El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. El importante avance experimentado por las oportunidades de desarrollo de las mujeres en Chile en las últimas décadas permite pensar que hay motivos para celebrar.
Probablemente, las áreas de progreso más evidente son la inserción de la mujer en la educación superior y en el mercado del trabajo. En efecto, hoy existen más mujeres que hombres matriculados en la educación terciaria, mientras que la participación laboral femenina ha aumentado en unos 15 puntos porcentuales en tres décadas.
Pero ello no significa que podamos relajarnos en el esfuerzo por una mayor equidad de género. En Chile existe un conjunto importante de desafíos pendientes en esta materia que es necesario abordar.
En efecto, de acuerdo con la Encuesta de Desarrollo Humano 2009 del PNUD, la mayoría de los chilenos aún cree que los hombres son los principales encargados de la provisión de recursos económicos para el hogar, mientras que las mujeres son quienes deben realizar las tareas domésticas, criar niños y cuidar a otros.
Estas percepciones son reforzadas por algunas leyes que dificultan la plena inserción de la mujer, como el artículo 203 del Código Laboral, que exige a las empresas que emplean a 20 o más trabajadoras la provisión de servicios de sala cuna para madres de niños menores de dos años.
Es muy difícil analizar la multiplicidad de temas que abarca la igualdad de género en un espacio como este. Por lo mismo, en esta ocasión quisiera abordar una de las áreas cruciales de política pública, en la que, a mi juicio, aún persisten rezagos preocupantes: la prevención del embarazo adolescente.
Según la OCDE, en los países de esa organización, en 1970 nacían 41 niños por cada 1.000 mujeres, entre los 15 y 19 años de edad, tasa que cayó a 16 hacia el año 2010. Las cifras no solo son mucho más altas en Chile (72 y 54, respectivamente), sino que, además, han mostrado un menor retroceso. De acuerdo con el INE, la tasa de nacimientos entre niñas menores de 15 años ha caído aún más lento.
La correlación entre paternidad temprana, menor rendimiento en la educación, mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, incidencia de la pobreza y falta de oportunidades en general, es evidente y significativa. Son las mujeres quienes, proporcionalmente, asumen esos costos. En efecto, la mayor parte de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres, y una fracción relevante de ellas ha sido madre tempranamente. Más grave aún, la fecundidad adolescente se concentra en los hogares de menores ingresos.
Asimismo, estas consecuencias se expanden a través de generaciones. Un estudio de Matías Berthelon y Diana Kruger muestra que, luego de corregir por otros factores, en Chile las jóvenes hijas de quienes fueron madres en su propia adolescencia tienen una probabilidad 11% mayor de ser madres a edades tempranas.
Algunas veces, y en particular entre las jóvenes de hogares de menores ingresos y con escaso acceso a educación de calidad, tener un hijo es concebido como un proyecto de vida, una forma de validarse ante sí mismas, sus familias y la comunidad.
El embarazo puede darse también cuando las adolescentes no cuentan con las capacidades para negociar con sus parejas una sexualidad protegida. También puede ser el resultado de abuso y violencia.
Idealmente, la decisión de si tener o no hijos y de cuándo tenerlos debiese ser fruto de una elección libre e informada. En los casos mencionados, sin embargo, el embarazo no es una decisión, sino el resultado de restricciones, imposiciones o de falta de oportunidades.
Ante toda la evidencia sobre los costos del embarazo adolescente, ¿por qué Chile no ha podido abordar esta problemática con eficacia?
El Informe de Desarrollo Humano 2010 del PNUD sobre género describe el juego de poderes entre sectores con visiones diversas que ha caracterizado el debate sobre educación sexual y afectividad en el país, y que ha obstaculizado la entrega de herramientas efectivas a los jóvenes. Al final, ha predominado una «libertad de enseñanza» que no ha mostrado resultados relevantes.
Las políticas públicas debiesen ayudar a los jóvenes a tomar decisiones de sexualidad y fecundidad responsables e informadas, y facilitar el acceso al conjunto completo de opciones de anticoncepción para que ellos puedan efectivamente elegir.
Asimismo, los modelos de intervención para la prevención deben ser integrales, atendiendo al hecho de que se trata de un problema multicausal.
Finalmente, expandir las oportunidades que las mujeres tienen en general de aprovechar sus capacidades, avanzando decididamente en una agenda de igualdad de género, también incidirá en una menor tasa de embarazo adolescente.
LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE DEBEN SER PARTE DE LA AGENDA DE EQUIDAD DE GÉNERO.
