Por Eduardo Engel, Eduardo Fajnzylber, Patricio Fernández, Sebastián Gray, Andrea Repetto y Damián Vergara.
La discusión sobre cómo debiera ser el sistema de pensiones parece entrampada. Está en juego no solo lo técnico, sino también una concepción política. Sin ir más lejos, el clamor por reformar el sistema surgió de la ciudadanía y no de la élite o las instituciones que lo regulan. Detrás de los números hay personas que se jubilan esperando una vejez cada vez más larga, que cargan con aspiraciones insatisfechas y promesas incumplidas, y que son más exigentes y están más empoderadas que generaciones anteriores. Con eso, las multitudinarias manifestaciones han transformado una justa reivindicación en elemento clave de la agenda pública.
Voces que quisieran terminar con las AFP se alternan en este proceso con otras que las defienden a brazo partido. Entremedio han surgido varias propuestas de reforma, incluyendo el proyecto de ley despachado al Congreso. Así, el país ha pasado de concluir unánimemente que tal como está el sistema es inviable a una dispersión de soluciones aparentemente irreconciliables.
En Espacio Público nos propusimos diagnosticar dónde están los nudos del problema y discernir qué falencias debiera resolver una reforma para concitar, al menos, una amplia aceptación pública. El resultado es el documento «Principios para una reforma al sistema de pensiones».
Tras un esfuerzo por dar contenido al descontento ciudadano, nuestro diagnóstico se resume en tres constataciones básicas: primero, y lo más obvio, es que las pensiones -tanto actuales como proyectadas- son bajas.
Segundo, el sistema no cumplió con su promesa original y las AFP son percibidas más como el negocio de unos pocos que como las encargadas de garantizar una jubilación digna. Ello, sumado a una nula participación de los trabajadores en las decisiones de inversión, presenta al sistema como ilegítimo a los ojos de la ciudadanía. Esto es relevante tanto para su funcionamiento como para la convivencia en sociedad: las personas evitan participar de un sistema en el que no confían.
Tercero, y a pesar del Pilar Solidario, el sistema tiene escasos atributos de seguridad social, pues deja al trabajador expuesto a riesgos fuera de su control o responsabilidad: vaivenes en la rentabilidad, lagunas tempranas y diferencias biológicas en la longevidad de hombres y mujeres.
En vez de agregar una propuesta más al debate, consideramos útil buscar un acuerdo respecto de los problemas a resolver. Proponemos cuatro principios que, a nuestro juicio, debiese cumplir toda propuesta para responder íntegramente a las legítimas inquietudes sociales. Cualquier reforma al sistema, además de ser técnicamente viable, debe mejorar las pensiones actuales y futuras, asignar mayor responsabilidad al Estado por las pensiones otorgadas, introducir mayores elementos de seguridad social y garantizar un mínimo grado de apropiación del sistema por parte de la población.
La invitación de Espacio Público, entonces, es a analizar cada propuesta técnicamente viable a la luz de los cuatro principios anteriores. Varias propuestas ignoran al menos uno de estos principios, otras los consideran todos, pero dando un énfasis muy distinto a cada uno de ellos. Creemos que una discusión de principios, más que un debate de propuestas, facilitará una mayor participación ciudadana que se traduzca en un sistema de pensiones con mayor legitimidad social.
