La corrupción es uno de los problemas más graves que deben enfrentar los países en américa latina. El escándalo de corrupción de Lava Jato, que abarca operaciones en 13 países de Latinoamérica, ha mostrado los niveles de corrupción que debemos enfrentar. La corrupción tiene un efecto negativo en la economía de los países, que se ve reflejado en el deterioro de la asignación eficaz del gasto público, la generación de costos de transacción adicionales, lo que conlleva a un desaliento de la inversión privada, y afecta negativamente la productividad. Este impacto negativo de la corrupción en el crecimiento económico de los países ha sido ampliamente examinado de manera empírica.
Como resultado de la corrupción se debilita la confianza de los ciudadanos en el estado y en la democracia. De acuerdo al Informe Latinobarómetro 2017, la corrupción es el cuarto problema más importante que los países deben enfrentar, y en algunos países, como Brasil y Colombia, es considerada el problema principal. De las instituciones, son las instituciones de la democracia en las que los latinoamericanos menos confían. Así, “la desconfianza es producto de las desigualdades que la democracia no ha desmantelado. La expectativa que pesa hoy sobre la democracia, es el desmantelamiento de esas desigualdades” (Latinobarometro, 2015)[1]. La falta de confianza en el Estado y en las instituciones democráticas debilita la gobernabilidad de un país. Por ello, el promedio de satisfacción con la democracia en Latinoamérica es del 30%. Los países que lideran son Uruguay y Nicaragua con 57 y 52% respectivamente y al final de la tabla Colombia con 17%, Peru con 16%, El Salvador con 15% y Brasil con 13%. El 75% de los latinoamericanos considera que se gobierna para unos pocos grupos poderosos[2]
En el caso peruano, no sorprende la poca confianza que tienen los peruanos respecto al Poder Judicial (18%), gobierno (18%), Congreso (13%) y partidos políticos (11%)[3]. Estas cifras son previas a la develación de los audios que originaron la caída del Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski, en donde se puede escuchar a un ministro de estado y asesores del presidente ofrecer la adjudicación de obras de infraestructura con el consabido 10% para el congresista, con el objetivo de que vote en contra de la vacancia presidencial.
Para poder entender el impacto de la corrupción en la economía de un país debemos primero empezar por entender qué es la corrupción. Una definición general considera que la corrupción es la utilización de un cargo en beneficio propio, sea mediante soborno o la extorsión, en donde además del funcionario público interviene una tercera persona, la beneficiaria de los privilegios. Un segundo tipo, es aquel donde el funcionario público actúa de manera individual, como el fraude y la malversación de fondos.
Para un 59% de la región la igualdad ante la ley, o el trato igual, que se ve reflejada en igualdad de acceso a las instituciones, es considerado como la principal generadora de confianza[4], mientras que el segundo problema es la ausencia de cumplimiento de promesas de gobierno. El primero está directamente vinculado con la persistencia de instituciones no inclusivas y sociedades cerradas (North et al. 2009)[5] y el segundo a la falta de aplicación de los pesos y contrapesos y la rendición de cuentas.
La corrupción no afecta exclusivamente a los países en desarrollo. En países desarrollados existen actos de corrupción, sin embargo el diseño de las instituciones y los incentivos encarecen la corrupción, lo que hace que estos ocurran en mucha menor medida. Adicionalmente, la sociedad es más reacia a tolerar la corrupción por lo que una vez descubierta, exigirán que los responsables sean sancionados. En el caso de Latinoamérica, donde la corrupción es sistémica, la probabilidad de detección y de sanción por corrupción es baja. Esta falta de detección/sanción termina siendo un incentivo perverso para que la corrupción siga aumentando. Es así como, los costos de transacción generada por la pequeña corrupción (petty corruption) son asumidos por ciudadanos y empresas con la idea equivocada de que ésta les ahorra tiempo en la obtención de permisos y licencias o en la solución de conflictos, eludiendo trámites engorrosos y sistemas jurídicos ineficaces. Diversos estudios consideran que es precisamente la corrupción la que promueve la creación de nuevas y más excesivas regulaciones, convirtiéndose en un círculo perverso (Carr et al, 2004[6], Gray et al. 1997)
Además de aumentar los costos de transacción, la corrupción genera incertidumbre e inestabilidad, alejando a las empresas del sector formal, menoscabando los ingresos del estado y reduciendo su capacidad en la prestación de servicios. Todo ello terminaría generando un círculo vicioso de aumento de la corrupción y actividad económica informal. Así, la corrupción se convierte en un impuesto a la inversión.[7]
Otro de los impactos negativos de la corrupción es que promueve la creación de regulaciones excesivas pero que son a la vez discrecionales. Y esta discrecionalidad de los funcionarios públicos genera oportunidades para la corrupción. En un escenario donde los sueldos de los funcionarios públicos son bajos, la amenaza de perder el empleo apenas tiene efecto disuasorio.
