico es irrelevante. La tasa más alta que los bancos cobran a sectores
jóvenes y pobres reflejan, al menos en parte, que los créditos son más costosos para estos segmentos. Por varios motivos, en particular, porque las garantías que pueden dar estos clientes para respaldar sus créditos son menores.

Si a todos los deudores de un grupo de alto riesgo que cumplen sus obligaciones se les devuelve la sobretasa que se les cobró comparado con grupos menos riesgosos, no habrá recursos para compensar los créditos impagos y no habrá bancos o casas comerciales interesadas en prestarles.

Los párrafos anteriores describen la idea central de mi crítica, una explicación detallada viene a continuación.

CASAS DE MADERA Y CASAS DE CONCRETO

Partamos con un ejemplo sencillo. Miles de propietarios aseguran sus casas contra incendios, cada casa vale 2.000 UF,
el uno por ciento de las casas se incendia cada año y el riesgo de incendio es el mismo para todas las casas. También suponemos que las compañías de seguros obtienen un retorno de 10 por ciento por el capital que deben destinar a compensar a los propietarios cuyas casas se queman y que este es su único costo, es decir, ignoramos los costos en que incurren administrando los seguros.

Hasta el momento hemos hecho varias simplificaciones, ninguna de las cuales importa para el tema que estamos abordando. Por contraste, lo que viene a continuación es importante. Supondremos que la pérdida que conllevan todos los siniestros es total, es decir, cada incendio le cuesta 2.000 UF a las aseguradoras. Podría ser, por ejemplo, que todas las casas son de madera, de modo que los incendios son prácticamente imposibles de detener.

Estamos listos para calcular el costo anual de los seguros contra incendios. Por cada propietario siniestrado habrá 99
propietarios que no significarán costo alguno para los aseguradores. Luego, las compañías repartirán las 2.200 UF
que deben cancelar por cada vivienda siniestrada entre 100 asegurados (uno con casa incendiada y 99 sin siniestro). En
consecuencia, el precio del seguro será de 22 UF anuales.

Consideremos ahora un segundo grupo de propietarios, idénticos al grupo anterior, excepto que sus casas son de concreto, de modo que cuando se queman, la pérdida es sólo parcial: en lugar de tener que compensarlos por el valor completo de su propiedad, la compensación alcanza sólo a la mitad de dicho valor. Es decir, el costo de cada incendio es de 1.000 en lugar de 2.000 UF. La misma lógica anterior nos lleva a concluir que estos propietarios pagarán 11 UF anuales para asegurar sus casas.

LA PROPUESTA

Durante años, los propietarios de casas de madera pagan 22 UF anuales por el seguro contra incendios, mientras que
los propietarios de casas de concreto pagan 11 UF. Hasta que aparece un político bien intencionado, que denuncia
esta diferencia y propone que a los dueños de casas de madera no siniestradas se les devuelva la diferencia
entre ambos seguros.

¿Qué sucederá? En el mercado de los seguros para casas de concreto no cambia nada. El precio seguirá siendo de 11 UF y las compañías de seguros continuarán recibiendo un retorno del 10% sobre el capital que destinan a pagar por siniestros.

Para las casas de madera, en cambio, las cosas cambian. Si las compañías de seguros mantienen el precio de 22 UF
por prima, sólo uno de cada 100 asegurados -el asegurado con una vivienda siniestrada- efectivamente pagará dicha
prima. Los 99 asegurados restantes exigirán la devolución de la sobretasa que pagaron y terminarán pagando sólo 11 UF. La compañía de seguros recaudará 1.111 UF por cada 100 asegurados, cubriendo poco más de la mitad de la
compensación que pagará a este grupo. En lugar de obtener una rentabilidad del 10%, las compañías de seguros tendrán pérdidas por más del 40% de su capital, por lo cual saldrán del negocio y los propietarios de casas de madera se quedan sin seguro.

¿Qué sucede si las compañías aumentan el precio del seguro que cobran a los dueños de casas de madera? Para obtener una rentabilidad del 10%, deberán cobrar un seguro de 1.111 UF, que al final sólo será cancelado por los propietarios con viviendas siniestradas. Sin embargo, como no sabemos de antemano quién será dicho propietario, todos los dueños de casas de madera deberán pagar esta altísima prima, lo cual también hará inviable un mercado de seguros para casas de madera.

Por donde se mire, entonces, exigir que los dueños de casas de madera no siniestradas paguen la misma prima que los dueños de casas de concreto tendrá un efecto que no estaba en los planes del político que hizo la propuesta. En lugar de mejorar las cosas, la propuesta elimina por completo los mercados de seguros para el grupo que buscaba favorecer.

Son muchas las simplificaciones en el argumento anterior que no son esenciales. Que todas las viviendas valen lo mismo, que las compañías aseguradoras tienen rentabilidades del 10%, que no hay costos de administrar los seguros, etc. El tema clave es que hay dos grupos de asegurados, fácilmente identificables, uno de los cuales es más costoso que el otro.

DE INCENDIOS A CREDITO IMPAGOS

Pasemos de los incendios a los créditos del sector financiero. Es más probable que deudores de bajos ingresos y jóvenes o paguen un crédito, porque tienen menos acceso a recursos para cumplir sus compromisos si surgen imprevistos. Los bancos y casas comerciales lo saben y les cobrarán tasas más altas. Si se les obliga a devolver la prima por riesgo, sucederá lo mismo que con los seguros para casas de madera:  la propuesta de Fundación Progresa reducirá notablemente el acceso al crédito de los grupos que busca favorecer, pudiendo llegar a eliminar el acceso a crédito para estos grupos por completo.

¿QUE HACER?

Son varios los segmentos de los mercados financieros donde probablemente falta competencia. El ejemplo más reciente
lo denunció Javier Etcheberry, ex director del Servicio de Impuestos Internos y ex Ministro de Obras Públicas, hace pocos días en La Tercera. El hecho que los bancos sean dueños de Transbank ha imposibilitado que emerjan redes de pago alternativas, encareciendo los costos de empresas pequeñas y limitando las opciones de los consumidores para realizar sus pagos.

Existe la posibilidad de que los bancos y casas comerciales estén cobrando un premio por riesgo excesivo a los sectores
más jóvenes y de menores ingresos. Para determinar si es así, se requiere un ente regulador del sector financiero, dedicado a velar por la competencia en este sector y con poder para recabar información de las instituciones que
regula. Dicho ente no existe en la actualidad, por el contrario, históricamente, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha sido demasiado cercana al sector que debe regular.

Es probable que tener un sector financiero más competitivo beneficie especialmente a los sectores de menores ingresos y a las pequeñas empresas, hay alguna indicación de que es en estos sectores donde la competencia es menos intensa. Tener un ente independiente que promueva la competencia en el sector financiero es un paso importante para lograr este objetivo. La propuesta de MEO y sus seguidores, en cambio, apunta en la dirección equivocada.