En días pasados la Corte Constitucional de Colombia declaró como inconstitucionales las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia que prohíben el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (SPA) en el espacio público. En un comunicado oficial, la Corte aclaró que si bien los fines que busca la norma (garantizar la tranquilidad, las relaciones respetuosas y la integridad del espacio público) son “imperiosos” y son responsabilidad del Estado, estos no se pueden alcanzar con una medida en donde la definición de espacio público sea tan general y tan amplia que sea irrazonable. La Corte presenta en el comunicado dos argumentos principales: primero, que la norma no es idónea para alcanzar el objetivo de proteger el espacio público y que no se muestran claramente los elementos de juicio para “establecer una relación clara de causalidad entre el consumo de las bebidas y las sustancias psicoactivas, en general, y la destrucción o irrespeto a la integridad del espacio público”. Segundo, que existen otros mecanismos actualmente (como regulaciones a nivel local o reglamentos internos) que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos planteados. Un ejemplo de ello es la prohibición existente de vender y consumir alcohol o drogas en las instituciones educativas o sus alrededores.
El anuncio del fallo de la Corte desató una tormenta en donde salieron tanto defensores como detractores de la medida. En un extremo, quienes defienden la medida argumentan que la normatividad actual es prohibicionista, moralista y restringe la libertad individual. Por otro lado, quienes se oponen a levantar la restricción argumentan, entre otras razones, que permitir el consumo en espacio público pone en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Antes de sacar conclusiones apresuradas, me atrevo a decir que ambas partes tienen razón y que tal vez la medida o solución idónea se encuentra en un punto intermedio entre la prohibición total en el espacio público definido de manera general y ciertas restricciones que no pongan en riesgo el desarrollo de otras personas, particularmente los niños, niñas y adolescentes.
¿Qué dice la evidencia sobre el efecto de la prohibición en la violencia y la integridad del espacio público?
La evidencia científica frente al impacto de este tipo de medidas es muy limitada. Pennay & Room (2012) revisaron 16 evaluaciones de intervenciones relacionadas con la prohibición general al consumo (street drinking bans) que se han dado en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Los autores encontraron que si bien este tipo de medidas mejoran la percepción de seguridad y de calidad del entorno por parte de residentes y comerciantes, no hay evidencia suficiente para concluir que las prohibiciones generales reduzcan la violencia o daños relacionados con el consumo de alcohol. Esto tiene sentido: una prohibición general de no tomar bebidas alcohólicas o consumir SPA en el espacio público no tiene efecto alguno en el consumo en otros espacios. El consumo en exceso, sea en espacio público o privado puede conllevar a comportamientos no deseables como la agresión, y por lo tanto prohibir el consumo en un espacio particular no necesariamente garantizará que el consumo problemático no se dé. Por ejemplo, si una tienda o bar tiene una terraza en su predio (propiedad privada) que colinda con la calle (espacio público), se puede dar el mismo nivel de consumo de alcohol, con las mismas consecuencias. La diferencia es que en un caso se da en un establecimiento privado (seguramente a un precio mayor) y en otro no.
Frente a esta tenue diferencia que se puede presentar entre el espacio público y privado, los autores resaltan el “timing” de la prohibición de consumo en la calle en Australia. Esta prohibición se extendió de manera generalizada en centros urbanos en Australia en los últimos 15 años, lo cual también coincide con el crecimiento de licencias a restaurantes, hoteles y bares para instalar mesas afuera y vender alcohol. Esto claramente es una contradicción. Como argumentan los autores, se da un tratamiento diferencial que pasa además por diferencias en clases sociales: quienes pueden pagar por tomar en una terraza del restaurante (considerado consumo legal) y quienes no pueden hacerlo en parte por razones económicas y toman en la acera de enfrente (de manera ilegal).
Pennay & Room (2012) reportan al menos dos consecuencias negativas con este tipo de medidas. Primero, y relacionado con el punto anterior, afecta de manera negativa a los grupos más vulnerables, como por ejemplo la población habitante de calle, que son quienes no tienen un lugar privado en donde consumir ni los recursos suficientes para acceder a un establecimiento para consumir. Segundo, este tipo de prohibiciones generales pueden resultar en el desplazamiento del problema de consumo problemático de un lugar a otro (a otra ciudad o a lugares menos seguros para quienes están consumiendo).
Cabe resaltar que los 16 estudios revisados por Pennay & Room (2012), como ellos mismos lo reconocen, presentan en su mayoría limitaciones metodológicas, lo que muestra la necesidad de realizar investigaciones rigurosas que puedan medir la relación causal entre prohibición en consumo en espacio público y agresión, violencia o daño al espacio público, y puedan informar el diseño de políticas públicas efectivas. Por ahora, lo poco que se sabe sugiere que no hay una correlación entre la prohibición general y cambios en los niveles de la agresión, la tranquilidad o daños causados por alcohol. En ese sentido, quienes apoyan el fallo de la corte, tienen razón: la prohibición amplia en cualquier espacio público, es tal vez desmedida como herramienta para garantizar la tranquilidad e integralidad del espacio público.
