“El dinero es una componente necesaria del proceso democrático, permitiendo la representación y facilitando la competencia democrática. Sin embargo, si el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales no se regula adecuadamente, el dinero puede ser un medio de influencia indebida y captura de la política por parte de intereses creados, exacerbando la erosión de la confianza en los gobiernos”.
Con el párrafo anterior comienza un excelente documento de la Ocde de 2014 sobre cómo financiar las democracias. La política, sobre todo la buena política, requiere de recursos. Sin embargo, para que su financiamiento no sea nocivo, debe venir acompañado de regulaciones que promuevan una cancha pareja, donde las autoridades representen a los electores y no a quienes los financiaron. Si unos pocos grupos empresariales terminan financiando la política, el riesgo de captura y corrupción es alto. Más alto aun cuando la ciudadanía no sabe quiénes son los financistas, como sucedía hasta hace muy poco en Chile.
Lo intuíamos hace tiempo, pero lo supimos a ciencia cierta sólo en los últimos dos años. El modo de financiamiento de la política en Chile tuvo mucho de influencia indebida por parte de intereses creados. Penta, SQM, Corpesca y muchos escándalos adicionales se asocian con investigaciones por cohecho, donde hubo parlamentarios y ministros que legislaron pensando más en sus financistas que en quienes los eligieron.
Las conductas develadas desde fines de 2014 en adelante debilitaron nuestra democracia. La confianza en instituciones claves -gobierno, Congreso y partidos- cayó a niveles nunca vistos (ver gráfica basada en encuesta CEP). Así, por ejemplo, entre 2014 y 2015 perdieron la confianza en el gobierno y los partidos una fracción mayor de ciudadanos que en la década anterior, lo cual sugiere que sin una regulación adecuada del financiamiento de partidos y campañas no se revierte la profunda desconfianza ciudadana hacia la política.
Reaccionando ante el escenario anterior, el Congreso aprobó varias leyes durante el último año, cuyo objetivo es promover una relación más sana entre dinero y política. Transparencia del financiamiento con un incremento importante en su componente pública; prohibición de aportes de empresas; regulaciones para tener campañas más propositivas y una cancha más pareja; sanciones disuasivas para ilícitos; nuevas facultades, recursos y autonomía constitucional para el Servel; reformas mayores, promoviendo la transparencia y democracia interna en los partidos y varias más.
Iguales y diferentes
El cambio más evidente para la ciudadanía en la campaña electoral que termina hoy fue una reducción importante de palomas y gigantografías en lugares públicos y una mejor regulación de carteles en general. Una mayoría ciudadana aprueba este cambio, las quejas han venido principalmente de candidatos y líderes políticos. Las campañas pasadas, donde muchas veces las palomas jugaron un rol importante, beneficiaban a quien contaba con más recursos, no con las mejores propuestas.
Teniendo en cuenta el importante incremento de la componente pública del financiamiento de campaña, un tema siempre impopular, el malestar con la política se hubiese exacerbado si las platas adicionales se hubiesen destinado a contaminar visualmente las ciudades con carteles y gigantografías con poca información, más allá del nombre del candidato.
Evidencia anecdótica sugiere que en esta elección los candidatos se acercaron más a los votantes que en elecciones pasadas, haciendo puerta a puerta, yendo a ferias y otros lugares públicos. Aparecieron varias plataformas con información sobre los candidatos y sus propuestas, con más y mejor información que los carteles y palomas de elecciones pasadas y a cero costo para los candidatos. También hubo un uso incipiente de redes sociales para hacer propaganda política de forma creativa y a bajo costo.
Un análisis de los datos sobre aportes a los candidatos a alcaldes que ha publicado regularmente el Servel durante la campaña municipal permite constatar similitudes y diferencias con la elección municipal de 2012.
El monto total de aportes -privado más público- será similar en las dos elecciones, en torno a los 9.000 millones de pesos. Esto no es del todo sorprendente, ya que los límites al gasto en esta elección fueron los mismos que en la elección anterior y el legislador aumentó la componente de financiamiento público, anticipándose a una baja del financiamiento privado.
La proporción en que se reparten los aportes entre alcaldes que van a la reelección y los restantes candidatos tampoco cambió. El primer grupo -los incumbentes- recibió el mismo 40% del total en las dos elecciones. La proporción en que se reparten los aportes privados entre candidatos de la Nueva Mayoría y Chile Vamos sigue favoreciendo a la coalición de centroderecha, aunque la diferencia es menor que en el 2012.
Respecto de los aportes de los partidos a sus candidatos es poco lo que se puede decir por el momento, ya que la UDI optó por una estrategia de financiamiento de campañas de sus candidatos que no la obliga a reportar sus aportes al Servel hasta después de las elecciones.
