Política de Estabilización: ¿Ideas «Renovadoras»?

Se ha presentado un nuevo proyecto de Ley en Argentina. Este consta de un conjunto de medidas para estabilizar los precios de la canasta básica alimentaria. La primera medida de la propuesta busca crear un Consejo de Monitoreo de Precios. A través del mismo, se busca generar una inédita deflación o caída de precios de los alimentos en tres meses y que luego no varíen hasta marzo de 2018. Para lograr este objetivo se propone principalmente:

1. Controles de precios
   1. Realizar acuerdos voluntarios con los productores
   2. Establecer precios máximos
   3. Monitorear precios
2. Bajar el IVA de los alimentos a cero
3. Otorgar compensaciones en caso de que no se observen las caídas de precios

Por último, el proyecto no asegura el financiamiento de las eventuales compensaciones. Esos fondos se utilizarían para compensar a la población que perciba jubilación, pensión, asignación universal, u otros beneficios sociales, en caso que los precios no logren, en el tiempo dispuesto, las reducciones establecidas en la nueva legislación.

Los controles generalizados de precios nunca han sido efectivos, provocando desabastecimiento (cuando a los productores no les conviene producir al precio regulado) o mercados paralelos para burlar los controles y regulaciones. Las tasas cero en IVA a un grupo de productos y no a todos, además de no ser una forma eficiente de asistir a los hogares más necesitados, facilitan la evasión impositiva. Más allá de estas consideraciones, el proyecto es impracticable: ¿cuál es el precio de un producto en el mercado? Podemos estimar un precio promedio, pero cada familia enfrenta un precio diferente en su mercado local.

En cuanto al costo, la reducción del IVA de alimentos y la compensación eventual son sumamente onerosas para el fisco (pudiendo trepar hasta 1 punto del Producto Interno Bruto). Por otra parte, tienen un impacto distributivo que no se condice con lo que el proyecto pretende lograr pues se transferirán recursos importantes también a los hogares de altos ingresos.

Presentamos a continuación la opinión detallada de destacados economistas latinoamericanos sobre esta iniciativa que consultamos para formarnos opinión sobre esta propuesta:

 

Roberto Chang, Doctor en Economía, University of Pennsylvania. Profesor de Economía, Rutgers University, US.

“Si bien el control de la inflación debe ser una prioridad de la política macroeconómica, algunas de las medidas mencionadas en torno a un Consejo de Monitoreo de Precios parecen contraproducentes. En particular, imponer precios máximos a bienes de la canasta básica sería inefectivo, ineficiente, y políticamente costoso. La inefectividad está fuertemente sugerida por muchos ejemplos históricos: Venezuela provee el caso más reciente, donde los precios máximos resultaron en la desaparición de los bienes afectados y la emergencia de un mercado negro. El impacto en la eficiencia se debería mayormente a las distorsiones en los precios relativos y, por ende, en la asignación de recursos económicos, incluyendo el tiempo. El costo político sería grande porque el control de precios está usualmente asociado con situaciones de emergencia económica, por lo que imponerlo en esta situación podría generar expectativas negativas y la sensación de que el gobierno ha agotado sus otras opciones de política, lo cual no es el caso a mi entender. Un compromiso firme de establecer disciplina monetaria y fiscal, quizás a través de un esquema de metas de inflación y reglas fiscales, me parece una opción mucho más sensata para manejar la inflación.”

Juan Dubra, Doctor en Economía, New York University, US. Profesor de Economía, Universidad de Montevideo.

“Los precios sirven para indicar a los dueños de los recursos (como la tierra o la mano de obra) dónde es conveniente usarlos. Un precio alto de la manzana dice que a la gente le gusta la manzana, y que es rentable utilizar tierra y mano de obra en producirlas. Si se topean ciertos precios, se producirá menos de esos bienes. No es sólo un argumento teórico, sino que efectivamente se comprueba en todos los casos donde se controlan precios: ver el desabastecimiento en Venezuela, lo que fue la Chile de Allende, o los edificios raídos en Nueva York cuando están sujetos a control de alquileres. Además de esos efectos perniciosos, se generaría una burocracia innecesaria, y sujeta al lobby y a la corrupción: los empresarios gastarían recursos en intentar convencer al burócrata que su precio no baje, en vez de estar produciendo manzanas. A menudo las agencias reguladoras son influenciadas por los sujetos de la regulación. Para lograr los objetivos deseados, se debe controlar la inflación, y se pueden abrir más a la competencia los mercados de alimentos: que sea más fácil y barato importar frutas, verduras y otros alimentos.”

