Desde el comienzo de su administración, el Presidente Trump prometió una guerra “implacable” contra las drogas. La guerra más implacable que se haya visto en Estados Unidos. Hace pocos días repitió sus promesas durante la visita del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a la Casa Blanca.
Y América Latina no protesta. El tema no sale en los titulares de prensa. No parecemos tener conciencia de que la guerra contra las drogas es una bomba de tiempo para la región.
La evidencia sugiere, sin embargo, que cambiar la política de drogas es urgente. Desde México hasta Argentina, la historia de la región da cuenta de los nefastos efectos de la guerra contra las drogas y la urgencia de una política distinta.
En Colombia, los infames carteles de droga de los años ochenta le declararon la guerra al estado cuando éste amenazó a los narcotraficantes con la extradición a Estados Unidos. Los carteles mataron a miles de personas así como a ministros, candidatos presidenciales, jueces y policías.
Las guerrillas de izquierda y los paramilitares de derecha que participaron en el conflicto armado más largo del continente usaron el mercado de drogas ilícitas para financiar sus operaciones. Según El Centro de Memoria de Colombia, para 2012 esta guerra se había cobrado la vida de 220,000 colombianos, 80% de ellos civiles. La guerra también llevó al desplazamiento de 4.7 millones de personas y el secuestro de más de 27,000.
A finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI, Estados Unidos financió grandes operaciones militares y de erradicación de cultivos bajo el Plan Colombia. América Central se convirtió en un sustituto natural.
A medida que la lucha contra las drogas se hacía más dura en Colombia, el papel de México en este mercado se fue haciendo cada vez más importante. Cuando el Presidente Calderón lanzó su guerra contra los grupos narcotraficantes en ese país, la violencia se disparó. Se estima que esta guerra ha dejado cerca de 170,000 asesinatos y más de 30,000 desaparecidos.
A medida que la situación se hizo más difícil en México, los países vecinos se volvieron un blanco más apetecido. Los datos sobre el movimiento de las drogas ilícitas sugieren que el porcentaje de envíos de droga cuyo destino era América Central, o que fueron confiscados en América Central (excluyendo a México y el Caribe), pasó de 25% en 2000 a 85% en 2011.
Honduras, Guatemala y El Salvador llevaban años combatiendo las actividades de pandillas y maras. A medida que los grupos narcotraficantes mexicanos encontraron en estos países nuevos puntos de tránsito, la violencia también se disparó. Según la ONU, América Central es, con el Sur de África, la región más violenta del mundo.
Los efectos se están sintiendo cada vez más en el cono sur. La violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado, especialmente en Argentina. Aún más, en la zona limítrofe entre Argentina, Paraguay y Brasil, aparentemente grupos narcotraficantes han hecho alianzas con grupos terroristas, lo cual puede alimentar otros tipos de violencia en la región en el futuro.
Pero la tragedia de este mercado ilegal no termina con sus miles de víctimas mortales ya que no sólo mata personas. También mata instituciones: las reglas del juego que son indispensables para el desarrollo social, económico y político. Es muy difícil para estos países construir instituciones estables y preservar el estado de derecho cuando hay actores ilegales con la capacidad de ofrecer tanto sobornos exorbitantes como amenazas de muerte creíbles.
El tráfico de drogas en América Latina también ha debilitado otros pilares importantes de la sociedad. En Colombia, los diversos grupos armados no estatales que han operado en el país han perseguido y atacado a periodistas y líderes sociales por décadas. México tiene una de las tasas de impunidad de crímenes contra periodistas más altas del mundo.
Incluso los bosques están siendo destruidos por el tráfico de drogas, como lo demuestran estudios de deforestación en América Central y América del Sur.
Entre tanto, Estados Unidos continúa siendo el mayor consumidor de drogas ilícitas del mundo. La pureza de las drogas en las calles de las ciudades Estadounidenses ha aumentado, mientras que el precio ha disminuido. Todo esto a pesar del billón de dólares que los gobiernos federal y estatales han dedicado a la guerra contra las drogas.
Para muchos, Colombia muestra que sí es posible ganar esta guerra. Es cierto que las autoridades colombianas lograron capturar o dar de baja a varios capos del narcotráfico en los años 80-90 y que muchos grupos armados que se financiaban con dinero del narcotráfico se han desmovilizado, o están proceso de hacerlo.
Sin embargo, han surgido nuevos grupos armados; las alianzas entre grupos criminales y políticos siguen siendo comunes; y, mientras las utilidades de las drogas ilegales sean tan altas, siempre habrá alguien dispuesto a crear un ejército privado y una máquina de sobornos. Aún más, cuando el narcotráfico se hace más difícil o costoso en Colombia, los actores criminales han expandido sus operaciones a otros países.
Mientras exista el mercado de drogas ilegales, será muy difícil reducir la presencia de actores armados ilegales en los países de la región. Una muestra desoladora, pero previsible, es la situación actual de las zonas donde operaban las FARC en Colombia: desde que los guerrilleros se fueron de estas zonas, otros grupos armados, en su mayoría en busca de rentas ilegales, se disputan el territorio y disparan los niveles de violencia.
Algunos expresidentes, académicos y activistas llevan años pidiendo una reforma estructural de la política de drogas. Juiciosos estudios, como el referenciado en una entrada anterior de Daniel Mejía, han evaluado los efectos de políticas específicas y abogado por un debate basado en el estudio riguroso de la evidencia. La Organización Mundial de la Salud ha apoyado oficialmente la descriminalización del uso de drogas y varios líderes mundiales están pidiendo de manera abierta la legalización de las drogas y la implementación de programas para reducir el consumo.
En América Latina, algunos países han comenzado a cuestionar abiertamente la guerra contra las drogas: algunos dando su opinión, otros implementando nuevas leyes. Pero el tema está lejos de ser una prioridad en la mayoría de países. ¿Cuándo llegará esta guerra–una de las más costosas y mortales para América Latina—al centro de la discusión?
