Sobre el Consenso Fiscal

El Consenso Fiscal alcanzado en diciembre de 2017 eliminó las llamadas “aduanas interiores” que se habían creado desde el fracaso del Pacto Fiscal de 1993 mediante el tratamiento diferencial de contribuyentes por ubicación geográfica, principalmente en el impuesto a los ingresos brutos. Estas “aduanas interiores” eran una distorsión económica importante que empantanaban el comercio entre las provincias.

El Consenso además logró un acuerdo para ir transformando el impuesto a los ingresos brutos (IIBB) en un impuesto a las ventas finales. Son bien conocidos los problemas que genera este impuesto en cascada: multiplica la carga tributaria, fomenta la integración vertical, distorsiona la elección de factores de la producción y perjudica a las exportaciones. Hasta el Consenso Fiscal, este impuesto recaía sobremanera en bienes intermedios y/o transables. Sin embargo, la eventual exención de buena parte de la producción intermedia promovida por el Consenso habría causado una pérdida de recaudación superior a la aceptable para las provincias, en el orden de 1,5% del PIB (a ser financiado a través de los ahorros fiscales generados por la Ley de Responsabilidad Fiscal). Ello llevó a un esquema de reducción gradual de las alícuotas. Para avanzar en esta dirección se acordó un cronograma de tasas máximas por sector de forma tal que baje la presión tributaria, con mayor énfasis en sectores donde se acentúa el efecto nocivo de este impuesto –producción primaria, industria, construcción y transporte–, permitiendo que el impuesto se oriente hacia la imposición de consumos finales internos. La Tabla 1 muestra los topes fijados sobre las alícuotas impositivas. Se ve claramente que las alícuotas irán bajando en todos los sectores año tras año.

Tabla 1 – Topes de alícuotas de Ingresos Brutos fijados por el Consenso Fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda, Secretaría de Política Económica.

Cabe destacar que este cronograma de reducción en IIBB representa un verdadero consenso. Una propuesta alternativa al mismo proponía la creación de un “IVA mochila” y hubiese empujado la alícuota total de ese impuesto a alrededor de 28% para alcanzar una reducción de la presión tributaria en IIBB similar a la buscada mediante el Consenso Fiscal.

Al igual que antes de la vigencia del Consenso, las provincias conservan la facultad de incrementar su presión tributaria, aunque autolimitada esta vez por los topes convenidos. Este también es un avance importante. El Ejecutivo solo podía negociar tasas máximas a cierto nivel de agregación. De otra forma, la gran heterogeneidad de la carga por sector, sumada a la eliminación de la extraña jurisdicción, habría causado un impacto muy desigual entre provincias, y fijar los topes de alícuotas con mayor detalle hubiera invadido las potestades tributarias provinciales. El valor de las alícuotas sobre las ventas finales que surja es propio de cada provincia. Si bien algunas alícuotas podían subir como resultado del consenso alcanzado, este de ninguna manera implica que las provincias deban subir sus tasas impositivas a los topes establecidos en los casos en que estuviesen por debajo de los mismos.

No solo se han eliminado las “aduanas interiores” y ha comenzado a pivotearse hacia una estructura más eficiente del impuesto a los ingresos brutos (con bajas en las actividades primarias, industria, construcción), sino que los datos de recaudación de este tributo muestran que la presión tributaria global del impuesto comenzó a reducirse desde la firma del Consenso Fiscal. Con bases imponibles similares, la recaudación del IVA e ingresos brutos deberían evolucionar de forma semejante en ausencia de cambios en las normas. Los datos del primer trimestre de este año muestran que mientras el IVA crece rápidamente, la recaudación de ingresos brutos prácticamente no ha crecido en lo que va de 2018 (y por tanto la recaudación de ingreso brutos en relación al Producto Bruto Interno está comenzando a bajar).

Fuente: Ministerio de Hacienda, Secretaría de Política Económica.

Adicionalmente, a medida que se expanda la oferta relativa de los bienes desgravados, las bajas impositivas se trasladaran a los precios relativos, reduciendo los costos de producción de toda la economía.

El Consenso Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal plantean un programa de trabajo conjunto entre Nación-Provincias para los próximos cinco años. El éxito del mismo depende de su vigilancia permanente tanto por las partes signatarias como por la sociedad civil. Debemos trabajar todos juntos en pos de su cumplimiento. Su aprobación fue solo el punto de partida para mejorar la tributación provincial en Argentina.

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Nota del editor:

Artículo publicado en La Nación el 16 de mayo de 2018.

Sebastian Galiani es Secretario de Política Económica, Ministerio de Hacienda.