Publicado por La Tercera, 10 de marzo de 2013
Para todos los efectos políticos, si el gobierno de Sebastián Piñera no culminó con la última elección municipal, sí lo hará cuando a finales de este mes Bachelet anuncie su postulación para competir en la próxima elección presidencial. A partir de ese momento, toda la atención pública, medios de comunicación y clase dirigente estará puesta en la carrera cuyo ganador se instalará en La Moneda por los próximos cuatro años.
Como suele ocurrir por estas fechas, el oficialismo se afanará para exhibir los resultados de una gestión que, más en público que en privado, catalogan como exitosa. De esa manera, los índices de crecimiento económico, como probablemente la generación de empleo, liderarán una lista que se difundirá en forma persistente y reiterada.
También, y como siempre, se registrarán importantes deudas, las que probablemente serán objeto de promesas electorales durante la próxima campaña. Incluso los candidatos del oficialismo tomarán una prudente distancia, intentando así soslayar los costos que en muchas materias conlleva el querer prolongar el legado del actual gobierno. Con todo, cuando se evalúe a esta administración, habrá ciertas áreas que serán una fuente de preocupación transversal, más allá de las trincheras políticas partidistas. Una de ellas, la que más me inquieta, es cómo en estos años se socavó el prestigio de instituciones que contaban con el amplio respeto de todos los ciudadanos.
Quizás, el caso más emblemático lo constituya el área ambiental y energética. Sebastián Piñera asumió cuando recién se había aprobado una gran reforma, cuyo principal propósito -a través de un nuevo ministerio, un servicio de evaluación de impacto ambiental y tribunales especiales- era subsanar las arbitrariedades y asimetrías que se venían registrando en el sistema. Sin embargo, y sin más, el Primer Mandatario debutó “bajando” un proyecto que había sido legalmente aprobado (me refiero a la termoeléctrica de Barrancones) y, en cambio, en las postrimerías de su gestión hizo aprobar la termoeléctrica de Punta Alcalde, pese a su rechazo por parte de la institucionalidad vigente. Para qué decir de la destrucción del Ministerio de Energía, que en menos de dos años y medio contaba con cinco ministros diferentes.
Lo que parecía una excepción, se transformó en una regla general. Fue así que una agria polémica terminó por poner en tela de juicio los resultados de la Casen. Otro tanto ocurrió con el Registro Electoral y los bochornosos episodios que se vivieron con motivo de la última elección municipal. También es triste lo ocurrido con la Alta Dirección Pública, que muchas veces sucumbió a la vendetta y el cuoteo. Pocas palabras para catalogar lo ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos -una de las instituciones otrora más respetadas por los ciudadanos-, en lo que tradicionalmente fue el paradigma de la eficacia modernizadora, y miren en lo que estamos. Y así, suma y sigue.
A estas alturas, los continuos chascarros personales de Piñera, tanto protocolares como políticos, terminarán siendo una anécdota si se les compara con todo lo anterior. Un alto funcionario de La Moneda dijo que Chile no olvidaría el legado de este gobierno. Supongo que no se refería a todo esto.
