En estas semanas hemos visto la peor cara del parlamentarismo de facto. Si bien nuestra Constitución establece —y no por capricho— que distintas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente, una vez más el Parlamento ha decidido tomar el camino propio y reformar la Constitución para poder saltarse las reglas fijadas en ella. Bajo el repetido lema “el gobierno siempre llega tarde y lo que entrega es insuficiente” —sin especificar qué sería suficiente y qué sería a tiempo—, el Congreso nuevamente está discutiendo un segundo retiro “excepcional y solo por una vez” de los fondos ahorrados en las cuentas individuales previsionales.
La mayoría de los parlamentarios en la Cámara de Diputados ya han votado a favor, mientras que otros —en el Senado— ya han dicho que lo harán a pesar de que no están de acuerdo con la medida, amparándose en el “no me queda otra que votar a favor de algo que no me gusta”. Curioso, viniendo de parlamentarios que hoy están legislando sin ninguna restricción presupuestaria ni constitucional y que, por ende, están legislando a partir de una hoja en blanco y perfectamente podrían aprobar una reforma con la que sí estuviesen de acuerdo.
¿Será por falta de creatividad que le pidieron al Ministerio del Trabajo y al de Hacienda que haga una propuesta alternativa, pero que permita un segundo retiro? ¿O es simplemente no atreverse a proponer algo completo, integral, que incluya también las medidas menos populares, pero que hagan viable y responsable una propuesta?
La peor cara del parlamentarismo es la pretensión de serlo solo para lo populista y desentenderse de la responsabilidad de solucionar los problemas. En un sistema parlamentario, como el que desde el Congreso se quiere instalar, hay que hacer la pega completa. El derecho a tener iniciativa en materias que hoy en nuestro ordenamiento jurídico son de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República va de la mano con hacerse cargo de los efectos de esas medidas. Y también, y pido disculpas por decir lo que es obvio, señalar de dónde provendrán los recursos fiscales del caso.
Pero nuestra versión criolla de parlamentarismo quiere funcionar con un solo lado del embudo político: recibir los aplausos por permitir un nuevo retiro y que otros vean qué hacemos con un sistema de pensiones del que las personas habrán retirado en promedio 56% de lo ahorrado, y más de 4 millones con ahorro cero.
El deber de señalar de dónde provendrán los recursos fiscales para financiar el mayor costo que le implica al Estado, es decir, a todos los que pagamos impuestos en Chile, brilla por su ausencia. Los aproximadamente US$ 10.000 millones en menor recaudación fiscal que significan los retiros libres de impuesto, así como el mayor desembolso de recursos fiscales para apoyar desde el Pilar Solidario a los que queden sin ahorro previsional, son “detalles” que no interesan al parlamentarismo de facto. Solo para tener un orden de magnitud y poner en perspectiva lo que dichos gastos representarán, que se tenga presente que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entregó en total de US$ 3.400 millones a casi tres millones de hogares. Lo que hoy se impulsa desde el Congreso le costará al país varias veces esa cantidad.
Más allá de los lugares comunes, el debate sobre a quiénes realmente se necesita apoyar con alguna medida —lo que automáticamente implica acotar el alcance de este retiro— también brilla por su ausencia.
Algunos pretenden justificar su voto a favor con la falacia de que “dado que ya se terminó el programa de apoyo del Ingreso Familiar de Emergencia y el Gobierno no ha propuesto nada nuevo”, se requiere un nuevo retiro. La verdad es que este nuevo retiro le puede “servir” a cualquiera, menos a las personas apoyadas por el IFE, en general de ingresos informales, con nulos o muy bajos ahorros previsionales que ya retiraron y para las que un segundo retiro es completamente irrelevante.
Los que repiten el lugar común de que “esta crisis ha sido tan severa que todo ha sido insuficiente”, para justificar que el retiro sea universal y sin restricciones, se deben hacer cargo de que el 57% de las personas que podrán realizar un segundo retiro son personas que no han sufrido una baja en sus ingresos producto de la pandemia.
Un conspicuo economista de la plaza me decía que, más que el resultado del plebiscito del 25 de octubre, para el futuro institucional del país sería más relevante la discusión relativa al segundo retiro para efectos de poder evaluar la seriedad, profundidad y responsabilidad de nuestros políticos. Tenía toda la razón. Hoy, incluso saltándose la Constitución, habiéndose dado su propia “hoja en blanco”, solo una pequeña minoría está dispuesta a hacerse responsable y cargo del problema en serio. El resto prefiere jugar al parlamentarismo y que Moya se haga cargo del problema.
