Vivimos en la región más violenta del mundo. En un estudio reciente, Muggah y Aguirre (2018) nos muestran cifras contundentes y preocupantes. Aunque en Latinoamérica residimos únicamente el 8% de la población mundial, el 30% de los homicidios ocurren en nuestra región. No es sorprendente por tanto que de los 20 países con mayores tasas de homicidio del mundo 17 están en Latinoamérica; o que, de las 50 ciudades más violentas, 47 están en nuestra región. Varias investigaciones han tratado de explicar este fenómeno y entre las respuestas más frecuentes se encuentran las bandas criminales, el tráfico de drogas y la falta de oportunidades de los jóvenes que se enfrentan a poca y baja calidad educativa y escasas oportunidades laborales. El mismo estudio propone que, para disminuir estas elevadas tasas de crimen en la región deben implementarse acciones en diez frentes distintos. El tercero de estos frentes es la implementación de medidas preventivas, que se centren en programas y acciones en la educación primaria, secundaria y terciaria que desarrollen, entre otros, las habilidades no cognitivas de nuestros niños y jóvenes.
¿Cómo están las habilidades no cognitivas de los jóvenes latinoamericanos? La respuesta a esta pregunta es difícil ya que son pocos los estudios representativos a nivel nacional o regional que han buscado medir este tipo de habilidades. Una primera aproximación, que tan solo mide una habilidad específica, la dan los resultados de las pruebas PISA de 2015. Esta prueba examinó la capacidad de los estudiantes para trabajar con dos o más personas para tratar de resolver un problema. Los resultados, al igual que lo que sucede con las habilidades cognitivas, sugieren que los jóvenes en la región están rezagados si se los compara con los otros países que participaron en estas pruebas. Los jóvenes de Singapur lideran los resultados de la prueba mientras que aquellos de Túnez se ubican en el último lugar, en el puesto 53. Los estudiantes de los países latinoamericanos se encuentran todos por debajo del promedio de países de la OECD. Los mejores resultados los obtienen los estudiantes de Chile, Uruguay y Costa Rica que ocupan los puestos 39, 42 y 43 del ranking. Bastante detrás se encentran México (47), Colombia (48), Perú (50) y Brasil (52).
Gráfica 1 – Puntaje promedio obtenido en la prueba de trabajo colaborativo de PISA 2015 por estudiantes de países latinoamericanos.
Fuente: PISA
El interés por entender el nivel de las competencias ciudadanas en los estudiantes en Colombia viene desde hace varios años y se reflejó en la inclusión de preguntas específicas de este tipo de habilidades desde 2012 en las pruebas Saber y el análisis de los resultados por parte del ICFES. Una mirada a los datos de la más reciente Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA, 2016) permite complementar la información de las pruebas Saber y conocer desde otro punto de vista que tan necesarias son este tipo de intervenciones de fomento de competencias ciudadanas en el pais.[1] La ELCA nos permite entender como varían estas habilidades cognitivas en un grupo representativo de jóvenes residentes en el sector urbano y en cinco microrregiones rurales del país de acuerdo a su lugar de residencia, los niveles de riqueza de su familia e incluso de ellos mismos en el tiempo. Por ejemplo, la gráfica inferior muestra la repuesta que dio el mismo grupo de jóvenes encuestados en el 2013 y después en el 2016 a dos preguntas específicas en donde se les pedía respondieran qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con dos afirmaciones: i) si no se puede por las buenas, toca por las malas; ii) el que me la hace, me la paga. Las respuestas son preocupantes. Los datos sugieren dos puntos interesantes. Primero, una mayor proporción de los jóvenes residentes en el sector urbano en ambos años, comparados con los del sector rural, están de acuerdo con que, si las cosas no se pueden obtener por las buenas, se obtienen por las malas. No hay diferencias significativas en la proporción de jóvenes en el sector rural y urbano que están de acuerdo con la afirmación de que el que las hace las paga. Segundo, tanto para el sector urbano como para el rural, los datos indican que el porcentaje de jóvenes que está de acuerdo con estas afirmaciones disminuye a medida que ellos mismos crecen y maduran.
