Arlen Guarín, Candidato a Ph.D. en Economía, UC Berkeley
Juliana Londoño Vélez, Becaria postdoctoral de NBER y Profesora Asistente de Economía en UCLA
Por estos días se discute mucho acerca de la paz y el posconflicto en Colombia. Sin embargo, poco se ha hablado sobre las indemnizaciones otorgadas a las víctimas del conflicto armado, esto es, las transferencias monetarias que buscan compensar o “reparar” a las víctimas que los guerrilleros, paramilitares y el mismo Estado colombiano han dejado. Y es que lo que está ocurriendo es una transformación silenciosa pero trascendental en el país: en la última década, el gobierno—tanto el de Uribe, como los de Santos y Duque—ha entregado indemnizaciones a casi un millón de víctimas y se aspira a seguir indemnizando a unos 6 millones más en los próximos años. Es decir, 1 de cada 7 colombianos habría de recibir indemnizaciones, más que cualquier otro programa de reparaciones a víctimas en el mundo. Los montos, de un solo pago, son grandes: de hasta 40 salarios mínimos mensuales (unos 10 mil dólares por persona). A junio de 2019, un total de 6,2 billones de pesos—léase bien, 6,2 millones de millones de pesos o casi el 1% del PIB—habrían sido invertidos en indemnizaciones individuales, según la Unidad para las Víctimas (2019), la entidad encargada de coordinar este titánico esfuerzo.
¿Qué impacto están teniendo estas indemnizaciones sobre las víctimas del conflicto armado colombiano y sus hogares? En este blog les resumiremos los resultados de nuestra investigación. (En un siguiente blog, les contaremos sobre los efectos agregados y de equilibrio general que los pagos están teniendo en los municipios de las víctimas indemnizadas.)
Pero antes, un breve repaso sobre el conflicto colombiano y las indemnizaciones monetarias a las víctimas. Alrededor de 8,9 millones de colombianos están inscritos hoy en el Registro Único de Víctimas. Casi 8 millones de ellos son víctimas de desplazamiento forzado; el mayor número de desplazados en el mundo, con la reciente excepción de Siria (UNHCR, 2019). El resto de las víctimas son familiares de víctimas de homicidio o desaparición forzosa, personas con discapacidad (por ejemplo, por la explosión de una mina antipersonal), o víctimas de reclutamiento de menores, secuestro, violación, entre otros.
En el 2009, el Estado colombiano comenzó a entregar algunas indemnizaciones monetarias a víctimas del conflicto tras la firma del Decreto 1290/2008. No obstante, no fue sino hasta la Ley de Víctimas en el 2011 que Colombia emprendió un esfuerzo sin precedentes por reparar a casi todas las personas victimizadas por el conflicto desde enero de 1985 (la Ley incluye también una serie de medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición, además de atención y asistencia que no discutiremos acá.) La implementación de la Ley de Víctimas disparó el número de indemnizaciones entregadas, con más de 583 mil víctimas recibiendo las transferencias monetarias desde enero de 2012 (Figura 1).
Figura 1: Indemnizaciones por trimestre de entrega
Nota: Las indemnizaciones a las víctimas menores de edad se depositan en un encargo fiduciario y no están incluidas en esta figura.
Estas indemnizaciones son cuantiosas, si se compara con el ingreso medio de quienes las perciben. Su monto ha sido, en promedio, de más de 11 salarios mínimos mensuales por persona o casi 34 salarios mínimos por hogar. Según datos del SISBEN, el ingreso mensual promedio del hogar de una víctima en el 2010—un año antes de que se firmara la Ley de Víctimas—era de 75% de un salario mínimo, lo que implica que la indemnización equivale al ingreso que el hogar recibiría en más de 3 años, a todas luces un monto importante para esta población tan vulnerable.
Dos condiciones nos facilitan la identificación del impacto de las indemnizaciones sobre las víctimas—por ejemplo, el impacto sobre la probabilidad de que algún miembro de su hogar acceda a la universidad. Primero, utilizamos la gran variación existente en la fecha de entrega de las indemnizaciones (reflejada en la Figura 1), pues el Estado no tiene la capacidad ni financiera ni operativa para compensar al mismo tiempo a los más de 7 millones de víctimas elegibles. Segundo, las víctimas no pueden anticipar el momento del desembolso, pues la fecha de entrega les es desconocida. Esto nos garantiza que, por ejemplo, no deciden ingresar a la educación superior porque anticipan obtener el dinero al año siguiente. En efecto, para muchas víctimas, la notificación de la cita para recibir la carta de indemnización las tomó por sorpresa e incluso la consideraron una simple cuestión del “azar” (Sikkink et al., 2015).
Estimamos el impacto causal de las indemnizaciones sobre las víctimas y sus familiares con la metodología de estudio de eventos. Comparamos resultados entre las víctimas que recibieron la indemnización (“tratados”) y aquellas que aún no han recibido la indemnización (“controles») antes y después de su entrega (el “evento”). Al igual que el modelo de diferencias en diferencias, el supuesto econométrico de identificación es que, de no haber sido por la indemnización, los resultados del grupo de los “tratados” habrían evolucionado de forma similar al de los “controles”—es decir, sus tendencias hubieran sido paralelas (lean acá un excelente ejemplo práctico de cómo funcionan los estudios de eventos y los modelos de diferencias en diferencias). Verificamos que, antes de la fecha de entrega, las tendencias sean paralelas con la diferencia entre los dos grupos cercana a cero y no estadísticamente significativa.