Una publicación reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza el uso de la tecnología como herramienta para reducir la burocracia, y con ella la incidencia de corrupción. Las burocracias estatales pueden imponer procedimientos complejos que requieren de un sinnúmero de aprobaciones y autorizaciones, lo que lleva a la multiplicación de las oportunidades para que ocurran actos de corrupción, sobre todo cuando los trámites deben realizarse en persona. La automatización de los trámites puede reducir este problema al limitar el contacto entre el usuario del servicio y el funcionario público. Ello, además de limitar la corrupción, puede favorecer la competitividad y la satisfacción del usuario del servicio, lo que a su vez podría resultar en una mejora de la confianza en las instituciones. [8]
Por otro lado la política de Datos Abiertos (Open Data) es una herramienta que favorece la rendición de cuentas y mejora la toma de decisiones y la transparencia. Cuando los ciudadanos tienen acceso a la información sobre el uso y destino de los fondos públicos, se acortan y limitan las zonas de riesgos. Más aun, el acceso a la información empodera a los ciudadanos y tiende a mejorar la satisfacción de estos con la prestación de servicios públicos[9]
En semanas recientes, un nuevo escándalo de corrupción ha remecido el Perú, esta vez vinculado al sistema de administración de justicia, que incluye tanto al Ministerio Publico (Fiscalía) como al Poder Judicial (cortes). Los audios donde se transparentan los acuerdos bajo la mesa, los cobros por reducir las penas para delincuentes, y la repartija de los puestos en la judicatura, han sorprendido a una sociedad ya bastante acostumbrada a los casos de corrupción. Ello ha mostrado la necesidad de una reforma integral del sector, y el uso de la tecnología podría ser clave para lograr aumentar la transparencia y mejorar la fiscalización de los tribunales. La transparencia en el nombramiento de jueces, haciendo publica no solo el proceso de selección y evaluación de los jueces, sino la lista de sus bienes, intereses, redes profesionales y personales, así como los vínculos de los jueces, podría ser un filtro adicional que permita que sean los mismos candidatos con pasados dudosos lo que decidan mantenerse fuera de la judicatura.
Siendo que la corrupción es considerada por los ciudadanos latinoamericanos como uno de los principales problemas que deben enfrentar, los hacedores de políticas públicas e investigadores están llamados a estudiar y analizar mecanismos que logren encarecerla. En ello, la tecnología aparece como una herramienta importante para desincentivar la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas.
[1] Latinobarometro, 2015 “La Confianza en América Latina 1995-2015”, Corporación Latinobarometro, Santiago de Chile.
[2] Latinobarómetro “Informe 2017” Corporación Latinobarometro, Santiago de Chile.
[3] Ibidem
[4] Ibidem
[5] North, Douglas, JJ Wallis, B Weingast (2009) “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework.” Cambridge University Press
[6] Carr, Indira and Robert Jago, 2004 “Petty Corruption, Development and Information Technology as an Antidote” The Commonwealth Journal of International Affairs Volume 103, 2014 – Issue 5 pgs. 465-482
[7] Gray, Cheryl, y Daniel Kaufmann, “Corrupción y Desarrollo” Finanzas & Desarrollo / Marzo de 1998, pgs 7-10
[8] Noveck, Beth Simone, Kaitlin Koga, Rafael Aceves, Hanna Deleanu y Dinorah Cantu-Pedraza (2018) “Smarter Crowdsourcing for Anti-corruption” Inter-American Development Bank, Washington DC
[9] Ibidem
