Publicado originalmente en J.C. De Pablo (1986): La economía que yo hice, Volumen II. Ediciones El Cronista Comercial.
A mediados de 1975, usted se hizo cargo de la conducción económica, porque estando en el poder López Rega y siendo un hombre de López Rega…
El ingeniero Rodrigo no es un hombre de ninguna otra persona, y se le conoce públicamente en el país desde 1944. En ese año se creó el Banco de Crédito Industrial Argentino y soy funcionario fundador hasta 1955, atendiendo las fundamentales funciones del banco. Al mismo tiempo ejercí en la Secretaría Técnica funciones de nivel superior detrás de su titular, el doctor Figuerola, con el cual realizamos el Primer Plan Quincenal. Como representante del banco, junto con su presidente, el señor Herbin, se formalizó un fluido y mensual diálogo con Fabricaciones Militares, representada por su presidente y director general, el general Savio, y un funcionario con grado de coronel acompañándolo. En la Facultad de Ingeniería dicté la cátedra de Geografía y Fuentes de Riqueza Nacional durante 1953/55. Todas estas realidades públicas son plenamente conocidas, pese a que mantengo un silencio austero en la práctica de mis funciones profesionales.
Y ahora corresponde dar a conocer mi relación con el señor López Rega. Lo conocí en 1969, como secretario privado del general Perón, en mi viaje a España y concerté audiencia con el general por mi condición de funcionario peronista desde 1944 a 1955. En el gobierno constitucional de 1973, López Rega fue designado ministro de Bienestar Social y me invitó a ocupar la Secretaría de Seguridad Social. Acepté prestando colaboración al movimiento peronista, nunca para “recibir órdenes”, sino que respondí en esa función trabajando intensamente para el bien del país.
De manera que no admito la condición de “persona atada” porque a esta altura de mi vida tuve suficiente independencia respecto de lo sucedido en el pasado. Desde 1944 he participado sustancialmente con la obra de gobierno de Perón, desde 1944 hasta 1955 y desde el 25 de mayo de 1973 hasta su fallecimiento, el 1º de julio de 1974. Por la opinión que le acabo de verter, puedo recalcar específicamente mi condición de leal colaborador de Perón. En todo caso afirmo mi admiración por tan gran hombre nacional y me reconozco hombre de su obra.
Aclarando el punto, vamos al comienzo normal de este tipo de conversaciones, pero particularmente importante en el caso suyo, tratándose de un típico caso “destapa ollas”. ¿Cómo estaba la Argentina desde el punto de vista político, económico y social a mediados de 1975, es decir, en el momento que usted se hizo cargo del Ministerio?
La atmósfera imperante era tremendamente negativa. La muerte del general Perón creó un vacío y se desordenó el país, tanto en lo político como en lo económico social. En lo político se producen desinteligencias entre ministros, se debilita la autoridad presidencial en la conducción ordenada de la administración nacional, y sobre todo crecen en forma desmedida las ambiciones de los que se creen nuevos titulares del movimiento peronista, cuando un jefe de la dimensión excepcional como la del general Perón, desaparece físicamente. Los principales hombres del sindicalismo por un lado, y los siempre atentos observadores del poder no consolidado representados por los militares por el otro, se disputaban la supremacía para lograr futura y preponderante acción en el gobierno del país.
En el plano económico, la situación se desmejoró por la enfermedad cardiaca del señor Gelbard y cuando fue reemplazado por el doctor Gómez Morales, el 17 de octubre de 1974, los síntomas de la economía tenían ya características de seria y negativa valorización. Recuerdo que conversando privadamente con Gómez Morales, antes de formalizar su titularidad ministerial, le solicité la necesidad de inventariar la administración que recibía, cuando ya la “olla” como usted dice tenía agua bastante caliente. Era para mí una necesidad exigida por la opinión pública y un factor reclamado para un cambio imprescindible para la conducción económica. Porque siempre el que debe destapar la “olla” recibe varias críticas.
Los parámetros económicos recibidos por Gómez Morales llevan implícitos una crisis que la austeridad e idoneidad de dicho ministro intenta revertir. Pero llega tarde, ya este intento requería ser iniciado en enero de 1974, fecha que, postergada hasta octubre, incide en el plan previsto por Gómez Morales, pero, además, dificultado en su formalización por desinteligencias con López Rega.
En junio de 1975 una decisión a nivel presidencial incide sobre la programación económica. Al fijar las elecciones presidenciales para octubre de 1976, adelantando la previa decidida en 1977, la solución de la coyuntura económica se acorta en el tiempo, porque en ese año de elecciones es de difícil materialización la austeridad y las medidas de saneamiento requeridas para solucionar coyunturas económicas en crisis.
¿Usted está aludiendo a 1985?
No deseo hacer relaciones con la actualidad, pero sí le aclaro que tengo opinión bien formada al respecto. La diferencia entre la situación económica de 1975 y la actual es sideral: en aquel entonces se trataba de reencauzar para un mejor desarrollo progresivo de la economía, solucionando ciertas fallas de una coyuntura; mientras que en la actualidad han desbordado todas las variables económicas con base de inestabilidad para una crisis abismal.
Me permito continuar con su pregunta anterior, porque quedaría trunca la atmósfera imperante a mediados de 1975 si no se descubre la participación social en ella, en especial la referida al sindicalismo. Por ejemplo, las diferencias entre sus representantes, como en el caso de Lorenzo Miguel y José Rodríguez. Recuerdo que este último había obtenido de los fabricantes de automotores un 1 % del valor de cada unidad productiva para SMATA y su obra social, que implicaba un monto superior a u$s 10 millones/año, lo cual colocaba a los dirigentes de este sindicato, con 50.000 afiliados, en nivel superior a los 250.000 metalúrgicos que lideraba Miguel. La homologación del acuerdo correspondía al Instituto Nacional de Obras Sociales y debí ser el responsable para decidir entre la acción opuesta, y rigurosa, de Miguel, y la deseada, en favor, de Rodríguez.
Amén de las rivalidades entre dirigentes era fácilmente observable la acción sobre la bases de los instigadores a la subversión, que intentaban desestabilizar dirigentes sindicales la tradicional dirección en los gremios; la iniciación simultáneas de las convenciones paritarias para todos los sindicatos por la finalización de los 2 años de pacto económico-social, que las difirió por igual lapso; y en especial la participación creciente y obsesiva por alcanzar designaciones en las nominaciones para las elecciones generales de 1976, para acrecentar poder en las decisiones nacionales.