Huberto M. Ennis, Doctor en Economía, Cornell University, U.S. Economista del Banco de la Reserva Federal de Richmond, U.S.

“Hay pocas cuestiones sobre las que la mayoría de los economistas están de acuerdo. Que los controles de precios son una mala idea es una de esas pocas. Pero mi impresión es que los argentinos no necesitan a los economistas para decirles que los controles de precios crean desabastecimiento, contrabando, gruesas distorsiones en precios relativos, pérdida de tiempo (y, tal vez deba decir, de paciencia) en la cola de panaderías, supermercados, o estaciones de servicio. Y agreguemos, también, injusticias varias. Además, como con la lluvia, todos los controles de precios algún día terminan, y el día que terminan, los precios se disparan. Pero la Argentina no es especial en eso. Los ejemplos sobran. En los setenta, Nixon impuso controles de precios en los Estados Unidos con los mismos resultados calamitosos. Nixon hizo muchas cosas que mejor sería no copiar; imponer controles de precios es sin duda una de ellas.  Entonces pienso que debería estar claro que los controles de precios son un (supuesto) atajo que no lleva a ninguna parte.”

Leonardo Gasparini, Doctor en Economía, Princeton University, US. Director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales; Profesor de Economía, Universidad Nacional de La Plata.

“La propuesta está bien intencionada, pero no me parece apropiada por varias razones. En primer lugar, ya existen mecanismos institucionales bien establecidos para regular precios y evaluar prácticas comerciales anticompetitivas, por lo que no se justifica la creación de una nueva Comisión. En segundo lugar, regulaciones demasiado estrictas, como la de retrotraer precios a un año atrás en un contexto de alta inflación, generan graves problemas de desincentivos a la producción y mercado negro, de los que existen demasiados ejemplos en la historia económica mundial. Tercero, la regulación del precio de los alimentos es un instrumento con baja “eficiencia redistributiva”, ya que una gran proporción de sus beneficios se filtran a sectores no vulnerables. Existen mecanismos de subsidios directos a hogares pobres con mayor impacto redistributivo.”

Miguel Kiguel, Doctor en economía, Columbia University, US. Director de Econviews. 

“Parece que los políticos argentinos nunca aprenden. Esta vez la idea es controlar algunos precios de la canasta alimentaria, una versión poco original de los famosos precios cuidados, que poco sirvieron para controlar la inflación o para proteger a los más vulnerables.

La pregunta es cuál es el objetivo de esta iniciativa: ¿frenar la inflación o mejorar el poder adquisitivo de los más pobres? Si fuera el primero, los controles sobre la canasta alimentaria no son efectivos, como lo mostró la experiencia con precios cuidados y tantas otras que se han hecho en el mundo. La inflación es un fenómeno complejo en el que operan factores monetarios y no monetarios, pero lo que es seguro es que sólo con controles no se frena. Uno podría argumentar que esta iniciativa no es para combatir la inflación si no para garantizar precios accesibles para los bienes que consumen los más humildes. Pero esta tampoco es una buena idea.  Por un lado, sabemos que cuando los precios están controlados a niveles inferiores al costo de producción el efecto es la escasez y la aparición de mercado negros (lo que está pasando en Venezuela). Además, al fijar los precios el beneficio potencial se lo lleva mucha gente que tiene poder adquisitivo alto, con lo cual se estaría subsidiando también a los ricos, como pasó con las tarifas de energía. Mucho mejor sería un subsidio a la demanda a través de planes sociales. Por último, hay que recordar que uno de los elementos más nefastos de los controles de precios es que es costosísimo removerlos, sobre todo en un contexto de alta inflación. A modo de ejemplo, no hace falta más que mirar lo difícil que está siendo eliminar los subsidios a la energía.

Mi esperanza era que hubiéramos aprendido las lecciones de lo nefasto que es el populismo, que propone soluciones que suenan atractivas, casi mágicas, pero que al final terminan saliendo muy caras. Cuando veo este tipo de iniciativas en el Congreso me convenzo que nos falta mucho por aprender.”

