El Dilema de la Delincuencia Juvenil

Este es el primero de una serie de tres artículos sobre el tema de la delincuencia juvenil

La delincuencia juvenil es encuentra hoy entre los principales desafíos sociales a nivel internacional. Esta preocupación va más allá del grado de desarrollo económico: las tasas de delitos cometidos por adolescentes están aumentando en virtualmente todos los países del mundo (ver Naciones Unidas 2003). En particular en Uruguay, el crecimiento de los delitos violentos contra la propiedad cometidos por adolescentes en los últimos 15 años fue tres veces superior al aumento en los delitos violentos contra la propiedad cometidos por adultos. En 2010, los menores de entre 13 y 17 años de edad representaban aproximadamente 8 por ciento de la población total, pero fueron responsables de más del 15 por ciento de los delitos totales, del 26 por ciento de los homicidios y de más del 40 por ciento del total de los delitos violentos contra la propiedad cometidas en Uruguay. Estas tendencias han despertado una gran preocupación y un fuerte debate público que ha precipitado un plebiscito para reformarla Constitucióny así poder bajar la edad de imputabilidad penal.

Existen múltiples determinantes de la delincuencia juvenil (ver Levitt y Lochner 2000). Por ejemplo, factores biológicos como el ser varón es un fiel indicador de una mayor propensión a cometer delitos. El contexto familiar también ejerce una influencia relevante ya que una errática disciplina parental, la falta de adecuada supervisión y el rechazo maternal están fuertemente vinculados con la participación futura en actividades delictivas.

Luego de Becker (1968), el incremento de la delincuencia juvenil puede ser pensado como la respuesta racional de los adolescentes ante cambios en los incentivos que afectan la decisión de incurrir en actividades delictivas, en detrimento de las actividades legales. Desde este punto de vista, en el esquema presentado a continuación presentamos los beneficios esperados de ambas actividades, así como la dinámica subyacente en las decisiones tomadas por los adolescentes.

Imaginemos que un adolescente con habilidades para trabajar (t) y para delinquir (d) se enfrenta de forma recurrente al dilema de comprometerse con actividades legales—como trabajar o estudiar—o de incursionar en actividades delictivas.

Si el adolescente opta por trabajar, entonces recibiría como contrapartida un salario (w) que será mayor en la medida que tenga más formación y por lo tanto mayores habilidades para trabajar (t). Este salario potencial—que depende del nivel de educación—resume el efecto de múltiples factores sociales—como la desigualdad y la marginalidad—que afectan sustancialmente la calidad de la educación que recibe el adolescente.

Por su parte, si el adolescente decidiera incursionar en actividades delictivas, la contrapartida depende de si es aprehendido o no por la policía. Por lo tanto, una variable clave que afecta la decisión es la probabilidad efectiva de detención (p). Si el adolescente logra evitar ser aprehendido, entonces se apropiaría del beneficio de las actividades delictivas, el botín (b), cuya magnitud va a depender de sus destrezas y habilidades para delinquir (d). En caso de ser atrapado por la policía y derivado al juzgado, el adolescente debería cumplir la condena (c) en un establecimiento de reclusión—siempre y cuando no pueda ingeniárselas para escapar. De esta forma, la probabilidad de escape (e) también resulta ser una variable relevante.

A su vez, las decisiones presentes tomadas por los adolescentes dejan secuelas que afectan las decisiones futuras y son difíciles de revertir en etapas posteriores de la vida. De hecho, las decisiones no son gratuitas porque afectan las habilidades para trabajar (t) y las habilidades para delinquir (d) y por ende el retorno de las actividades legales y las actividades delictivas. En otras palabras, en cada decisión tomada, el adolescente va a estar afectando los incentivos que afectan la decisión siguiente.

Si el adolescente opta por las actividades legales, sus habilidades para trabajar (t) se incrementarían al acumular experiencia laboral, mientras que sus habilidades para delinquir (d) se podrían deteriorar (o al menos no mejorarían) por falta de práctica. Por su parte, si el adolescente incurriere en actividades delictivas y no fuera detenido por la policía, sus destrezas para delinquir (d) se incrementarían dada la experiencia adquirida en este tipo de actividades, mientras que se deteriorarían (o al menos se mantendrían constantes) sus habilidades para trabajar (t), por estar al margen del mercado laboral. Finalmente, si el adolescente opta por las actividades delictivas y es capturado por la policía, entonces sufriría un deterioro de la percepción de sus habilidades para trabajar (t), como consecuencia del estigma con el que el mercado de trabajo generalmente castiga a las personas que han tenido conflictos con la ley. En este caso, las destrezas del adolescente para delinquir (d) podrían incrementarse, dado que muchas veces, tal como lo establece la evidencia empírica, los centros de reclusión se transforman en verdaderas “escuelas del crimen” (Bayer at al. 2009; DeLisi et al. 2011).

Estas inercias son las que explican, en parte, porqué existen carreras delictivas y porqué el adolescente encausado en el estudio o en el trabajo es mucho menos propenso a delinquir cuando se enfrenta al mismo botín y a la misma sanción potencial que otro adolescente que no estudia ni trabaja.