¿La medida puede poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes?
Una de las preocupaciones frente al fallo de la Corte es vulnerar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un ambiente sano (de ahí que por ejemplo el Procurador General de la Nación haya solicitado una aclaración en este sentido). Detrás de esta preocupación está el supuesto que exponer a los niños, niñas y adolescentes a espacios donde se consumen sustancias psicoactivas causa que ellos mismos consuman. Si esto es así, no es un resultado deseable ya que el consumo de alcohol y drogas en la adolescencia tiene consecuencias negativas no solamente en riesgos de accidentalidad, sino además en el desarrollo cognitivo (Luciana & Feldstein, 2015; Squegli et al., 2014). Nuevamente, es importante mirar qué sabemos a partir de la evidencia científica. Una revisión sistemática publicada en Social Science & Medicine (Jackson et al., 2014) resume los resultados de 23 estudios que analizaron la relación entre factores a nivel de barrio y el consumo de alcohol de los adolescentes. Lo que encuentran los autores es que la mayoría de los estudios no encuentran ninguna relación entre los atributos físicos de los barrios (como el nivel de orden o limpieza) y el consumo de alcohol en adolescentes. Sin embargo, encuentran que niveles altos de consumo de alcohol a nivel de la comunidad está asociado con un mayor riesgo de consumo de alcohol entre los adolescentes. Esto sugiere que altos niveles de consumo en diferentes lugares del barrio (el parque, la plaza, los andenes) pueden tener un efecto no deseable en el consumo de alcohol de los adolescentes.
En cuanto al consumo de drogas, es aún menos lo que se sabe en la literatura frente al impacto de prohibir o no su consumo en espacios públicos. En un estudio sobre trayectorias en adolescentes en Colombia que realizamos con Darío Maldonado, Amy Ritterbusch, Arena Simaqueba, Lucas Marín y Jorge Cuartas, encontramos de manera cualitativa que la presencia de consumo de drogas en los parques es un factor que impide el desarrollo de otras actividades de los adolescentes no consumidores, como hacer deporte, jugar o socializar con los amigos. En las entrevistas que realizamos a los mismos jóvenes nos relataron cómo los lugares que solían frecuentar como el parque o la cancha del barrio, al ser invadidos por jíbaros, simplemente les causaban miedo y no regresaban a esos espacios ni continuaban realizando ciertas actividades.
Ante la duda de poderle causar daño a los niños, niñas y adolescentes, quienes definitivamente se verán afectados negativamente si consumen bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, pues ni su cuerpo ni su cerebro han terminado de desarrollarse, lo razonable es prohibir el consumo y venta de estas sustancias no solo en los colegios y sus alrededores (como ya se hace) sino en lugares que son frecuentados por menores de edad como los parques. Como lo explicó Rodrigo Uprimy en El Espectador, esto se puede hacer fácilmente, sin necesidad de hacer “ataques alucinantes”. Simplemente las autoridades locales pueden reglamentar la prohibición en los espacios donde sea necesario para la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Ahora bien, todos sabemos que prohibir no es suficiente para prevenir comportamientos no saludables. Así que deben hacerse esfuerzos adicionales (o diferentes) a la prohibición para garantizar que los individuos (particularmente los niños, niñas y adolescentes) tomen decisiones que no afecten negativamente su desarrollo.
Otros espacios donde urgen acciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes
Existen otros espacios en donde está prohibido la venta y consumo de alcohol y drogas en niños y adolescentes, y aún así se da: el colegio y las redes sociales. Si el objetivo principal es prevenir el consumo de bebidas y sustancias psicoactivas en niños y adolescentes, deberíamos concentrar los esfuerzos en otros espacios donde sabemos que la venta y consumo se está dando en niveles muy altos, y donde aparentemente la prevención no está funcionado.
En un estudio reciente que realizamos con Darío Maldonado, Andrés Molano y Carolina Blanco, levantamos información en una muestra representativa de colegios públicos y privados de Bogotá sobre comportamientos de riesgo y de protección en estudiantes de grados 9º, 10º y 11º. Encontramos que 20% de los estudiantes de grados 9º a 11º han consumido marihuana en el último mes, 39% cigarrillo y 83% alcohol. En el estudio nos interesaba conocer en qué medida este consumo se da en espacios escolares. Le preguntamos a los docentes, y los resultados son alarmantes: alrededor del colegio y en los baños es donde más consumen los estudiantes en la jornada escolar. Cerca de 1 de cada 5 docentes (18%) reportaron consumo de alcohol por parte de los estudiantes alrededor del colegio y 13% en los baños (ver Figura 1). En cuanto a drogas, cerca de una tercera parte de los docentes (31.8%) reportaron haber visto o haberse enterado de consumo de drogas en los baños del colegio y 27% alrededor del colegio (Figura 2).