Eduardo Levy-Yeyati, Doctor en Economía, University of Pennsylvania, US. Director de la Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella.

“Estabilizar el precio de la canasta básica, que incide sobre el consumo de los hogares de menores ingresos, es parte esencial de la política antiinflacionaria. Pero hacerlo por coacción, retrotrayendo y congelando precios a una fecha, es contraproducente en la medida en que reduce la producción y la oferta de los bienes involucrados, como se comprobó en innumerables casos en la Argentina y en el mundo. Por otro lado, lo que atenta contra el bienestar de la población no es estrictamente la inflación sino la caída del poder adquisitivo, es decir, del ingreso real (ajustado por inflación), que generalmente se resiente durante una recesión. Si el congelamiento de precios inhibiera la producción y abortara la incipiente recuperación, tendría efectos negativos en el bienestar. Además, el gobierno ya avanzó con medidas para transparentar la información de precios por lo que, más allá de las virtudes antiinfacionarias de estos instrumentos, la creación de un Consejo parece redundante. Por último, los recursos que se asignan por un lado se resignan por el otro: en particular, una reducción del IVA de alimentos tendría beneficios para toda la población, quitando recursos disponibles para subsidios a hogares pobres como la AUH o Progresar, más eficaces a la hora de reparar la inequidad de ingresos.”

Fernando Navajas, Doctor en Economía, University of Oxford, UK. Economista Jefe, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana.

“Los objetivos de estabilizar los precios de la canasta básica alimentaria son loables, pero la decisión plasmada en esta ley no va a lograr esos objetivos. Es muy probable que termine dando lugar a efectos opuestos a los que se busca obtener, además de imponer costos de funcionamiento en la economía. La ley persigue los objetivos de estabilizar los precios (es decir contribuir a disminuir la inflación) y de evitar un impacto distributivo. Pero los precios de la canasta básica alimentaria están subiendo como parte de un proceso inflacionario común y pueden estar subiendo por encima de la inflación promedio, en algunos meses y en determinados sectores, debido a la presencia de shocks, principalmente de oferta. La evidencia actual para mí no es contundente respecto a que estemos sufriendo una suba generalizada y permanente de los bienes de la canasta básica respecto al resto de los bienes. Y aunque así lo fuera no hay razones para querer congelar una estructura de precios relativos (al interior de la canasta básica de alimentos) que tiene que estar cambiando permanentemente. Porque aun aceptando la hipótesis estructuralista de la inflación en la Argentina (que dice que la inflación proviene de desajustes de precios relativos frente a shocks que se trasladan –por rigidez de precios a la baja- al nivel general de precios con el dinero jugando un rol pasivo) esto no justifica una intervención como la mencionada. Esta intervención, bajo cualquier teoría de la inflación que uno quiera postular, va a ser perjudicial para la estabilidad de precios porque va a exacerbar los desequilibrios de mercado. Va a dar lugar además a transferencias o filtraciones hacia segmentos ricos y de ingresos medios altos y medios de la población, porque a diferencia de las transferencias condicionadas (o aun las que reducen impuestos condicionados a que los hogares que los reciben sean pobres) estas transferencias en este caso van a operar directamente a través de los precios controlados. La medida es además muy pobre desde el punto de vista institucional porque abre espacio para el uso de instrumentos discrecionales sector por sector que van a dar lugar a un “bajo equilibrio” con elevada corrupción. Existen mejores instituciones, incluyendo si es necesario el área de defensa de la competencia, para resolver los problemas estructurales que puedan estar atrás de los aumentos de precios de alimentos en segmentos puntuales.”

Marisol Rodriguez Chatruc, Doctora en Economía, University of Maryland, US. Economista, Banco Inter-Americano de Desarrollo.