Munyo (2012) desarrolla un modelo recursivo para poder considerar la interacción de todos los factores incorporados en la dinámica anterior—que muchas veces operan en direcciones opuestas—y así computar el efecto final sobre los incentivos que afectan el comportamiento de los adolescentes. Por ejemplo, si la convivencia en los centros de reclusión facilita la adquisición de habilidades para delinquir, o si el pasaje por estos centros reduce significativamente los potenciales retornos futuros en actividades legales como consecuencia del estigma que impone la sociedad, entonces castigar de forma más severa a los adolescentes—a través de períodos de privación de libertad más extensos—en lugar de disuadirlos a no cometer delitos, podría incrementar los incentivos para que incursionen en actividades delictivas.

¿Cuál es la magnitud del retorno de las actividades legales y de las actividades delictivas para los adolescentes uruguayos que se enfrentan a este dilema recurrente?

Por un lado, los adolescentes uruguayos tienen limitadas oportunidades y bajos ingresos en el mercado laboral. Como generalmente sucede, el desempleo de los jóvenes duplica al desempleo promedio de toda la población, y los ingresos que perciben son casi la mitad que los del trabajador promedio. Si optaran por estudiar, existe evidencia de que los beneficios esperados de permanecer en el sistema educativo público—en donde estudia más del 80 por ciento de la población en Uruguay—son muy bajos. De hecho, investigaciones recientes concluyen que la educación secundaria en contextos socioeconómicos desfavorables no es una inversión rentable porque no se traduce en mayores ingresos laborales futuros (Patrón 2011). Este fenómeno podría hasta racionalizar el hecho de que más del 15 por ciento de los menores de entre 13 y 17 años de edad se encuentra fuera del sistema educativo en nuestro país.

Por otro lado, la combinación de un botín creciente dado por una economía en boom—la economía uruguaya creció en promedio al 6 por ciento en los últimos 8 años—con una muy baja probabilidad efectiva de detención por parte de la policía y una muy reducida condena efectiva, volvió muy atractivas a las actividades delictivas para los adolescentes. La probabilidad de aprehensión—medida como el porcentaje de delitos cometidos que son resueltos por la policía—asciende al 10 por ciento, tanto para adolescentes como para mayores de edad. Sin embargo, la probabilidad que se inicie un proceso judicial una vez que el sospechoso es detenido es muy diferente si es menor de 18 años. Cada vez que un adolescente es capturado, desde la comisaría se comunican con el juez de turno, y es el juez quien resuelve si el acto denunciado exige o no iniciar un proceso judicial. En el 40 por ciento de los casos, el juez resuelve automáticamente dejar al adolescente en libertad. Esto hace que la probabilidad efectiva de detención (p) difiera significativamente para adolescentes y adultos. Por su parte, la probabilidad de escape (e) también difiere sustancialmente entre adolescentes y adultos. Mientras que es prácticamente nula para los mayores—0,4 por ciento si consideramos el total de fugas de los establecimientos penitenciarios relativo a la población privada de libertad—, para los adolescentes la probabilidad de fuga es significativa—en el año 2010 ascendió a 38 por ciento. Finalmente, mientras que un adulto se enfrenta a una condena potencial (c) de permanecer recluido durante 15 meses, un adolescente se enfrenta a un potencial de privación de libertad de tan solo 3 meses, considerando el promedio para todo tipo de delitos. Es relevante notar que por su carácter dinámico, este modelo de comportamiento reconoce de forma explícita el hecho de que tanto la probabilidad efectiva de detención (p) como la probabilidad de escape (e) de los centros de internación y la duración de la condena (c), tienen la peculiaridad de que cambian sustancialmente con la mayoría de edad (18 años).

En la próxima entrega vamos a testear su capacidad del modelo calibrado para predecir la evolución reciente de la delincuencia juvenil en Uruguay y, a su vez, buscar entender porqué la delincuencia juvenil se triplicó en los últimos 15 años.

 

Referencias

Bayer, P., R. Hjalmarsson y D. Pozen. 2009. Building Criminal Capital Behind Bars: Peer Effects in Juvenile Corrections. Quarterly Journal of Economics 124(1), 105-147.

Becker, G. 1968. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy 76(2), 169-217.

DeLisi, M., A. Hochstetler, G. Jones- Johnson, J. Caudill y J. Marquart. 2011. The Road to Murder: The Enduring Criminogenic Effects of Juvenile Confinement Among a Sample of Adult Career Criminals. Youth Violence and Juvenile Justice 9(3), 207-221.

Levitt, S. y L. Lochner. 2000. The Determinants of Juvenile Crime. In J. Gruber (Ed.), «Risky Behavior by Youths.»University ofChicago Press.

Munyo, I.2012. The Juvenile Crime Dilemma. Manuscript CERES & Universidad de San Andrés.

Patrón R. 2011. When More Schooling is Not Worth the Effort: Another Look at the Dropout Decisions of Disadvantaged Students in Uruguay. Working Paper Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad dela República, Uruguay.

United Nations. 2003. Juvenile Delinquency. World Youth Report.