Funcionarios del gobierno argentino, como el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, han reconocido recientemente que no existe independencia de la justicia en la Argentina. Esto es una muy buena noticia ya que permite poner una vez más en el centro del debate un tema que tiene una gran transcendencia. En este mismo Foro, hace casi dos años, mencionábamos que la independencia de la Justicia es uno de las áreas en las que Argentina había fallado y que para expertos como James M. Buchanan constituía la razón principal que explicaba las diferencias en el desarrollo de los Estados Unidos y de la Argentina.
Desde aquella nota hasta la actualidad la situación no ha cambiado. Como puede observarse en la Tabla que se adjunta, en los últimos 12 o 13 años la situación del país en materia de independencia judicial ha empeorado considerablemente (y desde una situación ya bastante débil). Para la mayoría de los indicadores, Argentina ha pasado de una situación intermedia a una situación casi lamentable. Por ejemplo, en el indicador del Banco Mundial, Argentina se encontraba cerca de la media de la distribución (percentil 45) mientras que ahora se encuentra en el último tercio de la distribución (percentil 28). Esto es, no sólo Argentina ha empeorado, sino que se ha movido en dirección contraria a la mayoría de los países del mundo.
Tabla 1. Evolución de la independencia judicial en Argentina
Esta situación, por supuesto, no es única a la Argentina. Como parte de un informe que re-evalúa los resultados de la publicación insignia del BID, La Política de las Políticas Públicas, hemos actualizado el análisis de la situación de las capacidades gubernamentales en varias áreas, incluyendo la independencia de la justicia, para los países de América Latina. Las capacidades gubernamentales allí analizadas, que además de la justicia incluye a los partidos políticos, las legislaturas y el servicio civil, son las que permiten diseñar e implementar políticas públicas que conduzcan a un mayor crecimiento económico y desarrollo de los individuos. Por ejemplo, un poder judicial independiente puede facilitar intercambios intertemporales y fomentar las negociaciones entre los actores políticos. De esta manera, con un poder judicial independiente, los actores políticos pueden encontrar en un agente externo las restricciones que evitan priorizar sólo el corto plazo y enfocarse en políticas ineficientes y que cambian todo el tiempo. Por el contrario, una poder judicial independiente, más un congreso institucionalizado, partidos políticos programáticos, y un servicio civil profesionalizado generan las condiciones adecuadas para políticas creíbles y estables (que no cambian sólo porque cambian los vientos políticos), adaptables (que se cambian cuando no funcionan o cuando cambian las condiciones económicas), eficientes, coherentes, y que favorecen el bien común.
Como se observa en los figuras siguientes (y se explica en este informe) América Latina está muy atrasada respecto de la independencia de la justicia, y Argentina lo está dentro de América Latina.
Figura 1. Independencia judicial por regiones
Fuente: Franco Chuaire y Scartascini (2014)
Figura 2. Independencia judicial en América Latina
Fuente: Franco Chuaire y Scartascini (2014)
¿Qué se requiere para tener una justicia independiente? Como se indicaba en La Política de las Políticas Públicas, la independencia del Poder Judicial tiende a depender de, entre otros factores, “el grado de autonomía presupuestaria; el nivel de transparencia y el uso de criterios meritocráticos en el proceso de nominación de candidaturas y designación de jueces; la estabilidad en el cargo y el alcance de las facultades de revisión judicial. La independencia judicial efectiva depende también del comportamiento de otros actores, por ejemplo, de la posibilidad de que el presidente o los partidos políticos interfieran con los tribunales de manera regular.” IDB (2005, p. 91)
La independencia del Poder Judicial está determinada por la capacidad de tomar decisiones conforme a la ley y no basándose en factores políticos externos o internos. En buena hora si el gobierno argentino decide invertir seriamente en revertir la tendencia negativa en los niveles de independencia judicial, que se ha acelerado en los últimos años.
* Carlos Scartascini es Economista Principal del Banco Interamericano de Desarrollo (http://www.cscartascini.org). Las opiniones son exclusivas del autor y no deben ser atribuidas al Banco Interamericano de Desarrollo o a las autoridades que lo representan.
Ha sido un lindo regalo navideño comprobar que una tesis que siempre he sostenido en sobremesas de amigos tenga en realidad un sustento empírico en estudios serios. Excelente artículo. No sé si el autor estará de acuerdo también en que la complicada relación entre el gobierno de turno y los jueces es sólo un aspecto del problema, y para el ciudadano común y el pequeño empresario ni siquiera el más importante. Solamente en mi limitado círculo de amigos y familiares he visto muchísimos ejemplos de atrocidades cometidas por jueces y abogados, con un impacto económico que aunque sea difícil de cuantificar, sospecho que no es despreciable a nivel macro.
Existe en la Argentina una verdadera “casta” judicial (tomando una palabra puesta de moda por Pablo Iglesias en España) y ante eso se presenta un dilema interesante. Cualquier gobierno que intentara seriamente desbaratar esta trama lo tendría muy difícil respetando los principios formales de independencia judicial. Y por otra parte, un gobierno más “atrevido” podría ser más eficaz, pero soportando acusaciones de “anti-democrático”, o peor aún, fomentando una cultura de poco respeto a los jueces que es mala en el largo plazo.
De modo que la pregunta interesante no es lo que queremos que sea el poder judicial. Ahí estamos todos de acuerdo. El problema es cómo llegamos allí desde donde estamos ahora.
[…] profesional que los asesora. Tiene un servicio público capaz y basado en la meritocracia, y un poder judicial independiente. Estas capacidades son escasas en la […]