Como usted observará la atmósfera era harto conflictiva, tanto en lo político, como en lo económico-social.
Hay un punto de la “herencia” que usted recibe que vale la pena aclarar, porque es importante para lo que sigue; y al respecto escuché versiones contradictorias. En el segundo de sus discursos, usted dijo: “Yo creía que el 38 % de pauta salarial estaba vigente”; es decir, que usted asumió pensando que estaba arreglado entre los sindicatos y el Gobierno. Tal aumento fue revisado a la luz de sus primeras medidas. ¿Cuál es su versión sobre este punto?
Permítame diferir la contestación de su pregunta para cuando establezca el diagnóstico de la situación económica. Sin embargo puedo anticipar, en relación con el tema, lo convenido con la señora presidenta y Gómez Morales durante el tiempo establecido entre el ofrecimiento y la asunción del ministerio. El 19 de mayo de 1975, al ofrecérseme la titularidad de Economía, requerí una entrevista conjunta con Gómez Morales, y en esa reunión se fijo el 2 de junio como fecha para el respectivo juramento. Durante ese intervalo debían cerrarse las convenciones paritarias en pleno funcionamiento, con el 31 de mayo como plazo firme y definitivo para las mismas (porque se cumplían ese día 2 años del Pacto Social, que las había congelado por igual tiempo).
El 38 % representaba la inflación esperada en un 24 %, más 14 % de mejora en el salario real. El salario conformado era modalidad inédita para establecer la base a partir de la cual los aumentos porcentuales actuaban, aunque no estaban aceptados por la conducción económica. Pero esto no pudo ser cumplido y yo debí asumir el compromiso pactado del 2 de junio para jurar y ser el nuevo titular del Ministerio de Economía.
Me permitiré en el diagnóstico realizar la revisación de la forma en que se encontraban los trabajadores después de dos años de gobierno peronista.
Vamos entonces directamente al diagnóstico.
Un diagnóstico exacto exige idoneidad en el tema e información fidedigna. En mi caso, los antecedentes de mis estudios y la experiencia realizada en temas económicos, me formaron profesionalmente; los 2 años a cargo de la Secretaría de Seguridad Social merecieron elogios generales, tanto por el saneamiento financiero del sistema, como por la recreación filosófica para todas las instituciones que integraban el organigrama de esa secretaría. En especial, el Programa de Seguridad Social con plena vigencia actual lo confirma. Mi actuación fue plenamente compartida con los dirigentes sindicales. De esta manera completo mi formación económico-social.
La información la acumulé durante 2 años como miembro permanente del gabinete económico-social, presidido por el titular de Economía, en reuniones semanales, con la presencia de 23 titulares, entre secretarios de Estado y presidentes de bancos oficiales, que cubrían todas las áreas en lo económico-social. Agréguese el operativo argentino-libio que presidí en noviembre de 1974, acompañado de un selecto elenco de civiles y militares. En esa oportunidad, se realizó la exhibición de material militar de las 3 armas y se llevaron planes bien estudiados para negociar ventas en total superiores a los u$s 1.000 millones. El peso sobrevaluado no sólo impedía cerrar negociaciones, sino que los libios se suponían estafados por la nación que más requerían para la transformación económico-social de su país después de su revolución de 1969. El caso del cañón 105 presentado por el Ejército Argentino respondía a tecnología superior a la ofrecida por otros países vendedores, pero su precio en dólares alcanzaba a diferencias del 50 %. Difícil es brindar explicaciones a dirigentes de una revolución con 4 años de edad, por lo cual aprendí a experimentar, en dolorosa prueba, la negativa repercusión en el mercado exportador argentino, por una paridad cambiaria negadora de intercambio comercial.
Mis anteriores palabras, creo, me confieren capacidad para realizar el diagnóstico real y veraz de la situación económico-social a mediados de 1975. Revisemos algunos parámetros que inciden en la ecuación económica. Comencemos por la paridad cambiaria: mientras el dólar oficial se cotizaba a $10 (Ley), el paralelo llegó a alcanzar los $30. Por esta condición, el contrabando encontró fuerte estímulo, y una cosecha de soja salió por la frontera sin paso previo por aduana alguna; y no solamente sirve este ejemplo, porque se llegaron a realizar operaciones ilícitas con cualquier elemento comercial producido en el país con mercado en el exterior. Cuando a través de todas las fronteras con países limítrofes $ 1 del lado argentino se revalorizaba hasta $3 del lado opuesto, la imaginación comercial es excitada y no responde a factores éticos que respeten leyes vigentes en el país. Las consecuencias fueron las siguientes: creció la corrupción por el incremento de una economía paralela, que no tributa fiscalmente acrecentando el déficit, y favorece la desinversión en el país por el no regreso de las divisas por los valores comercializados. El turismo fue la otra alternativa para completar un gasto excesivo, para desnivelar más el balance de divisas general para el país.
Un segundo parámetro en el diagnóstico es el de la inversión requerida para una nación con desarrollo económico sostenido. Un gasto recalentado en el consumo de bienes se había verificado, con lo cual el ahorro sufrió las consecuencias. Era necesario revertir esta situación. Más cuando la inversión extranjera se vio restringida al máximo por las reglamentaciones vigentes desde mayo de 1973. Necesidad impuesta entonces de un cambio del gasto recalentado o la inversión productiva, pública y privada, estimulando el ahorro con tasas reales positivas. Con la inflación reprimida en una “Argentina inflación cero” desde 1973, las tasas privadas producían pérdidas reales anuales, que llegaron hasta un 50 %, y los beneficiarios de esta anormalidad fueron los empresarios tomadores de crédito. Ejemplo típico fue la reglamentación formalizada de atender las mayores erogaciones salariales con créditos al 13% anual, con 6 meses de gracia y amortizaciones bimestrales hasta 1977, en empresas con dotación de más de 100 obreros (reglamentación bancaria de junio de 1973).