Gráfica 2 – Porcentaje de jóvenes de seguimiento de la ELCA que en 2010 y 2013 están muy de acuerdo o de acuerdo con ciertas afirmaciones.
Fuente: ELCA (2013 y 2016), cA?lculos de la autora
Centrando la atención en los datos de 2016, a pesar de la mejora evidente en el tiempo, la conclusión respecto a los niveles de competencias ciudadanas medidas en la ELCA no es alentadora. Uno de cada cinco jóvenes entre 10 y 16 años en el 2016 afirma que está de acuerdo o muy de acuerdo con que se justifica obtener lo que uno quiere “a las malas”. De forma similar, uno de cada siete jóvenes está de acuerdo con actitudes vengativas en donde “el que las hace las paga”.
La pregunta de política que se desprende de estos datos y de las sugerencias de propuestas de Muggah y Aguirre (2018) es si es posible, a través de programas específicos, mejorar las competencias ciudadanas de niños y jóvenes en nuestra región. La respuesta a este interrogante es importante no solo para disminuir los altos niveles de crimen como lo sugieren Muggah y Aguirre (2018), sino porque además otras disciplinas han encontrado correlaciones entre estas habilidades en edades tempranas y resultados de largo plazo en aspectos tan diversos como el éxito laboral y la salud mental y física de los propios individuos.
En tres metaanálisis de estudios de impacto de programas cuyo objetivo es mejorar las habilidades emocionales y sociales de niños y jóvenes en escuelas Durlak et al. (2011); Sklad et al. (2012) y Jones et al. (2017) concluyen que esto es posible y que los impactos de estos programas en ciertas habilidades son importantes. La revisión más reciente de Jones et al. (2017), que se basa únicamente en el análisis de evaluaciones experimentales, sugiere que los impactos en habilidades emocionales relacionados con las competencias sociales (habilidades que ayudan a interpretar la reacción de las otras personas e interactuar positivamente con sus compañeros son particularmente importantes) son particularmente importantes.
Estas son buenas noticias para la región y particularmente para Colombia en donde se ha venido trabajando en el área desde hace varios años. Además de los diagnósticos a nivel nacional arriba mencionados, se han desarrollado e implementado en el país programas enfocados a mejorar dichas competencias. A nivel nacional, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través de la Ley 1732 de 2015 obligó la inclusión en los planes de estudio de todas las escuelas la Catedra de la Paz y trabajó en el desarrollo de material específico para ello como por ejemplo el realizado junto con la Fundación Santillana. Quizás el programa relacionado con competencias ciudadanas más conocido en Colombia, con la mayor trayectoria y que ha demostrado impactos positivos es Aulas en Paz evaluado recientemente por Chaux et al. (2017). Este programa, a través de una combinación de capacitación a docentes, practicantes y voluntarios y con un componente complementario de implementación en el aula y talleres de refuerzo, busca construir una sociedad más pacífica y prevenir la violencia en los colegios. La evaluación de impacto encontró que el programa logró efectivamente reducir los comportamientos agresivos y aumentar aquellos pro-sociales en los colegios tratados y sugiere que los resultados positivos encontrados por los metaanálisis arriba referenciados son posibles en contextos como el nuestro.
No conozco si esfuerzos similares están implementándose en otros países de la región y si han sido o no evaluados sus impactos (información al respecto es muy bienvenida). Sin embargo, la evidencia para países desarrollados, unida a la escasa evidencia que existe en Colombia, sugiere que sí es posible mejorar algunas competencias ciudadanas a través de programas escolares. Considero que nuestros gobiernos deberían por tanto direccionar esfuerzos para reforzar -o comenzar a implementar- las acciones preventivas sugeridas por Muggah y Aguirre (2018). Aunque faltaría comprobar si los aumentos en competencias emocionales y sociales que pueden surgir de estos esfuerzos se traducen efectivamente en una reducción en las tasas de crimen en la región, creo que una mejora en la convivencia de las generaciones más jóvenes de nuestros países no nos vendría nada mal.
[1] La información acerca de la encuesta al igual que análisis de diversos temas utilizando estos datos los pueden encontrar en la página https://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/es/ .
