Por Daniel Gómez Gaviria, Subdirector General Sectorial, Departamento Nacional de Planeación
Introducción
La pandemia del COVID-19 llegó oficialmente a Colombia el 6 de marzo de 2020, con la identificación en su territorio del primer paciente. Pocos días después, el 22 de marzo, el Gobierno declaró el primer aislamiento preventivo obligatorio, el cual limitó la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional como una medida para evitar la propagación de la enfermedad y proteger la salud de los colombianos.
La afectación a la salud de la población por COVID-19, las medidas de autocuidado, y las medidas de contención implementadas por el Gobierno se convirtieron en choques que afectaron el funcionamiento normal de la economía. El primer choque fue sobre la salud de los trabajadores y los hogares, con lo cual se redujeron los salarios pagados (por ausencias laborales y menos horas trabajadas) y el consumo privado (por temor a salir a la calle y aislamiento voluntario). El segundo choque fue dado a través del cierre parcial o total de los negocios, con impactos diferenciales sobre los sectores productivos y los tipos de empresas. Las finanzas públicas sufrieron un impacto negativo doble, debido a que los ingresos por impuestos cayeron y los egresos para mitigar la crisis económica y de salud aumentaron.
A pesar de que se ha avanzado en la creación y la puesta en marcha de instrumentos de política pública en materia de salud, protección social, apoyo al sector productivo y finanzas públicas –los cuales fueron expuestos en el documento de política pública CONPES 3999–, el país, al igual que el resto del mundo, ha entrado en una crisis económica y social sin precedentes en la historia reciente. A manera de ejemplo, la tasa de desempleo pasó de 12,2 % en febrero de 2020 a 21,4% en mayo y el crecimiento del PIB durante el segundo trimestre de 2020 fue de -15,7% en comparación con el mismo periodo de 2019.
El objetivo general de la Política para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente es desarrollar capacidades en los hogares, el sector productivo y el gobierno para que, en el corto plazo, el país pueda retomar la ruta de desarrollo que estaba recorriendo cuando fue golpeado por la COVID-19 y que, en el largo plazo, transite hacia un crecimiento más sostenible e incluyente que además tenga la habilidad para responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto.
En este orden de ideas, la Política la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente contempla acciones en diferentes frentes para generar soluciones que sean integrales, complementarias entre sí y con efectos duraderos en el tiempo. Dichos frentes son: hogares, con acciones encaminadas a vacunar a la población y lograr inmunidad al Covid-19, acciones encaminadas a reducir el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad económica de los hogares y mitigar la desacumulación de capital humano que ha acentuado la pandemia; sector productivo, con acciones para reforzar su capacidad para transitar hacia una producción más sostenible y sofisticada, creando empleo e internacionalizándose; Gobierno, con acciones para reforzar las capacidades institucionales necesarias para responder efectivamente a un proceso de reactivación; y, finalmente, el desarrollo digital, con acciones para acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales.
¿Por qué una política pública de reactivación, en qué consiste, y cómo se construye en Colombia?
La pandemia del Covid llegó a Colombia y cómo en todo el mundo, obligó al gobierno a dar una respuesta inmediata y urgente en una situación de incertidumbre y de falta de información. Requería celeridad, pero a la vez planeación. En Colombia, las decisiones de política pública más importantes, que requieren coordinación y articulación entre varias entidades del gobierno, se diseñan y aprueban en el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante documentos de política con sus planes de acción y estrategias. En la coyuntura de la pandemia, la construcción de la política de respuesta inmediata se hizo en paralelo con su implementación resultando en el Conpes 3999.[1] Esta política de respuesta inmediata, además de consolidar todas las medidas de respuesta que se tomaron durante los primeros meses de la pandemia, incluyó acciones de revisión y monitoreo de las medidas, y la puesta en marcha del esquema PRASS (Pruebas, Rastreo, Asilamiento Selectivo y Sostenible), una de las medidas claves para el proceso de reactivación.
La Política de Reactivación en la que trabaja el gobierno de Colombia y que será presentada al Conpes, construye sobre esta política de respuesta inmediata. El proceso incluyó un proceso de participación ciudadana, del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil y del gobierno sin precedentes. El propósito no sólo era poder identificar en conjunto las acciones y estrategias necesarias para la reactivación, sino también alinear a todos los actores de la sociedad en torno a una visión compartida de lo que deberíamos lograr con la reactivación: no solo retornar a la senda de desarrollo que traíamos antes de la pandemia, sino superarla con crecimiento más sostenible y más incluyente.
El proceso de construcción de la política involucró más de 22 mesas de trabajo con más de 500 participantes y haciendo uso de metodologías y tecnologías para construcción colectiva desde la virtualidad. Además de las mesas de trabajo, se recibieron propuestas mediante formularios en línea resultando en un primer borrador publicado para comentarios. Este primer borrador desencadenó una conversación nacional en torno a reformas fundamentales para consolidar una reactivación sostenible e incluyente que a su vez respondiera a retos estructurales de la economía colombiana que se reflejan en altos índices de informalidad y desempleo y una incipiente participación en cadenas globales de valor. En este sentido, el gobierno lanzó durante la pandemia la Misión de Empleo y la Misión de Internacionalización, ejercicios de análisis y reflexión de políticas con miras a formular recomendaciones de corto, mediano y largo plazo.