Figura 1. Porcentaje de profesores que han visto o se han enterado de consumo de alcohol en distintos espacios escolares
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| Fuente: Encuesta Microcontextos Escolares, Universidad de los Andes. (Maldonado et al., 2019)
La figura muestra la proporción de docentes que ha visto o se ha enterado de consumo de drogas en cada uno de los espacios. |
Figura 2. Porcentaje de profesores que han visto o se han enterado de consumo de drogas en distintos espacios escolares
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| Fuente: Encuesta Microcontextos Escolares, Universidad de los Andes (Maldonado et al., 2019)
La figura muestra la proporción de docentes que ha visto o se ha enterado de consumo de drogas en cada uno de los espacios. |
Estos niveles de consumo se presentan a pesar de tener una ley que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en los colegios y sus alrededores (artículos 34 a 39 del Código Nacional de Policía y Convivencia). Esto claramente muestra que la prohibición no es suficiente para garantizar que no se presente consumo entre los menores de edad.
Otro espacio en donde están expuestos los adolescentes a la venta y uso potencial de drogas son las redes sociales. Un estudio recientemente publicado en International Journal of Drug Policy muestra que las redes sociales como Snapchat, Whatsapp e Instagram se están convirtiendo cada vez más en una opción efectiva para conectar a compradores y vendedores de diferentes partes del mundo (Moylea et al.,2019). En Colombia, sabemos por evidencia anecdótica, que las redes sociales también son utilizadas para este fin. Esto le suma complejidad al tipo de intervenciones que se diseñen para prevenir el consumo de SPA en adolescentes.
El colegio y las redes sociales son espacios en donde los amigos comparten la mayor parte del tiempo, particularmente en la adolescencia. Esto puede ser un riesgo y a la vez una oportunidad. Un riesgo porque estar expuesto a pares que consumen alcohol o drogas aumenta la probabilidad de consumir estas sustancias (Guo et al., 2015; Lundborg, P. 2006). Pero también una oportunidad, porque al intervenir de manera colectiva, los efectos de pares pueden transformarse en efectos positivos de autocuidado.
Un primer paso sin duda es trabajar en el desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoeficacia y la autorregulación, en donde las familias y los colegios pueden (y deben) hacer mucho, como lo mostró Darío Maldonado en este blog. En el caso Colombiano, un gran aliado para ofrecerle herramientas concretas a los adultos para la prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en los niños adolescentes es Red PaPaz, que a partir de la evidencia, ofrece información y herramientas concretas como el “Kit Ángel Protector”. Bienvenida esta y otras iniciativas para ir más allá del debate de la prohibición, y ayudemos a los niños, niñas y adolescentes a tomar buenas decisiones que les permitan desarrollarse plenamente y ejercer su libertad cuando lleguen a la adultez.
Referencias
Guo, G., Li, Y., Owen, C., Wangb, H., & Duncan, G. (2015). A natural experiment of peer influences on youth alcohol use. Social Science Research, 52, 193–207. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.01.002
Lundborg, P. (2006). Having the wrong friends? Peer effects in adolescent substance use. Journal of Health Economics, 25, 214–233. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2005.02.001
Jackson, N., Denny, S., & Ameratunga, S. (2014). Social and socio-demographic neighborhood effects on adolescent alcohol use: A systematic review of multi-level studies. Social Science & Medicine, 115, 10-20. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.06.004
Luciana, M., & Feldstein, S. W. (2015). Introduction to the special issue: Substance use and the adolescentbrain: Developmental impacts, interventions, and longitudinaloutcomes. Developmental Cognitive Neuroscience, 16, 1-4. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.dcn.2015.10.005
Maldonado, D., Molano, A., García, S., Blanco, C., Cuellar, W. (2019). Espacios No Reclamados en la escuela: incidencia y prevalencia de riesgos para el desarrollo
Moylea, L., Childs, A., Coomber, R., & Barratte, M. (2019). #Drugsforsale: An exploration of the use of social media and encrypted messaging apps to supply and access drugs. International Journal of Drug Policy, 63, 101–110. doi:https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.08.005
Pennay, A., & Room, R. (2012). Prohibiting public drinking in urban public spaces: A review of the evidence. Drugs: education, prevention and policy, 19(2), 91-101. doi: http://dx.doi.org/10.3109/09687637.2011.640719
Squeglia, L., Jacobus, J., & Tapert, S. (2014). The effect of alcohol use on human adolescent brain structures and systems. Handbook of Clinical Neurology, Alcohol and the Nervous System, 125, Ch. 28.