Para realizar esta investigación, utilizamos una gran variedad de datos administrativos del Estado colombiano. Comenzamos con el universo de víctimas elegibles para recibir las indemnizaciones en la base de la Unidad para las Víctimas y observamos sus características socio-demográficas en las bases de SISBEN del Departamento de Planeación Nacional. En este blog, nos enfocaremos en cinco resultados principales: (i) el acceso y uso de crédito, los cuales medimos con el formato 341 de la Superintendencia Financiera de Colombia; (ii) el acceso y permanencia en la educación superior, los cuales medimos con la base SPADIES del Ministerio de Educación Nacional; (iii) la maternidad adolescente, la cual medimos con la base de Estadísticas Vitales del DANE; (iv) el empleo formal, el cual medimos con la base PILA del Ministerio de Salud y Protección Social; y (v) el emprendimiento formal, el cual medimos con la base del Registro Único Empresarial y Social de Confecámaras.
¿Qué hicieron las víctimas con el dinero de su indemnización? Comencemos estudiando cómo se afecta el consumo típico de la clase media: el crédito hipotecario, el uso de la tarjeta de crédito y el crédito de vehículos. La Figura 2 muestra el saldo del crédito hipotecario, es decir, cuánto una víctima debe en un crédito hipotecario para la vivienda. Si bien éste es similar entre “tratados” y “controles” antes de la indemnización (fecha 0), el saldo aumenta con la entrega de la misma. Seis trimestres después de recibir la indemnización, el saldo del crédito hipotecario es un 14,9% mayor, lo que sugiere que las víctimas utilizan su indemnización para comprar vivienda a través de un crédito hipotecario.
Figura 2: Saldo del crédito hipotecario antes y después de recibir una indemnización (%)
Nota: La figura incluye ceros para las personas que no tienen crédito de vivienda.
Los datos también sugieren que las víctimas pagan sus deudas de su tarjeta de crédito al recibir la indemnización: la probabilidad de tener un saldo positivo en la tarjeta de crédito cae inmediatamente en un 7,6%. Las víctimas también utilizan la indemnización para comprar un vehículo (automóvil o motocicleta): la probabilidad de obtener un crédito de vehículo aumenta en casi un 25% tres trimestres después de recibir la indemnización.
Pero lo realmente interesante es que las víctimas hacen más que sólo pagar deudas y aumentar su consumo de bienes durables (vehículo, vivienda) con la indemnización; este dinero tiene además un impacto positivo en la reconstrucción de sus proyectos de vida.
Las víctimas invierten la indemnización en mejorar su ingreso y permanencia en la educación superior. La Figura 3 muestra la probabilidad de que un miembro (edades 15 a 25) del hogar de una víctima esté matriculada en la universidad, antes y después de que alguien en su hogar reciba la indemnización: esta probabilidad aumenta inmediatamente gracias al pago y sigue incrementando hasta llegar a un 19,2% mayor dos años después de la indemnización. El efecto es particularmente inmediato en las mujeres, lo que a su vez explica en parte por qué vemos una caída significativa en la maternidad adolescente—es decir, la probabilidad de que una mujer menor a 20 años tenga un hijo—unos 9 meses después de recibir la indemnización. Este es un resultado importante dado que el embarazo adolescente es un factor determinante en la trampa de la pobreza (Azevedo et al., 2015) y que las decisiones de fertilidad son claves en la literatura de empoderamiento (empowerment) y pueden transformar la vida de las mujeres en el largo plazo.
Figura 3: Probabilidad de estar matriculado en una universidad antes y después de recibir una indemnización (%)
Las víctimas también utilizan la indemnización para comenzar un nuevo negocio o, si ya tienen una empresa, fortalecerla. Un trimestre después de recibir la indemnización, la creación de empresa formal—medida como la probabilidad de obtener el registro mercantil que otorgan las Cámaras de Comercio en el país—aumenta en un 39%. Esto sugiere que el dinero alivia las restricciones de liquidez y acceso al crédito, y ayuda a que las víctimas puedan pagar los costos de emprender un negocio (ver también Vallejo, 2019). Igualmente, les sirve como una infusión de capital para fortalecer sus negocios formales de manera que éstos les generen ingresos de forma sostenible. En particular, la probabilidad de tener la matrícula activa el año en que reciben la indemnización aumenta en un 14,7% (Figura 4). Este efecto permanece positivo y significativo con el tiempo: aún tres años después de haber recibido la indemnización, sigue siendo un 12,8% mayor.
