En colaboración con Ivan Lopez Cruz y Gustavo Torrens (Indiana Univeristy)
Siguiendo el trabajo teórico seminal de Gary Becker (1968), una extensa literatura empírica ha revelado que las medidas preventivas y punitivas tienen un impacto significativo en las actividades criminales (ver acá y acá). La cuestión clave actualmente en la frontera de la economía del crimen es cómo hacer que las estrategias de despliegue de la policía sean más eficientes. En un trabajo reciente, junto a Ivan Lopez Cruz, tratamos de responder esta pregunta desarrollando un modelo de equilibrio general en el cual la distribución geográfica de la protección policial afecta la decisión de los individuos de convertirse en criminal, la intensidad y ubicación del crimen, las decisiones residenciales, los precios de las viviendas y el bienestar de los diferentes grupos socioeconómicos (Galiani et al., 2016). El objetivo es estudiar los efectos positivos y normativos de las diferentes formas de asignar espacialmente las fuerzas policiales en una ciudad.
Modelo:
Nuestro esquema es un modelo de una ciudad poblada por agentes de diferentes grupos socioeconómicos y formada por varias áreas residenciales que denominamos barrios. Los grupos socioeconómicos se distinguen por su dotación de factores. En particular, hay un grupo homogéneo de agentes calificados y varios grupos homogéneos de agentes no calificados, cada uno de ellos con una dotación per cápita diferente de trabajo no calificado. La ciudad es tratada como una economía pequeña y abierta, es decir, los precios de los bienes transables y los insumos vienen dados exógenamente. Los agentes seleccionan:
- Su ocupación (es decir, trabajar en empresas que producen bienes o convertirse en criminales);
- Su residencia (es decir, en qué barrio residir); y
- Su consumo y demanda de vivienda.
Las empresas demandan trabajadores calificados y no calificados y suministran bienes transables utilizando una tecnología de rendimientos constantes a escala. Los criminales usan sus dotaciones laborales para extraer ingresos de otros ciudadanos. La oferta de viviendas en cada barrio está definida por empresas constructoras que utilizan capital y tierra para construir casas. El capital es un insumo transable, es decir, se suministra elásticamente a un precio dado, mientras que la tierra es un insumo no transable de oferta fija en cada barrio. El gobierno proporciona protección pública desplegando fuerzas policiales en la ciudad, lo que reduce la cantidad que los criminales pueden extraer de sus víctimas. Dados los precios de los bienes e insumos transables y la asignación de la protección pública, el modelo determina:
- Elecciones ocupacionales y residenciales;
- La distribución geográfica del crimen; y
- Viviendas y precios de la tierra en cada barrio.
Con el fin de determinar estas variables endógenas, empleamos una combinación de equilibrio competitivo estándar en el marco de una pequeña economía abierta y una noción espacial de equilibrio. En equilibrio, ningún agente puede obtener una renta cambiando su ocupación y/o ubicación. Por lo tanto, adoptamos una perspectiva de mediano plazo que les da a los agentes el tiempo suficiente para cambiar su ocupación y residencia.
El objeto central de nuestro análisis son los regímenes de protección pública. Consideramos dos estrategias extremas para asignar a la policía a través de la ciudad, que asumimos son factibles y tienen el mismo costo. La primera, protección pública concentrada donde la policía solo protege ciertos barrios y deja al resto de la ciudad completamente desprotegida. La segunda, protección pública dispersa donde la policía se despliega uniformemente por toda la ciudad, induciendo el mismo nivel de protección pública en todos los barrios. Con estos dos regímenes de protección, tratamos de captar -aunque de manera estilizada- el compromiso básico de la policía con respecto a la asignación geográfica de la protección. Con los mismos recursos, la policía puede proteger ampliamente una zona más pequeña (protección concentrada) o proteger parcialmente una zona más extensa (protección dispersa).
