Una tercera vía para Chile

Según una encuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) realizada el 2009, un 31% de los usuarios de telefonía celular considera que los cobros son altos en relación con los servicios prestados. No deja de ser curioso, entonces, que la misma encuesta concluya que sólo un 6% de los usuarios cambió de proveedor durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Es decir, cuatro de cada cinco usuarios descontentos se resignó a su suerte y no hizo nada al respecto.

Hay varias explicaciones para este estado de resignación colectiva. Posiblemente, la más importante sea que sólo se puede cambiar de proveedor si uno cambia de número.

En efecto, en la actualidad, si uno cambia de proveedor éste nos asignará un nuevo número, el cual querremos comunicar a todos los que conocen nuestro número antiguo. Lo cual toma tiempo, además de ser una actividad particularmente tediosa. Peor aún, de seguro olvidaremos contactar a varias personas, lo cual nos llevará a perdernos varios eventos sociales y oportunidades de trabajo. Esto explica por qué muchos no cambian de proveedor.

El proyecto de portabilidad numérica que entrará en vigencia próximamente permitirá que los usuarios cambien de proveedor manteniendo su número. Más aún, el cambio de compañía costará sólo 377 pesos y tomará menos de 24 horas. Bastará con contactar a la empresa cuyos servicios deseamos contratar, la cual tendrá todos los incentivos para agilizar el traspaso. Además, se han tomado las prevenciones para que la empresa cuyos servicios estemos cancelando no pueda entorpecer el proceso.

Aun cuando predecir el futuro es una de las cosas que los economistas no hacemos particularmente bien, me aventuro a pronosticar que producto de la portabilidad numérica, los precios caerán y la calidad de los servicios mejorará notablemente. Porque tener consumidores que pueden cambiar de proveedor fácilmente llevará a las empresas del sector a competir intensamente. De hecho, dos nuevas empresas ya han anunciado su ingreso al mercado de la telefonía celular, a sabiendas de que atraer nuevos clientes será mucho más fácil cuando la portabilidad numérica esté vigente.

Durante la década de los 90, Chile fue líder mundial en la adopción del multicarrier que cambió el mercado de telefonía de larga distancia para siempre, con precios mucho menores, mayor cobertura y posibilitando que sectores de ingresos medios y bajos mantuvieran contacto telefónico regular con parientes en los lugares más alejados del país.

Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué no fuimos líderes en introducir la portabilidad numérica? Varios países industrializados la introdujeron hace más de una década y varios países de América Latina (México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Brasil, entre ellos) la introdujeron antes que Chile.

Entramos en el terreno de las especulaciones, pero no es aventurado conjeturar que quienes resultarán perjudicados ejercieron presiones para dilatar la introducción de la portabilidad numérica lo más posible. Igualmente importante, nuestra clase política cedió a dichas presiones.

La frustración de amplios sectores con «el modelo» se ha hecho patente durante los últimos meses. El caso La Polar y las enormes utilidades de las isapres publicitadas en estos días han sido algunos de los detonantes de este malestar. Además de problemas serios con la calidad de la educación básica y media y los altos costos (y mediocre calidad) de buena parte de la educación superior.

Las soluciones que propone la izquierda tradicional se centran en que el Estado vuelva a jugar un rol central produciendo bienes y servicios. Desde educación gratuita, hasta renacionalizar el cobre.

La derecha tradicional, en cambio, propone seguir tal cual estamos. El caso La Polar habría sido tan sólo «un accidente financiero», las utilidades de las isapres no serían más que un premio al emprendimiento, y así sucesivamente.

Llevando las propuestas anteriores al ámbito de la falta de competencia en la telefonía celular, tendríamos que una propuesta típica de la izquierda tradicional sería fijar un precio máximo por dicho servicio. Lo cual sería muy popular en un primer momento, pero no llevaría a mayor competencia y reduciría la calidad de los servicios aún más. En cambio, la derecha tradicional argumentaría que no es necesario hacer nada, porque los usuarios insatisfechos son libres de cambiar de proveedor y si no lo hacen, es problema de ellos. Lo cual llevaría a una frustración creciente con este servicio.

Se requiere de líderes escépticos de las soluciones con exceso de participación estatal pero, a la vez, convencidos de que los mercados muchas veces se benefician de diseños que los hacen más competitivos, para jugársela por la portabilidad numérica. Y dichos líderes son pocos y les es difícil hacer frente a los intereses que se benefician de la falta de competencia. Lo cual nos lleva, una vez más, a la importancia de transparentar la relación entre dinero y política.

Hace dos décadas que está claro que las isapres no compiten intensamente, porque es humanamente imposible comparar los planes que ofrecen. Un sinnúmero de enfermedades y servicios, combinado con coberturas que se reportan en unidades de todo tipo, dificultan cualquier comparación, limitando la competencia.

Desde hace más de dos décadas también se sabe que este problema se resuelve obligando a todas las isapres a competir por un plan estandarizado con un conjunto común de prestaciones y un seguro catastrófico. Al tratarse del mismo plan, las comparaciones se facilitan notablemente, obligando a las isapres a competir en serio.

El gobierno ha anunciado una propuesta con las características recién delineadas. La pregunta es por qué transcurrieron 20 años para que emergiera una propuesta en esta línea. A lo cual se agrega que está por verse si el gobierno resistirá el lobby del sector o, como ha sucedido con otros temas como la ley de pesca, terminará cediendo a los intereses de siempre.

Experiencias recientes nos recuerdan los desafíos que plantea una economía de mercado en un país emergente. Proteger debidamente a los consumidores, reguladores con potestad y recursos para fiscalizar, resguardar los intereses de los accionistas minoritarios y mucho más. Los avances han sido significativos (v.g. la legislación antimonopolios), pero lo que queda por avanzar es igualmente significativo. Vaso medio lleno o vaso medio vacío, dependiendo del estado de ánimo en que se esté.

Por contraste, poco a poco se fueron olvidando varias de las limitaciones serias que tuvo el Estado produciendo bienes y servicios. Los problemas que plantean las manifestaciones estudiantiles son válidos, la mayoría de las soluciones que proponen ignoran las enormes limitaciones que tiene el Estado como proveedor.

La derecha tradicional debiera repensar sus planteamientos, entendiendo que el desprestigio del modelo se debe, en buena parte, a que han mantenido una posición ideológica que no se condice con la realidad de muchos mercados. En cuanto a la izquierda tradicional, si los objetivos a los que dice aspirar son los que realmente desea alcanzar, debiera distinguir fines de medios y mirar la evidencia sobre cómo mercados con regulaciones inteligentes han contribuido al logro de objetivos progresistas.