La “Argentina inflación cero” fue una realidad en los primeros meses del gobierno constitucional, avalado por el Pacto Social, pero internamente los precios se disfrazaron, es decir, productos ofrecidos con falta de elementos (ejemplo: los automotores) o con visible disminución de la calidad, fueron las consecuencias para evadir controles oficiales y acrecentar la inflación reprimida, supuesta en 60% anual para 1973 (las estadísticas oficiales informan de una inflación del 202% entre mayo de 1973 y mayo de 1975). Y en el exterior, la suba de petróleo, acrecentando su valor de u$s 4 a 16 el barril, fue el detonante de una inflación generalizada para los países occidentales.
Un tercer parámetro es la escasez de divisas de libre disponibilidad, ocurrida desde 1974 en adelante. Las reservas en el Banco Central disminuyen sensiblemente, y en junio de 1975 el informe de esa institución reconocía reservas de libre disponibilidad para 7 días de normal importación.
La escasez de insumos de origen exterior amenazaba con provocar suspensiones transitorias en las plantas productoras, con la secuela de pérdida de horas y días para el personal obrero. La deuda externa alcanzó al 31/12/74 la suma de u$s 8.079 millones (pública u$s 4.669 millones y privada u$s 3.409 millones). Sus intereses anuales fueron de u$s 467 millones, resultando un promedio del 5,8% en relación a la deuda, muy diferente del 11% atribuido a la deuda actual. La deuda externa de 1975 (16% de la actual) equivalía a 2,7 veces el monto de las exportaciones correspondientes a ese año (u$s 2.961 millones). Los intereses pagados representaban el 16% respecto de las exportaciones del mismo año. Estos guarismos, permiten sin ningún comentario, observar las diferencias siderales de los valores analizados considerados con los de la actualidad.
Un cuarto parámetro es el déficit fiscal. El nivel del déficit alcanzaba el 14,37% del PBI. Gómez Morales encaró su solución por varios caminos. Uno de ellos fue intentar frenar la inversión pública en viviendas iniciadas en mayo de 1973, con fuerte estímulo desde el Ministerio de Bienestar Social. Medida acertada, pero no compartida por López Rega y por supuesto la decisión se demoró y no la pudo aplicar mi antecesor. Una política sumamente austera para cualquier gasto público se programó, pero no se formalizó. En cuanto a las tarifas de las empresas oficiales, se demoraron 4 meses para actualizarlas a partir del aumento salarial dispuesto en diciembre de 1974. Y en la dimensión del aumento tenía influencia el factor político. Este exigía moderar las imprescindibles necesidades de restablecer tarifas para sus servicios, permitiendo atender el funcionamiento productivo sin nueva inversión.
Un quinto parámetro es la desocupación registrada y la situación general del asalariado. El índice de desocupación llegó al mínimo de 2,3% en mayo de 1975, cifra que debe considerarse como de pleno empleo. El índice de inasistencia laboral alcanzaba a un promedio del 20% y era preocupación general obtener su reducción, por la pérdida de producción que este índice negativo lleva implícito. El número de obreros en relación de dependencia tiene relevancia al día de hoy, por no haber sido superado actualmente, y el personal que realiza trabajos propios, tenía un índice muy inferior al que se registra actualmente (las estadísticas muy bien recopiladas por la Secretaría de Seguridad Social documentan estas afirmaciones).
La restitución de la pérdida de valor real del salario, atendida por el Gobierno durante los 2 años de examen; la participación en el PBI por los asalariados, superior al 48%, cifra no igualada hasta el presente (que sólo se intenta alcanzarlo en el plan de Sourrouille para 1989); la capacidad operativas de las obras sociales, con planes de atención de la salud y la recreación brindaban beneficios propios de una justicia social, y las unidades de vivienda adjudicadas a los sindicatos, posibilitaron la obtención de vivienda familiar para un número de sus afiliados; por último, el medio aguinaldo asignado para su cobro el 30 de junio era un elemento adicional para paliar transitorias dificultades.
Todas estas razones permiten definir la situación de los obreros con reservas acumuladas para cualquier contracción momentánea de la remuneración de su labor diaria, y fueron para mí bien analizadas para resolver la programación del plan económico.
Si el sindicalismo, a través de sus principales dirigentes, no hubiera privilegiado el aspecto político por sobre la realidad económica se hubiera obtenido una plataforma para lanzar al país a una sostenida y creciente economía, que es la indispensable fuente para permitir la redistribución del ingreso en función de la justicia social.
Sin agotar todos los factores distorsionantes de la economía creo que el diagnóstico es fácilmente reconocido para relacionarlo con las medidas de un plan previsto para corregir las distorsiones que aquel detectó.
Quizá convenga unas pocas palabras finales para considerar los controles establecidos para revisar políticas de comercialización de toda la producción nacional. Es fácil programar formularios para requerir pormenorizada información, pero siempre se torna pesada burocracia que lentifica el desenvolvimiento económico y es difícil su análisis para determinar conformidad a precios en constante devolución.
Pasemos ahora al plano de las medidas.
El plan establecido encaraba globalmente las disposiciones para desterrar las distorsiones de los parámetros económicos, revelados en el prolijo diagnóstico realizado, y eran simultáneas en su aplicación.
El anticipo de la fecha fijada definitivamente para las elecciones nacionales de 1977 a octubre de 1976 acortó el tiempo para formalizar todas las medidas en el plan y obtener visibles resultados para un crecimiento sostenido de la economía argentina.
El tiempo de 45 días a cargo de la titularidad del ministerio y los acontecimientos acaecidos políticamente, que bloquearon la implementación de esenciales medidas, permiten visualizar la plasmación realizada del plan por un equipo homogéneo de funcionarios capaces.
La paridad cambiaria se estableció en un nivel con 160% de aumento. Esta medida no gradualista permitió: a) acrecentar divisas de libre disponibilidad por el costo a las importaciones y el aumento de las exportaciones en el mercado internacional; y b) sincerar los precios del mercado interno, eliminando controles ineficaces y posibilitando inversiones tanto nacionales como internacionales. Así, la inflación reprimida quedó suprimida y se ganaba una cuota importante para desterrar corrupción y desinversión por la economía paralela establecida.
La segunda medida fue tratar de reducir sustancialmente el déficit de las tarifas de los servicios públicos, que para el total de las empresas totalizaba una suma superior a los $31.000 millones. Se eliminó el precio político que las mismas sostenían, sincerando el valor costo de esas prestaciones. De esta forma se disminuía el déficit a $6.000 millones. Y sosteniendo la filosofía doctrinaria peronista, para el consumo familiar se aseguraron tarifas diferenciales, fáciles de atender con los aumentos salariales dispuestos.