Vamos ahora a aspectos del financiamiento con cambios importantes entre las elecciones de 2012 y la de hoy. El número de personas que hicieron aportes prácticamente se duplicó, pasando de poco más de 2.000 en 2012 a casi 4.000 en esta elección. El monto promedio de estos aportes bajó, gracias a una reducción de los aportes máximos que puede hacer una persona a un candidato. Esta tendencia es prometedora si se considera que el Servel no hizo una buena labor facilitando los aportes privados en esta elección. Por ejemplo, no instaló un sistema para hacer aportes similar al que se usa para transferencias electrónicas entre cuentas bancarias. Con la instalación de un sistema de este tipo para las elecciones de 2017, la tendencia a tener una número creciente de donantes privados donando montos relativamente bajos, con lo cual se reduce el riesgo de captura, a la vez que se empareja la cancha, debiera persistir.
En qué fijarse hoy en la noche
Es probable que, al igual que en elecciones anteriores, los análisis de la noche de hoy se centren en quiénes ganaron y quiénes perdieron en diversas comunas. También veremos los votos que obtuvo cada partido y cada coalición, lo cual no deja de ser irónico, dado que la mayoría de los candidatos oculta su afiliación política en su propaganda (Evópoli y Revolución Democrática son los únicos partidos que exigen a sus candidatos incluir el logo partidario).
Un tema adicional que estará presente en los análisis esta noche será la participación electoral. En las cinco elecciones municipales entre 1992 y 2008, el número de votantes se mantuvo sorprendentemente estable, con un promedio cercano a los siete millones y fluctuaciones en torno de este promedio en torno a los 100 mil votantes. Al pasar al voto voluntario, el 2012 el número de votantes sufrió una caída abrupta, pasando a 5.790.000.
¿Volveremos a tener otra caída importante en la participación el día de hoy o se mantendrán cifras similares a las de 2012? Los escándalos de la política, todos los cuales se destaparon después de la elección municipal de 2012, y el lamentable episodio del padrón electoral de esta semana sugieren que una participación superior a los cinco millones de votantes estaría dentro de los escenarios optimistas.
Las lecciones correctas
Son muchas las medidas que se pueden adoptar en los meses que vienen si se quiere promover la participación y seguir emparejando la competencia en la arena política. Es importante, sin embargo, evitar medidas que nos retrotraigan a las lógicas del pasado que jugaron un rol importante profundizando la desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades. Por ejemplo, quienes proponen que las empresas vuelvan a financiar la política revelan una total ausencia de sintonía con el sentir mayoritario de la ciudadanía.
Para promover la participación y limitar las ventajas de los incumbentes se puede establecer un período de “precampaña” que dé más tiempo a los desafiantes para darse a conocer. Los alcaldes que van a la reelección debieran dejar sus cargos con mayor anticipación, apenas comienza el período de campaña.
También se puede prohibir que los municipios hagan contrataciones a honorarios en períodos de campaña y exigir que sus gastos en publicidad se mantengan en parámetros históricos durante estos períodos. Una reciente fiscalización de Contraloría a más de 70 comunas detectó en algunas de ellas el uso de recursos fiscales en publicidad o difusión de los propios alcaldes que van a la reelección, lo que podría constituir intervencionismo.
Una franja radial con financiamiento estatal contribuiría a elecciones más programáticas, lo mismo que un rol más activo de nuestro canal estatal, TVN, realizando debates de interés local y regional. Asegurar que durante los días de elecciones haya transporte público y facilitar el voto en el lugar más cercano al domicilio del elector también ayudaría.
La evidencia sugiere que la medida más eficaz para mejorar la participación electoral es volver al voto obligatorio. Mal que mal, y como ya se indicó, la gran caída en participación electoral en las elecciones municipales fue luego de introducir el voto voluntario en 2012 (aunque la caída en la primera vuelta presidencial de 2013 fue mucho menor). Me parece que no hay legitimidad para volver al voto obligatorio mientras no se hayan implementado todas las reformas que mejoran la calidad de la política y la ciudadanía note las diferencias. Por ejemplo, las nuevas regulaciones que apuntan a elecciones internas transparentes en los partidos políticos regirán plenamente sólo el año que viene y en la medida en que el gobierno entregue recursos al Servel para poner ministros de fe en cada lugar de votación. La reciente elección del PPD deja en claro que todavía falta mucho en esta materia.
El papelón de los cambios de domicilio no solicitados en el padrón electoral es lo más preocupante de lo que vimos durante esta campaña electoral. El rol del Servel es clave en el nuevo ordenamiento institucional de nuestra política, por eso, la nueva legislación le dio autonomía constitucional y le dio la responsabilidad de administrar, supervisar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral y la elaboración y actualización de los padrones electorales, entre otros. No basta con enviar oficios al Registro Civil para cumplir con esta misión, requiere de un compromiso donde quienes dirigen la institución se deben principal y exclusivamente a los objetivos antes señalados y se dedican por completo, y de manera competente, a lograrlos. Este no fue el caso durante los últimos meses. El consejo directivo debe asumir su responsabilidad y al mecanismo mediante el cual se nomina a sus miembros debe agregarse el escrutinio público.
Contar con un padrón confiable se ha vuelto prioritario, con un universo de votantes que se mantiene al día y donde los cambios de domicilio se realizan de acuerdo a la ley. El año 2009, Bolivia implementó de manera exitosa un nuevo padrón electoral con tecnología de punta y en un período de seis meses. Chile, con un desarrollo institucional mayor que aquel de nuestros vecinos, también puede hacerlo.