Equilibrios:
Basándonos en nuestro modelo, mostramos que, bajo condiciones adecuadas, la protección pública concentrada conduce a una ciudad espacialmente segregada. Solo los agentes ricos están dispuestos a pagar los altos precios de la vivienda en barrios protegidos, mientras que los trabajadores pobres y los criminales residen en barrios sin protección. En cambio, cuando la policía está uniformemente dispersa en todos los barrios, la ciudad se integra plenamente. Todos los barrios están habitados por ciudadanos de todos los niveles de ingresos.
Existen dos mecanismos que producen estos resultados. Respecto a las decisiones ocupacionales, la retribución del crimen no varía con la dotación de trabajo de un ciudadano, mientras que la recompensa por el trabajo aumenta con la dotación de trabajo de un ciudadano. Esto hace que los ciudadanos relativamente pobres sean más propensos a convertirse en criminales. De hecho, tanto bajo protección pública concentrada como dispersa, nos concentramos en una región del espacio de parámetros para la cual, en equilibrio, solo los agentes del grupo socioeconómico más bajo deciden convertirse en criminales. En cuanto a las decisiones residenciales, cuanto más ricos los agentes, las actividades criminales les resultan más perjudiciales y, en consecuencia, están dispuestos a sacrificar más recursos para evitar residir en áreas de alta criminalidad. Bajo protección pública concentrada estas diferencias en la disposición a pagar por un barrio seguro producen una concentración de agentes ricos en barrios protegidos y agentes pobres en barrios sin protección. Bajo protección pública dispersa no hay diferencia esencial entre los barrios, el crimen se distribuye uniformemente en la ciudad, y los agentes solo tienen en cuenta los precios de la vivienda en sus decisiones residenciales. Como consecuencia, hay igualación de precios de la vivienda en toda la ciudad y todos los barrios tienen el mismo ingreso per cápita.
Lecciones:
Comparamos el ingreso agregado del crimen (medido como el ingreso total de los criminales) y los precios de la vivienda. Es probable que haya más crimen bajo protección dispersa que bajo protección concentrada cuando la proporción de ingresos laborales de los agentes calificados es alta, puesto que la dispersión de la fuerza policial reduce considerablemente su eficacia, por lo que la proporción de ingresos que los criminales pueden extraer de los agentes ricos es alta y la proporción de ingresos que pueden extraer de los pobres es baja. Por otro lado, es más probable que el ingreso agregado sea mayor bajo protección concentrada, cuanto mayor es la participación de los agentes calificados en los ingresos salariales, más intensa es la reducción de la efectividad policial cuando la fuerza se dispersa, los criminales pueden extraer más de los trabajadores calificados y pueden extraer menos de los trabajadores no calificados.
También encontramos condiciones en las que los precios de la vivienda bajo protección dispersa se encuentran entre los precios de la vivienda en barrios protegidos y no protegidos bajo protección concentrada. Examinamos el bienestar y los efectos distributivos asociados con un cambio en el régimen de protección pública. Primero, empleando una simple función de bienestar utilitarista, mostramos que la protección concentrada puede inducir un mayor bienestar agregado que la protección dispersa. Más aún, la desigualdad de ingresos importa. Mostramos que el bienestar agregado es mayor bajo protección concentrada para una sociedad muy desigual, mientras que el bienestar agregado es mayor bajo protección dispersa para una sociedad con una baja participación salarial de los agentes calificados.
En segundo lugar, con respecto a los efectos distributivos, probamos que, con respecto a una función de bienestar utilitarista, los agentes no calificados en su conjunto están mejor bajo la protección dispersa. Así, las sociedades con altos niveles de desigualdad de ingresos pueden enfrentar un dilema muy difícil de resolver. La protección concentrada puede maximizar el bienestar agregado pero exacerbar las disparidades sociales. En contraste, en sociedades más igualitarias, la protección dispersa simultáneamente maximiza el bienestar agregado y reduce las disparidades sociales. Una solución a las consecuencias distributivas regresivas de la protección concentrada es complementar el régimen con un conjunto de impuestos y transferencias. De hecho, deducimos un conjunto de ecuaciones para determinar la compensación que se debe proveer para hacer que cada agente no calificado esté igualmente bien independientemente de la política de seguridad pública adoptada.