En cuanto al precio de las naftas, que no tiene incidencia valorativa en la producción de bienes económicos, se lo aumentó para recoger una tributación fiscal fácil y rápida, que permitiera reducir el déficit fiscal existente. Siempre tuve conciencia de que este aumento sustancial en las naftas, muy superior al de otros combustibles que inciden en el costo de los productos (gas oil, fuel oil, querosén, gas) podía ser disminuido en sus consecuencias con un menor consumo de aquéllas por menor utilización de los automotores. El precio permitía atender la cuadruplicación del valor de petróleo importado y quizá disminuir la cantidad anual importada de los mismos por un menor consumo.
El agro, industria madre de toda economía, recibió precios altamente remunerativos fijados para la cosecha gruesa. Ejemplo: el trigo recibió un precio sostén con un 33% de aumento, y se le reconoció la indexación desde el 2 de junio hasta la venta del mismo. Los dirigentes de todas las organizaciones empresarias del agro recibieron la medida con la responsabilidad de establecer una cosecha récord. Recuerdo a uno de estos dirigentes que me dijo: “No tenga cuidado por la magnitud de la cosecha, porque vamos a sembrar hasta en nuestros domicilios particulares”. En enero de 1976 se cumplía lo prometido y las exportaciones alcanzaron tales guarismos como para invertir, en el primer trimestre de ese año, el déficit del balance comercial, crónicamente establecido en los trimestres anteriores.
Los precios de la producción industrial se sinceraron, despojando de falsos disfraces para los bienes y disminuyendo controles burocráticos e ineficaces, salvo para 28 artículos incluidos en la canasta familiar que requerían transitoriamente ser revisados en la evolución de sus precios.
Merece especial consideración el proyecto redactado para crear por decreto un Instituto de Defensa del Consumidor y otro de Lealtad Comercial, rápidamente diseñado por mi colaborador, el ingeniero Basilio Uribe, con quien discutí la esencial necesidad de contar cuanto antes con estas instituciones todavía faltantes dentro de nuestra economía. Se les proyectó para educar e informar con publicidad la modalidad que el consumidor debía realizar, para provecho del mismo y asegurar la calidad y la verdad de lo publicitado para el producto, tanto en su fabricación como en los insumos utilizados.
Respecto a las medidas financieras, se hizo positiva la tasa de interés pasiva que recoge el ahorrista y se dispuso la indexación de los préstamos para la inversión, concedidos a mediano y largo plazo, para los empresarios de dimensión económica que integraban la gran empresa.
En cambio, pocos lo han reparado, los pequeños y medianos empresarios tenían créditos hasta un año para amortizarlos en moneda corriente, es decir, sin indexación. De esta forma se estimuló el ahorro, se estimuló reducir transitoriamente el consumo de bienes y se restableció una corriente de inversión interna.
El acta de la industria automotriz merece, dentro del plan programado, un examen más detallado. Se la utilizó por estar radicada en el país desde 1948, cuando el gobierno peronista conviene la instalación de industrias Kaiser Argentina. Mediante 3 memorándum elaborados con la participación del señor Ravelli, en ese entonces presidente de las empresas Fiat en París-Francia, se pudo concertar: 1º) diferir por dos años y medio los insumos importados por las terminales y vencidos los términos concedidos para su pago, lo cual representaba u$s 250 millones, y el 2º) acordar igual plazo de pagos para las nuevas e imprescindibles importaciones requeridas para sus planes de producción, hasta alcanzar u$s 250 millones nuevos. Por este acuerdo, que se concretó en acta firmada en el Salón Blanco de la Presidencia de la Nación en presencia de la señora de Perón y la totalidad de sus ministros, se logró mantener la actividad de esta rama que nuclea, como la integración comercial, a 240.000 personas. La no interrupción de los insumos permitió mantener una producción superior a las 220.000 unidades anuales.
Además, la publicidad internacional extendió un “shock” de confianza para declarar a nuestro país altamente favorable para encauzar nuevas inversiones extranjeras permitidas y canalizadas por la actividad gubernamental. Los dirigentes de las casas matrices de Francia, Alemania, Italia y EE.UU. fueron voceros para reconocer al nuevo clima económico y favorecieron su más rápida difusión. Acoto, como mera mención, que el representante de la Fiat no había obtenido conformidad del Banco Central de Italia al día anterior fijado para la firma del acta. Sin embargo, se comprometieron a respetar totalmente lo pactado en el acta. Sólo sugirieron no realizar el acto público en la Presidencia de la Nación. Por creer indispensable ese marco decidí demorar la firma, pero no pactar en otras condiciones que no fueran las que impuse desde el primer encuentro con los representantes de todas las fábricas productoras.
El segundo memorándum de formalización, más prolongado en el tiempo, establecía una unidad productiva por país. Así, Citroën, Renault y Peugeot debían fusionar las sociedades; Fiat era única para Italia; lo mismo que Mercedes-Benz para Alemania. Para EE.UU. la simplificación fue operada por el retiro voluntario de la Dodge, quien orientaba su futuro en el país a la actividad industrial requerida por las fuerzas armadas, sin desinvertir un sólo dólar y la General Motors, porque tenía ya decidido el voluntario desmantelamiento de sus unidades productoras. La importancia de este memo era alcanzar escala en la producción y abaratar costos en la unidad fabricada.
Por último, el tercer memo, establecía realizar estudios para aumentar sustancialmente la producción con destino a la exportación mediante acuerdos con las casas matrices. Se pensaba en importar insumos a precio internacional, reducir cargas fiscales para la unidad exportada y agregar el valor de la mano de obra y materiales argentinos.
El acta firmada tuvo explícita formalización para el primer memo; en cambio los otros 2 fueron intenciones que no pudieron materializarse ni aun establecerse programas definidos para su realización.
Fue notable la repercusión internacional que el acta provocó y permitió atraer dirigentes de la banca internacional que, con su presencia física en el país, ofrecían créditos en condiciones mucho más favorable que cuando el tomador del préstamo debe visitarlos en sus países. Me permitiré, más adelante, documentar esta situación.