“Las medidas propuestas tienen buenas intenciones, pero es probable que no solo no solucionarían el problema que se pretende atacar, sino que generarían problemas adicionales. Las medidas de control directo de precios no son deseables porque afectan los incentivos a producir, generando desabastecimiento y mercados paralelos. La baja del IVA también es riesgosa porque en mercados que no son perfectamente competitivos la baja del impuesto no se trasladaría completamente a precios pero si afectaría la recaudación, contribuyendo a incrementar el ya elevado déficit fiscal. Dada la dudosa efectividad de estas medidas sobre los precios, es muy probable que se tuviera que recurrir a las mencionadas compensaciones cuyo costo fiscal sería no solo elevado sino también incierto. Algo que creo que está ausente en esta discusión es la distinción entre políticas que afectan el nivel de precios y políticas que afectan su tasa de variación. Si lo que se pretende atacar es el problema inflacionario, una mayor disciplina fiscal y una política monetaria de metas de inflación han demostrado en la experiencia internacional ser más efectivas que el control de precios. Si lo que preocupa es el precio relativo de los alimentos respecto a otros productos, entonces lo más recomendable sería recurrir a políticas sectoriales de defensa de la competencia y de productividad y a subsidios directos a las familias cuya nutrición esté en riesgo.”

Juan Sanchez, Doctor en economía, Rochester University, US. Economista del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, U.S.

“El objetivo de bajar precios, en particular de los bienes de la canasta básica, me parece fantástico. En Argentina, sabemos bien que existe una fuerte relación entre el crecimiento de la pobreza y el incremento de los precios (inflación). Sin embargo, no es claro que los medios propuestos por este proyecto sean los mejores, y parece existir confusión entre el nivel de precios y la inflación (el incremento sostenido de esos precios). De hecho, algunas de las medidas son buenas para bajar los precios hoy pero pueden hacer más difícil la batalla contra la inflación estructural, mientras que otras pueden ser buenas para ambos objetivos. Por un lado, reducir impuestos reducirá precios en el período del cambio de la tasa impositiva, pero creará más problemas en términos de la inflación estructural, dado que esta tiene sus causas en la emisión de dinero para financiar desajustes fiscales. Por el otro lado, incrementar la competencia en el sector de alimentos reducirá los precios una vez (digamos, un mes). El efecto de dicha medida sobre la inflación estructural (más allá de ese mes) es menos clara. Justamente este año, el job market paper de un estudiante de NYU, Simon Mongey, encuentra que un sector con dos grandes firmas (duopolio) reacciona a shocks de política monetaria menos en términos de los precios y más en términos reales que un sector con firmas pequeñas (monopolistic competition). Así, mi interpretación es que este mecanismo implica que incrementar la competencia ayudaría al BCRA porque una caída en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero sería más efectiva en reducir la inflación y tendría menos costos en términos de actividad.”

Walter Sosa Escudero, Doctor en economía, University of Illinois, US. Profesor de economía, Universidad de San Andres.

“El proyecto es entendible en su propósito, pero, en mi opinión, desacertado en sus herramientas. En términos generales, el proyecto intenta operar sobre variables claramente endógenas (como los precios) y confunde los niveles con sus variaciones, además de las cuestiones que afectan al nivel general de precios con las que lo hacen sobre los precios relativos. Si se tratase de una política cuyo principal objetivo es la redistribución, existen otros mecanismos más eficientes y políticamente más adecuados para afectar directamente al bienestar de la población. La Asignación Universal por Hijo es solo un ejemplo seminal de política social políticamente sustentable y capaz de tener un impacto concreto sobre la sociedad.”

Ernesto Stein, Doctor en economía, UC Berkeley, US. Investigador, departamento de investigaciones, Banco Inter-Americano de Desarrollo.

“Si bien la estabilización los precios de la canasta básica alimentaria es un objetivo deseable, los controles de precios, con o sin un Consejo como el discutido, son contraproducentes. En el corto plazo, es posible que esta serie de medidas logre reducir los precios. Pero los controles de precio pronto tienden a generar una disminución de la oferta, desabastecimiento y posiblemente un mercado negro para los productos afectados. El estado tiene un rol que jugar en la regulación de los precios en el caso de servicios públicos suministrados por monopolios naturales. También debe establecer y hacer cumplir políticas de competencia, y proveer información para que los consumidores puedan tomar las mejores decisiones de compra. Más allá de eso, los precios se estabilizarán en la medida en que las políticas monetaria y fiscal sean responsables.

Ideas como la reducción del IVA para los productos de la canasta alimentaria persiguen el objetivo de favorecer a los que menos tienen, pero no son una herramienta de redistribución eficiente. Si bien los pobres gastan una parte más importante de sus ingresos en la canasta básica alimentaria, en términos absolutos los ricos consumen más de estos alimentos que los pobres, y serían los destinatarios principales de estos subsidios. Devolver el IVA únicamente para gente beneficiaria de planes sociales, o simplemente aumentar el tamaño de las transferencias, sería un mecanismo de redistribución más eficiente y focalizado que bajar los precios de manera artificial para todos los consumidores.”

