Publicado por La Tercera, 4 de diciembre de 2012
El proyecto de Ley General de Pesca enfrenta la fase final de su tramitación en el Congreso. No hay dudas de que este cuerpo legal modernizará y mejorará la gestión de los recursos marinos en nuestro país. Ahora bien, hay diversos aspectos que en el mediano plazo podrían ser críticos y que merecen una especial atención.
En primer lugar, la iniciativa legal permite que las licencias, en vez de expirar el 31 de diciembre de este año, tengan una duración de 20 años, renovables automáticamente. Esto, en la práctica, las convierte en indefinidas. En este punto, no debemos confundir un plazo largo de vigencia con el incentivo a explotar el recurso con un horizonte de largo plazo.
La prueba de que la duración no incentiva la explotación sustentable está en que las licencias actuales, que han estado en vigencia por más de 15 años, no han atenuado o resuelto el problema de la sobreexplotación de los recursos marinos. Asimismo, se ha planteado que la duración de las licencias asegura los incentivos a la inversión y el desarrollo de la pesca industrial, y que licencias más cortas incentivarán la sobreexplotación y la subinversión, debido a la incertidumbre y al menor horizonte de planificación económica y de recuperación de la inversión. Sin embargo, la realidad de muchos mercados es que, a pesar de su dinamismo y competitividad, son florecientes en inversión, creatividad empresarial y rentabilidad. Dado que el punto central de la duración es el valor económico que ésta genera, es crítico entonces preguntarse por qué el Estado, que genera el derecho sobre el cual tiene soberanía, no licita o vende directamente esas licencias y, de este modo, percibe parte del valor que ellas generan. Aunque la aplicación de un royalty le permitiría al Estado obtener parte de ese valor, la experiencia internacional en licitaciones públicas de permisos pesqueros como de uso de vías públicas, bosques, espectros de frecuencia, aseguraría un resultado aún más eficiente y equitativo para todos los actores.
En segundo lugar, se ha argumentado que la posibilidad de transferir en todo o parte las licencias aumentaría la competencia, al permitir la entrada de nuevos competidores. Aunque este es quizás uno de los aspectos más positivos de la iniciativa legal, la evidencia internacional demuestra que sería aún más beneficioso para la libre competencia licitar licencias transferibles y divisibles. En efecto, este mecanismo genera un gran valor económico y financiero de corto plazo para los tenedores, pues la autorización generará inmediatamente una demanda y un mercado secundario de licencias. Si esta autorización a transferir y dividir las licencias se hace previo a su licitación, implicará para el Estado una posibilidad concreta de percibir parte del mayor valor económico durante su vigencia.
En síntesis, para preservar el interés económico del Estado, los incentivos a la competencia, y poner los recursos pesqueros a disposición de las empresas que puedan generar el máximo valor para el país, la licitación de licencias transferibles y divisibles -cualquiera sea su duración-, junto con otros aspectos que ya contempla el proyecto de ley, apuntaría hacia un mercado más competitivo y equitativo.