Corresponde tratar el programa inicial de inversiones para desarrollar el crecimiento económico. El argumento de las tarifas para los servicios permitía la inversión demorada que exigen las empresas proveedoras de los mismos. Además, en el caso particular de Segba, permitió la formalización de los requisitos requeridos para utilizar un crédito ya concedido por u$s 111 millones. La misión que encabecé a Libia en noviembre de 1974 alcanzó acuerdos, dejando negocios bien proyectados, tanto civiles como militares. La venta de material militar de la Armada, que incluía un submarino y cohetería por un lado, y las ventas de producción realizadas por el Ejército y el programa de asesoramiento y mantenimiento de aviones militares, con posibles acuerdos para incluir aviones producidos por Aeronáutica, representaban valores superiores a los u$s 500 millones. Los acuerdos con empresas privadas alcanzaban a un complejo industrial que incluía frigoríficos, alimentos balanceados, producción de harinas y su utilización como insumo para pastas en sus diferentes modalidades. Requería asimismo una importación de la Argentina de 120 vacunos/día para el frigorífico proyectado. El valor asignado a este complejo alcanzaba a los u$s 175 millones. El complejo lechero incluía la venta de 50.000 vacas lecheras y la instalación de tambos modelos (el primer envío de vacas lecheras se produjo en junio de 1975).
La necesidad de los libios, con gran superávit de dólares por los ingresos petroleros y su infraestructura económica muy incipiente, permitía negociar valores muy importantes. El Banco Argentino-Libio, con u$s 200 millones de aporte libio como capital accionario, era una nueva fuente de seguras inversiones y colocación de productos de toda índole a exportar con pago al contado asegurado. Un decreto creó la Unidad Operativa Argentina Libia para dar realización sin obstáculos a tan ambicioso plan, y la titularidad de ese organismo estaba a mi cargo, con fundadas esperanzas de mi parte de ser el formalizador de los acuerdos.
El asesor del gobierno japonés, señor Nagano, en visita oficial al país, negoció un paquete de acciones que incluía la electrificación del Ferrocarril Roca, el suministro de 1 millón de toneladas de coque, la cantidad máxima de sorgo disponible y la compra de un ingenio azucarero. Se le solicitó, un crédito de libre disponibilidad por u$s 150 millones. Con un preacuerdo regresó a Japón y, cumpliendo su palabra, su representante bancario en Buenos Aires traía favorables noticias, las cuales no pude tener directamente el 8 de julio en el ministerio por la huelga decretada por la CGT con presencia de obreros en la Plaza de Mayo.
En el orden interno, le confío que acepté la invitación de los directores principales de empresas que conforman el Consejo Empresario y luego de ampliarse la programación global establecida les solicité su total apoyo. Este grupo siempre se caracterizó por tener relaciones muy débiles con los gobiernos peronistas, pero en aquella noche se integraron a las necesidades de la Nación, a través de un funcionario del gobierno peronista, asumiendo el compromiso de realizar demoradas inversiones en sus empresas por valor de u$s 264 millones, las que sólo requirieron para ser formalizadas las normas claras y estables del programa económico.
Hasta el día en que presenté mi renuncia trabajé intensamente para dinamizar inversiones. Así, el 17 de julio se firmó en la Dirección General de Fabricaciones Militares el acuerdo que resolvió las diferencias en las participaciones accionarias de las distintas empresas componentes del Complejo Petroquímico de Bahía Blanca.
Súmese a este listado de nuevas inversiones los naturales requerimientos que el país reclama, por exigencia tecnológica o ampliación del parque industrial, y se completa un panorama optimista. El plan económico, en este aspecto debe adjudicarse la renovada dinámica para ganar tiempo, en la aceleración y formalización de dichas inversiones. En cambio, siguiendo el informe preparado por un antecesor, impuse una disminución transitoria del ritmo de la inversión pública de viviendas, a cargo del Ministerio de Bienestar Social. Esta decisión permitió reducir el déficit fiscal por menores egresos, pero sin afectar la inversión privada para el mismo fin.
Resumiendo, tengo la más completa seguridad de que el plan proyectado no hubiera generado recesión y sí provocado una real y efectiva reactivación general de la economía como sostén inicial para un crecimiento permanente de la misma.
Su plan visualizaba también inversiones en minería.
Mi experiencia en la minería se avala por haber sido designado para ejercer la titularidad de la primera Gerencia de Minería creada en el Banco Industrial (hoy Banco de Desarrollo) y, a través de ella, estimular los descubrimientos de los minerales metalíferos (ejemplo: el apoyo integral, financiero y técnico, concedido al señor Novillo, permitiendo el reconocimiento de los mantos de hierro en la Patagonia, que hoy explota Sierras Grandes a cargo de Fabricaciones Militares; las agencias de rescate de minerales en el país; dirigir la planta experimental de beneficio y análisis para toda muestra de mineral metalífero, etcétera).
Conozco con suficiente idoneidad los problemas mineros y creo que los mismos son de fundamental importancia para el desarrollo de nuestra economía, asentando poblaciones humanas con fuertes inversiones de capital y tecnología en lugares de escasísimo desarrollo dentro de la geografía de nuestro país.
Si hubiera tenido el tiempo suficiente este tema lo habría encarado con una intensidad relevante, tratando de materializar la explotación y beneficio de 60.000 t/año de cobre metálico, licitada el 10 de abril de 1972 por Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, en un área de 344 Km. cuadrados correspondientes a Farallón Negro y Bajo de la Alumbrera – Catamarca-, adjudicada a Cities Service S.A. y no formalizada desde aquella fecha. Las inversiones requeridas alcanzaban a u$s 650 millones para los primeros 5 años.
Dentro de la minería se debe incluir a los combustibles – petróleo, carbón y gas – que requieren su más intensiva explotación, por vía pública o especialmente privada. Esta última avalada por la experiencia inicial del contacto de la California en el gobierno de Perón en 1954 y la de Frondizi en 1958 con los contratos que abastecieron las necesidades del país y que son ampliamente conocidas.
La designación del ingeniero Florencio Casale en la Secretaría de Minería, con la profesionalidad especializada que se le conoce y su condición de empresario con dimensión económica en la misma, llevaba implícita una confirmación de lo anteriormente expuesto.
Volvamos al análisis de las medidas.
La recomposición de las reservas tuvo una espectacular solución. El acta de la industria automotriz llevaba implícito un crédito por u$s 500 millones y el “shock de confianza” provocó una inusual presencia de banqueros internacionales en el país para ofrecer créditos. Así, el Banco City, por la representación de su vicepresidente ejecutivo, ofreció un crédito de u$s 250 millones, en representación de un sindicato de entidades bancarias iniciándolo el banco promotor con u$s 75 millones.