La política de reactivación en proceso de construcción incluye entonces un objetivo dual de corto plazo enmarcado en una visión de largo plazo. Identifica acciones y estrategias enfocadas en hogares, empresas y gobierno, apalancadas en un habilitador transversal: el desarrollo digital. La estrategia complementa las líneas de política y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con una visión de integralidad en la respuesta para cada actor de la sociedad. En el eje de hogares el plan integral de protección y fortalecimiento de capacidades de hogares se orienta hacia, habilitación digital con énfasis rural y apropiación en educación, fortalecimiento de la educación superior y capital humano, protección de ingresos. El plan integral de reactivación del sector productivo se orienta hacia inversión en infraestructura, mejoras en productividad y sostenibilidad. La política de fortalecimiento de las capacidades del Gobierno constituye una apuesta por la digitalización, la transparencia, el fortalecimiento de las finanzas públicas. Finalmente, el habilitador digital busca avanzar en la conectividad y apropiación de tecnologías digitales en todo el país.
Algunas de las estrategias de la política en cada uno de estos pilares, producto de un diálogo estructurado entre gobierno, y sociedad civil, además de los aportes y propuestas comprehensivas coordinadas desde el Consejo Gremial y el Consejo Privado de Competitividad se listan a continuación.
Hogares
- Integrar la información de la Plataforma de Transferencias Monetarias, el Expediente Único y el Registro Social de Hogares.
- Actualización socioeconómica de los hogares y promoción del registro de hogares nuevos en el Sisbén para ampliar el Registro Social de Hogares.
- Implementar el programa de mejoramientos de vivienda de interés social rural.
- Diseños curriculares orientados hacia sectores estratégicos para la reactivación, las necesidades de los empresarios y el crecimiento limpio en el país.
- Diseñar e implementar una estrategia de seguimiento y búsqueda activa a niños, niñas y adolescentes que no se reincorporen a sus procesos educativos a causa de la pandemia.
- Gestión de los recursos y diseño de la estrategia para la compra y uso de la vacuna contra el COVID-19
Empresas
- Ajustes al Régimen Simple de Tributación que amplíen beneficios para quienes hoy no es atractivo.
- Fácil acceso de micro y pequeñas empresas a los proceso de contratación pública.
- Instrumento normativo para superar cuellos de botella en procesos de consulta previa
- Ampliación de Fábricas de Productividad y la plataforma Compra Lo Nuestro.
- Expansión regional de los Centros de Transformación Digital para apoyar a 20.000 empresarios.
- Asistencia técnica a mipymes para el cumplimiento de estándares de calidad.
- Nueva línea para la refinanciación de pasivos y mejores garantías para micro y pequeñas empresas (al 90%) y medianas empresas (80%)
- Más capital de riesgo en el Fondo de Fondos, nueva línea de crédito directo para pymes y mejores condiciones de créditos de redescuento
- Lineamientos para la estructuración y priorización de proyectos con participación privada.
- Desarrollo productivo sostenible en la ruralidad: seguridad jurídica y fomento del servicio de extensión agropecuaria.
- Impulso a la transición energética.
Gobierno
- Plataforma de intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas de atención a la crisis generada por el COVID-19 y de las medidas tomadas para la reactivación económica y social, que permita construir soluciones conjuntas entre los actores institucionales y la ciudadanía a los problemas que obstaculicen el proceso de reactivación.
- Implementar una estrategia de dinamización de los proyectos de impacto regional para la reactivación.
- Plan de mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información con el fin de anticipar los cambios atípicos en la ocurrencia del delito y los comportamientos contrarios a la convivencia.
- Incrementar las capacidades de análisis de datos en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a través de big data, inteligencia artificial y análisis econométricos.
Habilitadores digitales
- Realizar un estudio sobre la viabilidad de implementación de tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales como soluciones al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de apoyar la conectividad de las zonas rurales y apartadas del país, en beneficio de la población pobre y vulnerable, y de forma complementaria a las estrategias de despliegue de infraestructura y redes de telecomunicaciones vigentes.
- Diseñar e implementar un modelo metodológico y operativo de acompañamiento a entidades públicas para la adopción de soluciones Govtech que le permitan al Estado mejorar y facilitar la provisión de servicios públicos, impulsar proyectos de gestión pública y robustecer su infraestructura digital.
- Identificar y gestionar oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar el diseño e implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, atendiendo los objetivos de Política Exterior.
Plan de Inversiones Compromiso por Colombia
- Articulado con las líneas de política, el plan incluye 26 programas y 487 proyectos de inversión por un total de 163 billones de pesos.
Los instrumentos de política pública en Colombia, desde el Plan Nacional de Desarrollo pasando por los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, serán instrumentales para poder seguir respondiendo a crisis como la del Covid. Esta coyuntura, como otras en el pasado, son una oportunidad de sacarle el máximo provecho a los Conpes como herramientas de diseño e implementación de política con visión de largo plazo, y como instrumentos de coordinación y articulación para una acción de política efectiva y eficiente. Con la implementación de la política entre 2021 y 2025 buscamos volver a crecer. Y crecer mejor: con sostenibilidad y equidad.
[1] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3999.pdf