Figura 4: Probabilidad de tener una matrícula activa en la Cámara de Comercio antes y después de recibir una indemnización (%)
Por último, encontramos que las indemnizaciones inciden sobre la voluntad de las quienes las perciben de emplearse en el sector formal. Detectamos una modesta caída de 2,1% en la probabilidad de ser un asalariado formal. Esta caída permanece significativa incluso un año y medio después de haber recibido la indemnización (Figura 5). El bajón está liderado por hombres, especialmente aquellos menores a 40 años, que dejan de trabajar en puestos de mediano y alto riesgo en el sector privado. Este resultado no ha de sorprendernos, dado el gran aumento que documentamos previamente en el acceso y permanencia en la educación superior y el mayor emprendimiento de empresas productivas gracias a los recursos de la indemnización.
Figura 5: Probabilidad de ser asalariado formal antes y después de recibir una indemnización (%)
Así las cosas, los resultados sugieren que, en promedio, las víctimas utilizan los recursos de la indemnización para reconstruir sus proyectos de vida. Las indemnizaciones parecen estar impactando positivamente sus condiciones de vida, tanto estimulando una mayor acumulación de capital humano, como un menor embarazo adolescente y un mayor emprendimiento productivo.
Los resultados de la experiencia colombiana con la reparación a las víctimas del conflicto contribuyen a dos literaturas académicas. La primera es sobre la efectividad de los programas de construcción de paz y recuperación en países que han sufrido un conflicto (ver, por ejemplo, de Greiff, ed, 2006; Díaz, ed, 2008; Pham et al., 2016; Vallejo, 2019; Vargas et al., 2019). Nuestro trabajo constituye la primera evaluación cuantitativa de este tipo de programas de indemnizaciones a víctimas; el caso colombiano siendo el programa de reparaciones más grande del mundo. La segunda literatura es sobre la efectividad de las transferencias condicionadas y no condicionales en países en vía de desarrollo como herramientas para superar la pobreza (ver, por ejemplo, Blattman y Dercon, forthcoming; de Mel et al., 2012; Handa et al., 2018; Haushofer y Shapiro, 2016; Haushofer et al., 2017).
Más allá de la contribución a la literatura académica, nuestros resultados son noticias importantes para la discusión en Colombia sobre la paz y el posconflicto en el país. La singularidad del caso colombiano, al compararse con otros programas de reparaciones en el mundo, es que repara a las víctimas en medio de un conflicto. Y sin embargo el programa está transformando la vida de muchas víctimas en el país. Es menester de todos nosotros estudiar los impactos, discutirlos y apoyar al Estado colombiano en su esfuerzo colosal por reparar a quienes han sufrido por el conflicto.
Referencias:
Azevedo, J.P., M. Favara, S.E. Haddock, F. Lopez-Calva, M. Muller y E. Perova, Teenage Pregnancy and Opportunities in Latin America and the Caribbean: On Teenage Fertility Decisions, Poverty and Economic Achievement, World Bank, 2012.
Blattman, C. y S. Dercon, “The Impacts of Industrial and Entrepreneurial Work on Income and Health: Experimental Evidence from Ethiopia,” American Economic Journal: Applied Economics, forthcoming.
de Greiff, P., ed., The Handbook of Reparations, Oxford University Press, 2006.
de Mel, S., D. McKenzie y C. Woodruff, “One-Time Transfers of Cash or Capital Have Long- Lasting Effects on Microenterprises in Sri Lanka,” Science, 2012, 335 (6071), 962–966.
Díaz, C., ed., Reparaciones para las Víctimas de la Violencia Política: Estudios de Caso y Análisis Comparado, Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2008.
Handa, S., L. Natali, D. Seidenfeld, G. Tembo y B. Davis, “Can Unconditional Cash Transfers Raise Long-Term Living Standards? Evidence from Zambia,” Journal of Development Economics, 2018, 133, 42–65.
Haushofer, J. Y J. Shapiro, “The Short-Term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor: Experimental Evidence from Kenya,” The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131, 1973– 2042.
Haushofer, J., E. Miguel, P. Niehaus, y M. Walker, “General Equilibrium Effects of Cash Transfers in Kenya,” 2017. AEA RCT Registry. Diciembre 19.
Pham, P.N., P. Vinck, B. Marchesi, D. Johnson, P. Dixon y K. Sikkink, “Evaluating Transitional Justice: The Role of Multi-Level Mixed Methods Datasets and the Colombia Reparation Program for War Victims,” Transitional Justice Review, 2016, 1 (3).
Sikkink, K., P. Pham, D. Johnson, P. Dixon, B. Marchesi, F. Osuna, P. Vinck, A. M. Rivera, F. Osuna y K. Culver, “Evaluación de medidas para reparaciones integrales en Colombia: Logros y Retos,” 2015.
Unidad para las Víctimas. “Boletín Fichas Estadísticas”. Corte 30 de Junio de 2019.
UNHCR, “Global Trends: Forced Displacement in 2018,” 2019.
Vallejo, C., “Economic Reparations, Entrepreneurship, and Post-Conflict Development: Evidence from Colombia,” 2019. Documento de Trabajo.
Vargas, J.F., M. Rounseville, J.L. Silva, D. Ortiz y A. Hathaway, “The Twists and Turns in the Road to Justice in Colombia,” 2019. Documento de Trabajo.