El representante del gobierno japonés confirmaba, a través del Banco de Tokio, los u$s 150 millones solicitados por mí y no formalizados por las huelgas obreras del 7 y 8 de julio. Libia ya en noviembre de 1974 concedió al país, a través de la misión que presidí, un crédito de u$s 200 millones a cuenta de entrega de cereales y forrajes a partir de los 18 meses posteriores. El interés pactado fue del 3% anual. Los primeros u$s 50 millones se formalizaron antes del 2 de junio de 1975. La creación del Banco Argentino Libio, inversor y comercial, proveía de 200 millones de dólares nuevos para el capital accionario libio. El FMI reconocía a los países miembro –entre los cuales se encuentra la Argentina- 2 créditos otorgados con la sola presentación de la solicitud, sin ningún requerimiento controlador de la economía, es decir, no están sujetos a un “stand by” previamente conformado. Los créditos tenían su fundamento en: a) por el brusco ascenso del petróleo; y b) por la pérdida de exportaciones, a países con desequilibrio en su balanza comercial por el punto a); y totalizaban u$s 360 millones.
Todos estos valores representaban u$s 1.680 millones. Agréguese el ahorro en divisas por el valor asignado al turismo, estimado en u$s 500 millones y podrá tenerse documentada la opinión que vertí sobre la espectacularidad de la solución para la recomposición de las reservas internacionales. Y esta solución se alcanzaba en 45 días desde el 2 de junio de 1975.
El déficit fiscal se combatió por la rápida y fácil recaudación del impuesto a los combustibles, en especial los provenientes de las naftas; los menores requerimientos de las empresas estatales por el aumento sustancial de las tarifas para los servicios suministrados; la menor inversión pública al disminuir en especial la correspondiente a la vivienda; el ahorro por las austeridades dispuestas, y la mejor recaudación general de la tributación fiscal, al frenar e incorporar franjas de la economía paralela.
Con el doctor Prada, secretario de Hacienda, proyectamos una reforma al sistema vigente, para ser elevado al Congreso Nacional. Merecía nuestra especial atención eliminar los impuestos de cuarta categoría, por grabar el trabajo personal. Respecto del IVA por creer que se paga mejor una tasa pequeña que una mucho mayor, se establecía el “pase” por valor agregado entre entes económicos del 2,4%. Se instaba así, por conveniencia empresaria, a buscar el incentivo de disminuir los “pases” tratando de eliminar falsos intermediarios. También, preocupados por la importancia de la evasión en el pago de los impuestos, razonábamos sobre un posible “blanqueo” y así poder nuevamente aumentar la economía que tributa y obtener los fondos que en alguna medida representara recoger los evadidos. Los diarios de la época comentaron estos cambios, pero toda reforma fiscal, requiere la intervención del Poder Legislativo y dado el corto tiempo que permanecí en función ministerial, este proyecto no alcanzó a perfeccionarse y tener posibilidad de ser ingresado al Congreso para su discusión y legalización (al no requerir previa aprobación por el Congreso Nacional, aprovechamos al máximo la posibilidad de aumentar las naftas en especial, para obtener casi el 50% del valor de las mismas para la Tesorería de la Nación).
En su descripción de medidas, todavía no hablamos de la relación de todo esto con los salarios, de tanta importancia e incidencia en los precios y en la inflación.
No se apure. Dejo la contestación de este aspecto fundamental porque se registraron situaciones que requieren ser explicadas para recorrer las diferentes soluciones encaradas y formalizadas.
Durante los 2 años que ejercí la titularidad de la Secretaría de Seguridad Social mantuve una relación muy positiva con los miembros del secretario de la CGT. Dos de sus integrantes me acompañan en una Comisión Socio-Económica y semanalmente realizábamos conversaciones. Además, la integración de los directorios de las Cajas de Asignaciones Familiares y del Instituto Nacional de Obras Sociales, organismos bajo mi control, me permitía ampliar generosamente la relación con el sindicalismo argentino. Dicho sea de paso, la obra realizaba en dicha secretaría mereció elogiosos comentarios por parte de los dirigentes sindicales y empresarios. Es decir, tenía fundadas esperanzas de ser igualmente acompañado en las nuevas funciones a desempeñar.
Las convenciones paritarias estaban conformando acuerdos que debían ser firmes antes del 31 de mayo de 1975 (recuérdese el Pacto Social del 25 de mayo de 1973, había suspendido por 2 años la realización de las paritarias). La reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se efectuaba en Ginebra los primeros días de junio, y por ello los principales dirigentes obreros y empresarios, de la CGT y CGE respectivamente, permanecían en Ginebra para participar de este evento internacional.
Las medidas del plan económico, puestas en vigencia la primera semana de junio, provocaron el diferimiento del cierre de las paritarias, demoradas por la incertidumbre económica relacionada con los nuevos administradores de la misma. Frente a los primeros síntomas de la reacción obrera la señora presidenta, por intermedio de nuestro embajador para los organismos internacionales, con sede en Ginebra, requirió el regreso con urgencia del ministro de Trabajo, señor Otero, e invitaba a los principales dirigentes obreros y empresarios –CGT y CGE- en igual sentido, para formalizar urgentes conversaciones que permitieran eliminar obstáculos para la formalización del plan económico.
El compás de espera en las tratativas con la CGT no impidió que el 6 de junio la Presidenta, en discurso irradiado por radio y TV, anunciara el aumento del 65% para el salario mínimo (de $ Ley 2.000 a $ Ley 3.300) y que con sus definidas palabras confirmara su respaldo a la programación económica en marcha.
Con el regreso del señor Otero, y el diferimiento de la vuelta por varios días de los dirigentes obreros y empresarios, se acentuó un clima de controversia, requiriendo la situación una solución urgente.
La primera solución fijó en un 45% el aumento máximo de los salarios, pero el incremento se relacionaba a un salario conformado, receptor de los aumentos superiores a los reglados por el gobierno durante los 2 años de vigencia del Pacto Social y los beneficios indirectos. De esta manera el aumento llegaba del 70 al 90 % del salario real asignado por el Pacto. Firmaron así los gremios de la construcción, metalúrgicos y textiles. Los empleados públicos por el 45% pero en relación al salario nominal. Las medidas de fuerza, amparadas y respaldadas por la CGT, permitieron paros en los transportes y docentes, culminando en una concentración de 10 a 14 horas en Plaza de Mayo, dispuesta por la CGT.