En tercer lugar, exploramos algunas implicancias interesantes de economía política relacionadas con los efectos distributivos de un cambio en el régimen de protección pública. En particular, hay espacio para la formación de coaliciones políticas atípicas con respecto a la seguridad pública. Aunque al menos un grupo de agentes no calificados estará mejor bajo protección dispersa que bajo protección concentrada, no es necesariamente el caso de que todos los agentes no calificados prefieran por unanimidad la protección dispersa. La dispersión de las fuerzas policiales podría inducir un aumento de los precios de la vivienda pagados por los trabajadores no calificados que no compensa el aumento en sus ingresos. Así, los agentes calificados y algunos no calificados pueden apoyar la protección concentrada.
En muchos países, diferentes formas de seguridad privada son empleadas intensivamente por los hogares y las empresas. En principio, nuestro modelo es capaz de incorporarla seguridad privada pura, por ejemplo, sistemas de alarma y puertas de seguridad. Son más interesantes los barrios cerrados protegidos por cercas y guardias de seguridad o patrullas financiadas colectivamente por los vecinos, es decir, cuando la seguridad privada funciona como un bien club. Por ello, extendemos nuestro modelo para permitir esta posibilidad. En este caso, mostramos que la protección pública dispersa no conduce necesariamente a un equilibrio urbano integrado en el cual el crimen, el ingreso per cápita y los precios de la vivienda se igualan espacialmente. La razón es que los agentes calificados pueden usar protección privada para aislarse endógenamente en áreas totalmente protegidas, mientras que los altos precios de la vivienda excluyen a trabajadores no calificados de estas áreas.
Reflexiones finales
Nuestro modelo sugiere que cuando consideramos cambios en la distribución geográfica de las fuerzas policiales, debemos tener en cuenta los efectos sobre los precios de la vivienda y la reasignación de la población, así como el efecto general sobre el crimen en toda la ciudad (véase Jaitman y Ajzenman 2016 para evidencia de estos efectos en Montevideo, Uruguay). También sugiere nuevos caminos para futuros trabajos empíricos. Por ejemplo, tenemos una comprensión muy limitada de la efectividad de asignaciones más concentradas y más dispersas de las fuerzas policiales. Hay algunos trabajos sobre este tema, por ejemplo, en la literatura sobre zonas calientes (Weisburd et al., 2012). El siguiente paso empírico sería una estimación consistente de los parámetros de la función de producción de seguridad en un área geográfica. Nuestro modelo proporciona un marco teórico para dicha estimación.
Referencias
Becker, G. S. (1968) “Crime and punishment: An economic approach”, Journal of Political Economy, 76(2): 169–217.
Galiani, S; I. Lopez Cruz and G. Torrens (2016) “Stirring up a hornets’ nest: Geographic distribution of crime”, National Bureau of Economic Research Working Paper 22166.
Jaitman, L. and N. Ajzenman (2016) “Crime concentration and hotspot dynamics in Latin America”, Inter-American Development Bank, Unpublished.
Weisburd, D; E. Groff and S. Yang (2012) The criminology of place: Street segments and our understanding of the crime problem, Oxford: Oxford University Press. 22
«la retribución del crimen no varía con la dotación de trabajo de un ciudadano, mientras que la recompensa por el trabajo aumenta con la dotación de trabajo de un ciudadano. Esto hace que los ciudadanos relativamente pobres sean más propensos a convertirse en criminales.»
Ahí aparece también un factor social: en los barrios más pobres hay más delincuentes y son más visibles. Por tanto, los vecinos ven dicha opción laboral como más atractiva que los residentes de barrios más ricos, donde hay pocos delincuentes a la vista.