La crisis de gobernabilidad de Paraguay

La crisis política desatada en Paraguay tras los enfrentamientos violentos entre fuerzas de seguridad e integrantes de un movimiento campesinos que reclaman acceso a la tierra (los “carperos”) llegó a su punto de máxima tensión el viernes 22 de junio, día en el cual el Congreso definió la destitución del Presidente Fernando Lugo.

Se trata de un evento singular, expresión de un país cuyo sistema político arrastra una crisis de gobernabilidad de larga duración y con raíces muy profundas. Es un error  definirlo como un golpe de Estado o la versión paraguaya de una destitución ilegítima. En efecto, la crisis que vive Paraguay no puede entenderse con marcos conceptuales anacrónicos, forzados y descontextualizados, que ignoran el complejo y sinuoso camino recorrido hasta ahora por una transición a la democracia aún incompleta.

El proceso de democratización se inauguró tras largas décadas de un autoritarismo cerrado, hegemonizado por las FFAA y con la clara preeminencia del Partido Colorado. Una vez desplazado el histórico dictador Alfredo Stroessner, esta fuerza experimentó profundas divisiones y pujas facciosas que conspiraron contra la estabilidad política del país y, en consecuencia, obstaculizaron la consolidación democrática.

El hartazgo de buena parte de la sociedad paraguaya frente a la venalidad y las prácticas corruptas de su elite dirigente fue gradualmente erosionando su legitimidad y creando las condiciones para un cambio de prácticas, discursos y personal político. Así, la singular coalición encabezada por el obispo Fernando Lugo, integrada por fuerzas políticas y diversos grupos sociales, se alzó victoriosa en abril de 2008, tras imponerse en las elecciones con una importante diferencia de más de diez puntos porcentuales. De este modo, pudo lograrse un hecho clave en cualquier proceso de democratización e inédito en el proceso político paraguayo: la alternancia en el poder.

Sin embargo, esa abigarrada y gelatinosa constelación de fuerzas no logró transformarse en una coalición de gobierno que otorgara consistencia, estabilidad y previsibilidad a la gestión del presidente Lugo. En este sentido, su agenda de gobierno tendió a reflejar y responder sobre todo a las demandas de los grupos de la sociedad civil más radicalizados, en detrimento del resto de los intereses de las fuerzas que apoyaron su candidatura.

Más aún, su acercamiento a Hugo Chávez generó tensiones, resquemores e incertidumbre en los sectores más tradicionales del espectro político paraguayo, incluyendo a los principales aliados pertenecientes al Partido Liberal Radical Auténtico y a otros socios menores. La experiencia de países aliados de Venezuela, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, creó dudas y recelos respecto a los verdaderos objetivos del presidente paraguayo. Esto se reflejó en el contundente rechazo del Congreso al ingreso de Venezuela al MERCOSUR, constituyéndose en el único país que objetó la ampliación efectiva de la organización por primera vez en su peculiar y frustrante historia.

Paralelamente, los problemas personales que aquejaron a Lugo (sobre todo respecto a su conducta personal y su larga enfermedad) debilitaron su liderazgo, afectaron su legitimidad de ejercicio y generaron una gradual pero sostenida sensación de vacío de poder.

El juicio político pudo haber cumplido con los requisitos formales, pero sin dudas sorprende (y esto ha generado muchas especulaciones y sospechas de conspiraciones) la súbita rapidez con la que se resolvió. De todas formas, la contundencia del resultado es una clara expresión de la debilidad y el aislamiento que venía sufriendo desde hace tiempo el ahora depuesto presidente. Tal vez por ello aceptó inicialmente aliviado el veredicto y no han registrado incidentes o resistencias espontáneas por parte de la población.

A la hora de analizar las características y la dinámica del proceso que acabó con la destitución del presidente paraguayo, es preciso evitar las lecturas descontextualizadas, fundamentalmente aquellas en las que predominan diagnósticos que responden a visiones anacrónicas y a lecturas forzadas de conflictos que nada tienen que ver con lo ocurrido en Paraguay.

Es muy peligroso jugar con los conceptos o intentar operaciones de prensa y comunicación orientadas a resignificar conflictos domésticos como si fueran un reflejo de supuestos intentos desestabilizadores en algunos países vecinos.

Es cierto que los problemas de gobernabilidad no sólo aquejan al Paraguay. En estos días, Bolivia está una vez más conmocionada por un fuerte estado de conflictividad que comenzó con un motín policial pero que parece expandirse y complicarse, sumando otros sectores y reclamos. Más aún, mientras en Chile vuelven las manifestaciones del movimiento estudiantil, preocupa en Perú el resurgimiento de grupos guerrilleros que amenazan la seguridad en las zonas andinas donde supo predominar Sendero Luminoso. Hay tensiones, conflictos, incluso lamentables hechos de violencia que pueden escalar y generar episodios críticos. Son situaciones complejas, con causas distintas y propias de cada país: nada tienen que ver con el fenómeno golpista que predominó en la región durante buena parte del siglo pasado.

Es por eso que sería importante evitar los sesgos auto referenciales, las lecturas forzadas, las declaraciones altisonantes y las exageraciones  durante la próxima cumbre del MERCOSUR. En vez de condenar injustamente al Paraguay, desconociendo los obstáculos que enfrenta su desarrollo político democrático e inmiscuyéndose en sus asuntos interno, los líderes de la región deberían tratar de no condenarse a sí mismos a la intrascendencia y al aislamiento económico y político.

Bastantes problemas tiene el MERCOSUR, víctima del creciente proteccionismo de sus principales miembros y de su ya histórica incapacidad para solucionar controversias.

Tomar a Paraguay como una nueva y oportuna excusa para no debatir esas cuestiones, así como los problemas de gobernabilidad democrática que en efecto tienen los países de la región, puede continuar erosionando su ya alicaída legitimidad y su denostado prestigio como foro regional.

Mas aún, la mejor forma de hacer cumplir por primera vez la «cláusula democrática» es designando una comisión de notables integrada por ex presidentes de la región y expertos internacionales en fortalecimiento institucional para que recomienden cursos de acción y un mecanismo de monitoreo con publicación anual de los avances conseguidos, para promover un incremento efectivo de la calidad democrática, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sobre todo en el Paraguay, pero también en el resto de los miembros del MERCOSUR.