El Ministerio de Economía creyó conveniente fijar definitiva solución al problema de los salarios. Esperanzado en que un período de 6 meses más, luego de 2 años sin paritarias, era medida adecuada a la situación económica, proyectó y el PEN sancionó el decreto 1783. Por este decreto se dispone un aumento del 80% para el semestre restante del año, con un 50% a partir del 1º de junio, 15% desde el 1º de octubre y otro igual el 1º de diciembre, sobre los salarios nominales.
La medida, desafiada por la central obrera, requirió la formal respuesta de la señora de Perón al confirmar el decreto y, en discurso público, documentar el aval total que concede a la formalización del Plan de Gobierno. Y su decisión se confirma al exigir a todos los miembros del PEN la firma de un Acta Reservada, redactada por el Ministro del Interior, doctor Benítez, el secretario Técnico de la Presidencia, doctor González y yo. Por esta Acta, firmada por todos los ministros, se establecieron 4 únicos puntos: 1º) no homologar el Ministerio de Trabajo aumentos salariales superiores al 45%; 2º) no declarar, por el término de 18 meses, nuevos ambientes insalubres; 3º) exigir la sustentación de los problemas laborales entre las partes, a través de la acción judicial; y 4º) no negociar el pago de haberes en huelgas declaradas ilegales. Para preservar el futuro en la aplicación de esta Acta, todo ministro que integrara el gabinete nacional por renuncia de su antecesor debía, previo a su juramento, firmar el Acta. De esta forma, al renunciar el señor Otero, por la suspensión de las paritarias, debió firmar el señor Conditti, su sucesor, antes de prestar juramento como ministro.
De la simple lectura del Acta Reservada se infiere que no preocupaba sólo el aumento salarial, sino que se le requería al Ministerio de Trabajo una colaboración expresa, para no disminuir transitoriamente el horario diario, por declarar el ambiente insalubre, ni permitir el pago de salarios en huelgas ilegales. El punto 3º tenía relación con la definición de los pleitos laborales en la puerta de los juzgados y no en los estrados judiciales.
La decisión presidencial, públicamente formalizada, no permitió terminar con la solución del aumento salarial. En decisión compartida con todo su gabinete, dispuso que el señor Lastiri, en representación del Gobierno, entablara conversación con los máximos dirigentes obreros, señalándosele la necesidad de respaldar el plan económico como requisito indispensable para ordenar políticamente el país en 1976.
Después de varios días y frente a la huelga dispuesta el 7 y 8 de julio, se formalizó con este representante un acuerdo disponiendo la apertura de las paritarias sin fijar aumento máximo a los salarios. Así, los aumentos alcanzaron promedios del 180%, y ésta es la razón fundamental que generó un índice de inflación para junio del 42%, totalizando el trimestre hasta septiembre uno del 102%.
Doctor de Pablo; como especializado en temas económicos, lo invito a usted a estimar el índice de inflación que debía corresponder al plan económico con la aplicación del decreto Nº 1783 (50% de aumento) y seguramente llegará a la correcta conclusión del esperado 18% de inflación mensual de junio, previsto en la programación proyectada.
Por esta incidencia de los salarios en los precios algunos autores, estudiosos de la historia económica del país, calificaron de “sindicalizaso” lo sucedido, sustituyendo la sustantibización de mi apellido.
Tengo plena conciencia del reemplazo de lo económico por factores políticos, distorsionados para aprovechar cosechar poder y decidir nominaciones en las elecciones previstas para 1976 y así les fue.
¿Los militares, conocían el diagnóstico y las medidas implícitas en el plan económico?
Los señores comandantes en jefes de las 3 armas tenían pleno conocimiento de la situación general del país, en especial en relación con la economía, en junio de 1975. Se les invitó a un almuerzo en el Ministerio de Economía, el 27de junio, con la sola presencia de los ministros de Defensa Nacional, el escribano Garrido y yo y los señores teniente general Numa Laplane, brigadier Fautario y el vicealmirante Lambruschini, en representación de su jefe, el almirante Massera, por las Fuerzas Armadas.
Durante el transcurso del almuerzo fueron examinados los acontecimientos políticos y económicos de plena actualidad y la necesidad de un respaldo por todos los sectores, incluidos muy especialmente las Fuerzas Armadas, para formalizar el reordenamiento de la coyuntura económica.
Allí exprese que no sería yo quien prendara o vendiera el oro depositado en el Banco Central, por no haber sido protagonista en el ahorro del mismo, frente a la dimensión de la crisis que debía encararse. Estas palabras aseguraban el real deterioro alcanzado por la coyuntura económica, así como también la necesidad de contar con el mayor respaldo al Gobierno para materializar las medidas que el plan económico exigía.
Usted fue interpelado por la Cámara de Diputados en una sesión agitada que no tuvo terminación. ¿Qué tiene para aportar al respecto?
Todo ministro, en especial el de Economía, requiere el franco y decidido respaldo de su Presidente de la Nación; puedo asegurar yo que conté con él, después del examen profundo del diagnóstico y las medidas para superar las dificultades económicas vigentes al 31 de mayo de 1975, que el PEN realizó. La señora Presidenta mantuvo una extensa conversación con los diputados del FREJULI, con mayoría absoluta del peronismo, y en esa reunión se decidió el respaldo que mi programa tendría en la interpelación solicitada por la Cámara. Así, me lo comunico la Presidenta, adelantándome su opinión de la conveniencia de ir al Parlamento para mejor comprensión de la dimensión económica del plan.
El 5 de julio los integrantes del gabinete económico brindamos a los señores diputados amplia información del diagnóstico y la necesidad de ordenar las alteradas variables de la economía argentina, provocadas tanto por factores internos, como los de origen internacional. Pero la Cámara fue más un ambiente para revisar el pasado del gobierno constitucional, por la oposición de los radicales en su búsqueda para extraer frutos políticos para el futuro, y en cuanto a los representantes del FREJULI, examinaban los acontecimientos que se sucedían en el exterior del recinto, por lo cual tampoco fueron adecuados exponentes del presente. Escuché atentamente a todos los discursos pronunciados, y puedo afirmar que el examen de la situación económica que atravesaba la Nación y la discusión de la solución por el PEN prevista por el plan económico, no fueron en absoluto el tema preponderante de esa interpelación.
