El apagón en el Sistema Interconectado Central que dejó a casi 10 millones de personas sin electricidad por casi dos horas es la culminación de una seguidilla de fallas de los sistemas de transmisión del SIC en los últimos dos años. Estos problemas no son fortuitos, eran previsibles dada las serias deficiencias en la regulación de la transmisión eléctrica en Chile. La regulación de Transmisión Eléctrica fue modificada por ley a mediados de la década pasada, generando un marco jurídico que en buena medida plasmó el interés de un tipo de desarrollo de generación eléctrica, que tenía defensores corporativos claramente identificables.
El sistema resultante no sigue las mejores prácticas internacionales y atrofia el rol del Estado a niveles que no tienen parangón en el concierto internacional. El rol del Estado quedó disminuido y la influencia de las generadoras hipertrofiada. En la primera fijación tarifaria de transmisión, luego de aprobada la ley, quedó en evidencia la influencia desmedida de algunas generadoras que se las arreglaron para limitar la inversión en transmisión a un mínimo, para tener mayor espacio para el margen de generación, comprometiendo la seguridad del sistema y limitando la entrada de nuevos actores con oferta más lejana. El problema está tanto en la ley como en su implementación. Respecto a lo primero, la definición de troncal y el sistema de tarificación generan incentivos para que las generadoras establecidas traten de influir en limitar al mínimo el desarrollo de la capacidad de transmisión. Ahora estamos pagando las consecuencias. La regulación de la transmisión eléctrica debe velar por varios objetivos: dar señales de localización que incorporen los costos de transporte de energía a los centros de consumo, reducir la inversión en capacidad de respaldo; reducir la vulnerabilidad y aumentar la seguridad del sistema, facilitar el desarrollo de recursos renovables lejos de los centros de consumo y muy importante promover la competencia y reducir las barreras de entrada. La regulación existente, se enfoca en minimizar los costos de transporte de energía y no valora adecuadamente los otros objetivos y en particular el aumento de competencia.
La población que reprueba la acción de los partidos políticos intuye correctamente que están preocupados de temas de poder estrecho más que de estos asuntos fundamentales en que nuestro sistema político ha fallado recurrentemente.
La implementación de la regulación ha considerado en forma insuficiente la seguridad y mantendrá por los próximos siete años un sistema muy estrecho, con elevadas barreras de entrada y problemas de seguridad. El criterio de seguridad de n-1 no se aplica en todos los componentes claves del sistema de transmisión troncal. Llegó el momento de modificar la regulación de la transmisión eléctrica, acercándola a las mejores prácticas internacionales y recuperar el rol de planificación que le corresponde al Estado. Esto es obvio en todos los países de la OCDE, menos en Chile. La extrema ideologización neoliberal, la captura regulatoria, la vinculación entre negocios y política siguen siendo factores que nos pasarán la cuenta por muchos años en diversos ámbitos. Mientras no hagamos reformas que aumenten la competencia y transparencia en la actividad política, seguiremos legislando para intereses corporativos en diversas áreas. La solución requiere una mayor sofisticación y capacidad regulatoria del Estado y un rol más activo de éste de promoción de la competencia. La población que reprueba la acción de los partidos políticos intuye correctamente que están preocupados de temas de poder estrecho más que de estos asuntos fundamentales en que nuestro sistema político ha fallado recurrentemente.
