[1] En recientes declaraciones a distintos medios de comunicación británicos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, admitió la necesidad de tener un debate amplio e informado a nivel mundial sobre la efectividad de la actual postura prohibicionista en materia de política de drogas. Sus declaraciones fueron bien recibidas y causaron el efecto mediático esperado. Sin embargo, vale la pena preguntarse si el presidente de uno de los países que más ha sufrido esta ineficiente guerra debería sentirse como un invitado más a este debate o si, más bien, debería aliarse con algunos socios interesados (el presidente Felipe Calderón, por ejemplo) para ser los anfitriones de este debate. Después de todo, si no son Juan Manuel Santos o Felipe Calderón quienes invitan a este debate, ¿qué otro presidente en el mundo lo va a hacer?
Como bien lo ha señalado Moises Naím, en materia de política de drogas no sólo están prohibidas las drogas; también, desafortunadamente, parece estar prohibido pensar y proponer formas alternativas, más efectivas y balanceadas, para enfrentar los problemas de consumo, producción y tráfico de estupefacientes. En Estados Unidos, país en donde hace ya cuarenta años el presidente Richard Nixon declaró formalmente la llamada guerra contra las drogas, plantear el tema de la descriminalización o la despenalización del consumo de drogas es un suicidio político. Pero más allá de la política interna de Estados Unidos, plantear un debate amplio e informado a nivel mundial sobre la efectividad de la actual postura prohibicionista implicaría hacer preguntas y plantear temas que a muchos (políticos) les resultarían muy incómodos. Por ejemplo, una forma de ver el llamado prohibicionismo (i.e., la guerra contra drogas) es como una transferencia de los costos que implica el consumo de drogas en los países consumidores hacia los países que producen y trafican estas sustancias. Más precisamente, si la producción, tráfico y consumo de drogas fueran totalmente legales, todos los costos asociados al “problema de las drogas” tendrían que ser cubiertos por los países consumidores (a través de sus sistemas de salud, educación, sus mercados laborales, etc.). Sin embargo, al imponer una postura prohibicionista, los países consumidores trasladan parte de estos costos a los países productores y de transito, que al verse forzados a implementar políticas anti-drogas para reducir la oferta de drogas y aumentar los precios tienen que enfrentar las consecuencias directas de la represión contra la producción y tráfico de drogas: niveles de violencia desbordados, corrupción de las instituciones y los políticos de turno y pérdida de valores asociada al auge de actividades ilícitas y del llamado dinero fácil, entre muchos otros. Si hasta ahora no es claro por qué la guerra contra las drogas es una transferencia de costos de los países consumidores a los países productores y de tránsito, un experimento mental (thought experiment) sería muy útil para explicarle a un político (americano) lo que queremos decir. Supongamos que el consumo de cocaína se reduce drásticamente en EE.UU. (a los niveles observados en un país latinoamericano promedio) y que el consumo en Canadá aumenta sustancialmente (a los niveles observados en EE.UU. actualmente). La pregunta para el político americano es la siguiente: ¿Estaría usted dispuesto a que los niveles de violencia en una ciudad como Seattle (con una tasa de homicidios ligeramente inferior a 5 por cada 100,000 habitantes) se dispararan a los niveles de observados recientemente en Ciudad Juárez (más de 220 homicidios por cada 100,000 habitantes) para que la cocaína no llegue a los mercados canadienses? Si la respuesta a esta pregunta es “no”, la siguiente pregunta es ¿por qué?, y su respuesta seguramente sería que esto llevaría a una transferencia de los costos asociados a un problema que no es de ellos (y tendría toda la razón en admitir esto). Pero México o Colombia no pueden darse el lujo de dar esa respuesta si invertimos los roles y ahora el que pregunta es un político americano y el que responde un político colombiano o mexicano.
El debate sobre la cuestionada efectividad de la actual postura prohibicionista hay que darlo, y existen razones, argumentos e información suficientes que ayudan a dar un debate basado en la evidencia sobre qué funciona y qué no en materia de política de drogas. Pero si ni siquiera Juan Manuel Santos siente que debe ser el anfitrión de este debate y, por el contrario, se siente como un posible invitado más, creo que estamos muy lejos de ver esta discusión a nivel mundial.
Totalmente de acuerdo, Daniel. Si algo ha demostrado la experiencia es que la fuerza no ofrece una solución efectiva al así llamado «problema de las drogas» ni en el corto ni en el largo plazo. Y la razón es simple: el problema no son las drogas sino la Prohibición & la Guerra contra las Drogas. Al declarar ilegal la producción y el consumo de drogas lo único que se ha logrado es convertir un problema de salud pública en una actividad criminal. Lo que debemos entender es que es la ILEGALIDAD la que hace posible las enormes ganancias del tráfico de drogas, es la ILEGALIDAD la que les permite su control a organizaciones criminales, y es la ILEGALIDAD la que origina y promueve la violencia, la corrupción y la destrucción de la vida civil y democrática.
Es hora de que Colombia, México y Brasil tomen el liderazgo y generen alianzas con el resto de países productores y distribuidores de droga con el fin de reemplazar la Prohibición y la Guerra contra las Drogas con un régimen que no esté basado simplemente en la coerción, la represión y la criminalización.
Es hora de que Latinoamérica forme un sólido frente común para decirle a la comunidad internacional que Latinoamérica no puede seguir pagando el exorbitante precio que se les exige pagar en vidas humanas, estabilidad institucional y democrática y bienestar general de sus poblaciones al exigírseles que continúen apoyando las políticas anti-drogas actuales; políticas diseñadas y ejecutadas con el único fin de proteger y beneficiar a los grandes países consumidores de drogas, en particular EU, el mayor consumidor de drogas en el mundo.
Es hora de rechazar la actitud oportunista, hipócrita y cínica de los grandes países consumidores, como los EU, que les exige a los países latinoamericano s que repriman la producción de drogas a sangre y fuego, y al mismo tiempo permiten el cultivo de marihuana en 17 de sus estados y distritos. O en el caso de países como España, Holanda, Portugal, Suiza, entre muchos otros, que al descriminalizar o despenalizar el consumo han “cuasi legalizado” la demanda de drogas pero continúan criminalizando o penalizando la producción y la distribución de las mismas.
Es hora de que la clase política latinoamericana , que hasta ahora se ha mostrado temerosa de perder la simpatía y los votos de sus copartidarios, seguidores y potenciales votantes, aproveche el espacio abierto por las declaraciones de los presidentes de Colombia y México para expresar pública y abiertamente, independienteme nte de su posición política, su respaldo al llamado que ellos han hecho para que se estudien alternativas para la legalización de las drogas.
Y es hora, sobre todo, de que los ciudadanos a todo lo largo y ancho de Latinoamérica y a través de todos los medios posibles (encuestas, comentarios en periódicos, votaciones a todo nivel) les expresen pública y abiertamente su apoyo a los políticos, dirigentes y legisladores que respaldan un modelo alternativo al prohibicionista.