El 6 de julio, al anunciar en la Cámara los legisladores peronistas de extracción obrera la resolución de la CGT movilizando a los trabajadores con la presencia en Plaza de Mayo, en huelgas por los días 7 y 8 de julio, abandoné la Cámara y la sesión no tuvo epílogo adecuado. Creí en la oportunidad de someter el plan económico a un profundo examen, en el foro más adecuado previsto por la Constitución para concertar la definitiva aplicación de aquél con las recomendaciones fijadas por la Cámara. La Nación así lo requería, más en periodos de crisis y cuando la señora Presidenta exigía resolver los problemas derivados de una “economía de guerra”, refiriéndose seguramente a la presencia de factores negativos en ella por los grupos subversivos. Me permití enviar al presidente de la Cámara de Diputados el discurso que debí pronunciar al cierre de la interpelación, para ser insertado en el diario se sesiones. El texto del mismo lo reproduje en un folleto editado en septiembre de 1975, y que titulé “Realidad y veracidad de un plan económico”.
Así se perdió la oportunidad para brindar al país una discusión pública del plan económico, y concertar en el nivel más adecuado la política económica requerida. Por no representar intereses económicos sectoriales, los representantes del pueblo son los mejores interlocutores para lograr un definitivo acuerdo, con mayoría en su aprobación, que contemple solución a la crisis económica de aquel entonces.
¿Por qué renuncia? ¿No podía encarar internamente la lucha que le presentaban factores políticos y no económicos?
El 8 de julio la movilización obrera en la Plaza de Mayo y la finalización de la misma, por haber conformado el señor Lastriri la propuesta de la dirigencia sindical, hacían necesaria mi renuncia y así lo conversé son la señora de Perón, quien pese a opiniones no favorables de algunos ministros confirmó mi designación en una recomposición ministerial que alejó a López Rega del Ministerio de Bienestar Social.
El clima era, sin embargo, de difícil superación. Si bien existía autoridad en la jerarquía del PEN, el mando no era sustentado en un poder reconocido, tanto en lo político como en lo social y militar. Se sumó a este ambiente un debilitamiento acentuado con fiebre y deterioro del estado físico de la señora de Perón, quien finalmente debió guardar reposo en sus habitaciones privadas. Su estado de salud no tuvo mejora y se complicó con el tiempo con otros factores desequilibrantes para el mismo, que obligaron, en los primeros días de septiembre, a la internación de la señora de Perón en un sanatorio particular.
El 17 de julio, en el despacho del doctor Benítez (ministro del interior) nos reunimos todos los ministros. Allí se analizó la situación del Gobierno, y la falta de una decidida y real sustentación en el apoyo al mismo, tanto político como social y militar, determino plantearle a la señora Presidenta el problema con realidad.
En reunión de gabinete realizada el 18 de junio en la residencia presidencial de Olivos, con presencia de la señora Presidenta, quien dejó sus habitaciones privadas de reposo, se formalizó dicha reunión, signada por acontecimientos de difícil captación para ordenarlos a fin de reconstruir una obra de gobierno constitucional. Desinteligencias manifiestas entre los ministros, la no presencia de los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas, pese a la solicitud de la Presidenta (en ese sentido el ministro de Defensa, doctor Garrido, es quien culpa a los ausentes por estar a relativa distancia de la Capital realizando actos de servicios requerido por sus funciones militares), favoreció mi determinación para que la señora de Perón aceptara mi renuncia presentada personalmente la noche anterior, en audiencia especialmente concedida (en “Realidad y veracidad de un plan económico” está impreso el texto completo de la renuncia presentada).
También en el prólogo de esa publicación declaro a la noche del 17 de julio de 1975 como histórica, porque encierra actitudes y opiniones que en el futuro permitirán descarnarla, y así apreciarse los frutos que la misma brindó para respetar la vida constitucional del país. Podría repetir hoy lo que preveía en esa noche para el futuro constitucional del país. La República recibió la simiente de una revolución militar, y gestó en su seno un “embarazo” para alumbrar en el tiempo normal el acontecimiento.
No puedo ocultar la satisfacción profesional de que conmigo haya roto una década de silencio.
El silencio es un compañero de inigualable amistad para todo ser humano que, sin ambiciones políticas, encara con responsabilidad frente a la Nación las funciones que se le encomiendan.
Por otra parte, se rompe el silencio si la palabra que lo sustituye tiene mayor valor que aquél, y muy especialmente si es de alguna manera escuchada. Ninguno de los dos factores requeridos se dio en estos últimos 10 años. 1º) por responder a no crear nuevas manifestaciones al desorden del poder constitucional hasta el 26 de marzo de 1976; 2º) por el Proceso de Reorganización Nacional, con su autoritarismo fanático persiguiendo a funcionarios, con escasas razones jurídicas, para mantenerlos detenidos, o con medidas cautelares inhibitorias de una relación plena con la sociedad, y 3º) esperanzado de que al cumplir los 10 años, el tiempo permita quitar el fanatismo de las opiniones con obsesiva soberbia de los protagonistas de alguna manera de la realidad vivida en 1975. Creo que después de tiempo tan prolongado me asiste el derecho, y tomo conciencia del obligado deber, para llenar los vacíos requeridos por la historia y mejor esclarecer la interpretación realista y verdadera de lo sucedido.
Cumplida la tarea, me descongelo de ese pasado y adquiero la suficiente libertad como para sacar conclusiones y verterlas en los fundamentales requerimientos de la crisis de la crisis actual.
Solo me resta confirmar mi responsabilidad para encarar la situación de emergencia económica, calificación dada por el general Perón el 12 de junio de 1974 y con el tiempo agravada al definirla la señora de Perón como la de un país enfrentando a una economía de guerra el 28 de junio de 1975. Y esta responsabilidad se ató a responder, en primer término, a la Nación, con un plan posibilitador de un crecimiento permanente para su economía, sin desmedro alguno ni para la soberanía política ni para la independencia por las decisiones económicas adoptadas, y así poder encararse un paso más hacia una mejor justicia social, limitada y con pobre futuro con la economía, que yo recogí el 2 de junio de 1975.