Silvana Tenreyro, Doctora en Economía, Harvard University, US. Profesora de Economía, London School of Economics, UK.

“No obstante la buena intención detrás del proyecto, la idea de precios máximos no funciona en la práctica, como ha sido demostrado ya en numerosas oportunidades. El resultado inevitable es la escasez de productos en el mercado, mucho más perjudicial para los consumidores que el problema que la medida propuesta intenta resolver.”

Daniel Titelman, Master en Economía, UC San Diego, US. Director de la División de Desarrollo Económico, Cepal, Chile.

“La experiencia internacional, tanto de los países desarrollados como de los en desarrollo, en materia de control de precios demuestra que estos han tenido un efecto acotado y de corto plazo y que pueden generar efectos no deseados. La puesta en práctica de controles de precios requiere cumplir con una serie de condiciones que son vinculantes para su exitoso funcionamiento. Entre éstas hay que incluir un amplio consenso a nivel político, a nivel de agentes públicos y privados, una negociación de carácter permanente y también un monitoreo permanente. Además, la evidencia demuestra que los controles de precios no deberían entorpecer la estructura de precios y los incentivos al trabajo y a la producción, ni generar incentivos perversos (tales como mercados paralelos y una inflación reprimida que tiene otras manifestaciones en la economía).”

Gustavo Torrens, Doctor en Economía, Washington University in St. Louis, US. Profesor de Economía, Indiana University, US.

“La propuesta de establecer un Consejo de Monitoreo de Precios que controle los precios de los alimentos adolece de múltiples problemas. En primer lugar, incontables ejemplos históricos han mostrado una y otra vez que los controles de precios sólo sirven para generar desabastecimiento, colas, mercados negros, discriminaciones arbitrarias y distorsiones de todo tipo y color. En segundo lugar, aunque mágicamente y contra toda la evidencia disponible el control de precios funcione por 90 días, ¿qué hacemos el día 91? Tercero, si el objetivo es compensar a los pobres por el incremento de los precios de los alimentos, ¿no es mucho más razonable ampliar los programas sociales de ayuda a la población pobre? Finalmente, una reflexión sobre los legisladores que promueven esta propuesta. ¿Incompetencia con buenas intenciones, oportunismo político o una trágica mezcla de ambos?”

Sergio Urzúa, Doctor en Economía, University of Chicago, US. Profesor de Economía, University of Maryland, US.  

“Cuenta la historia que preocupado por los aumentos en los niveles de precios que experimentaba Chile en la segunda mitad de la década de 1920, el presidente Ibáñez (1927-1931) llamó a su Ministro de Hacienda para exigir explicaciones. “Los aumentos se deben a ley de la demanda y oferta, presidente”, replicó el secretario de estado ante la reprimenda. “Perfecto, Ministro. Deroguemos de inmediato entonces esa Ley”, resolvió el inocente presidente. A casi 100 años de la anécdota, de vez en cuando América Latina nos sorprende con políticas anti-inflacionarias de una ingenuidad parecida a la de Ibañez. La fijación de precios por secretaría, para así tratar de limitar sus aumentos, es una de ellas. La región ha ofrecido una y otra vez ejemplos de que el control de precios no es la solución a fenómenos inflacionarios. Peor aún, la evidencia demuestra que es un remedio con efectos que pueden ser peores a los de la enfermedad.

Otra cosa, claro, es el diseño de mecanismos de estabilización para evitar los efectos negativos asociados a altos niveles de volatilidad de precios claves en la economía. Aquí América Latina tiene mucho que aprender (y contribuir). Una institucionalidad sólida, reglas claras, atención a los incentivos y la supremacía de la técnica sobre la política, son todas condiciones necesarias para levantar este tipo de instrumentos. Sería fantástico que Argentina asegurará tales condiciones antes de embarcarse en nuevos mecanismos de estabilización de precios. No puede seguir ofreciendo ejemplos de políticas con buenas intenciones, pero malos resultados. Tiene que poner fin a la inocencia en materias inflacionarias.”