Combatir el robo de celulares y delitos asociados: ¿Qué sabemos?

El robo de teléfonos móviles es un delito que ha crecido fuertemente en América Latina en los últimos años. Por ejemplo, en Colombia se estima que en 2013 se robaron cerca de 1 millón de dispositivos, unos 2,700 por día, mientras que se registraron solo 18,000 denuncias. Argentina no ha quedado exenta de esta preocupante tendencia: el número de equipos robados asciende a 6,500 por día (GSMA, 2015) afectando a 3 millones de usuarios desde 2015, según cifras oficiales. Estos celulares robados se revenden o se utilizan como insumo en actividades ilícitas.

Motivados por este fenómeno, junto a Federico Weinschelbaum (UDESA), nos pusimos a estudiar este tema. El robo de celulares, como el de autos, y como la mayoría de los delitos, son delitos contra la propiedad. En efecto, en la región se estima que el negocio del robo de autos genera ingresos por aproximadamente USD 4.000 millones al año. A pesar de que es común recalcar los homicidios como el gran problema de la región, los delitos contra la prioridad son los que tienen mayor incidencia y dentro de ellos, los bienes que más se roban son los bienes durables. Es decir, bienes que tienen un valor de reventa o proveen un flujo de consumo futuro.

Bienes durables y crimen

La durabilidad es una característica de la calidad de los bienes que los hace atractivos como objetivos de robos y hurtos. Por ello, el crimen y la durabilidad de los bienes están interconectados, aunque no han sido estudiados conjuntamente. En un nuevo trabajo abordamos por primera vez la relación entre la durabilidad de los bienes y el crimen analíticamente (ver Galiani, Jaitman y Weinschelbaum, 2016). La economía del crimen ha progresado mucho en los últimos 50 años (ver esta entrada) en estudiar el comportamiento de los potenciales delincuentes y cómo estos responden a mayores costos esperados de delinquir (penas más altas o el efecto disuasivo de la policía, por ejemplo) o cómo responden a mejoras en los beneficios esperados de las actividades legales (mejor educación u oportunidades laborales). Sin embargo,  los determinantes de los beneficios directos de las actividades delictivas han recibido menos atención. Por ejemplo, qué características tienen los bienes que hacen que haya más crimen y cómo pueden afectar, en equilibrio, el nivel de crimen de la economía. Por su parte, la teoría microeconómica ha estudiado bajo qué circunstancias las distintas estructuras de mercado  producen la durabilidad óptima de los bienes (sin considerar el crimen) concluyendo que, bajo condiciones razonables, el monopolio sub-produzca durabilidad.

En nuestro trabajo utilizando  el marco teórico de producción de bienes durables desarrollado en Waldman (1996) introducimos la posibilidad de que los bienes se roben. A mayor durabilidad, mayor es la probabilidad de que los bienes se roben y por lo tanto, mayor es la incidencia del crimen. Adicionalmente, el crimen produce externalidades negativas que trascienden la posibilidad de que nos sustraigan bienes, ya que el crimen genera costos indirectos e intangibles como los daños psicológicos (ver Jaitman, 2015) y hasta en el extremo, la muerte. Por estas razones, mostramos que la durabilidad socialmente óptima en un mundo con crimen es menor a la de un mundo sin crimen.

Cuando estudiamos diferentes estructuras de mercado encontramos que la competencia perfecta ya no produce la durabilidad social óptima, como es el caso en un mundo sin crimen, pudiendo incluso proveer bienes con una mayor durabilidad que la óptima. El monopolio, en cambio, sub-produce la durabilidad óptima, aunque podría acercarse a la misma si las externalidades del crimen son grandes.

Nuestro trabajo muestra que podría ser ideal reducir la durabilidad de los bienes una vez que los mismos han sido robados (en el extremo si la durabilidad cae a cero cuando han sido robados, el bien no tiene ningún valor y no será robado). Y es justamente en el desarrollo de tecnologías que permiten acercarse a este objetivo hacia donde observamos que se mueven las industrias de comunicaciones y automotriz.

En el caso de los automóviles, una  tecnología muy efectiva es el sistema de localización LoJack: un pequeño dispositivo oculto en lugares aleatorios dentro de un vehículo que permite rastrearlo cuando el mismo es robado y además, envía a la policía señal de radio que permite identificar el lugar donde se revenden las piezas del vehículo robado, contribuyendo también a interrumpir el negocio de reventa de auto-partes. Esto torna al robo más arriesgado y menos rentable. Se estima que este dispositivo de seguridad tiene una tasa de recuperación extremadamente alta en los Estados Unidos, con el 90% de los vehículos recuperados. Otro dispositivo que reduce la durabilidad de un vehículo robado es el inmovilizador electrónico del motor. El mismo se activa al retirar la llave de contacto y sólo se desactiva cuando se vuelve a introducir la llave que cuenta con el código de autorización correspondiente. Por lo tanto, para robar un vehículo, los ladrones tienen que robar la llave primero. Diversas investigaciones dan evidencia de un marcado efecto de reducción del delito tras su incorporación. Por ejemplo, en un estudio reciente, Van Ours y Vollaard (2016) explotan la introducción de esta regulación en la Unión Europea y encuentran que el dispositivo logró reducir la probabilidad de robo de automóviles 50% en los Países Bajos durante el periodo 1995-2008.

Si bien, la evidencia relacionada con los teléfonos celulares no es tan robusta metodológicamente, también muestra resultados prometedores. Este informe, elaborado por el Gobierno del Reino Unido y el Behavioral Insights Team (2016), y este otro del  Consejo Asesor Tecnológico de EEUU (2014) sostienen que la caída en el robo de teléfonos celulares en  Reino Unido y EEUU se encuentra asociada con mejoras de seguridad introducidas en los equipos celulares (código de acceso, autenticación biométrica para desbloquearlo, capacidad de rastrear el equipo utilizando un servicio remoto, bloquear el auricular de forma remota, entre otras). Estas medidas claramente reducen o eliminan la durabilidad del equipo robado. Sin embargo, varias de ellas protegen al equipo solo si fueron activadas previamente.

Finalmente Farrell (2015) destaca que en el caso de los celulares, la alternativa más prometedora es la elaboración de listas negras internacionales utilizando los números de identificación única de los equipos robados. Este código de 15 dígitos se denomina IMEI (la sigla en inglés del número de serie del teléfono conocido como Identidad Internacional de Equipo Móvil) y es propio de cada equipo. Una vez realizada la denuncia del robo o hurto del equipo, la compañía telefónica deberá reportar el aparato como robado para impedir su uso posterior por cualquier compañía.

Las políticas para combatir el robo y hurto de celulares en la región

Esta semana el Gobierno de Argentina anunció medidas con el objetivo de combatir el robo y hurto de celulares y frenar su comercio ilegal. El Gobierno resolvió la identificación obligatoria de cada línea de celular. Se estima que en el país hay en servicio cerca de 60 millones de líneas de telefonía móvil y que al menos la mitad no tiene completamente identificado al propietario actual con su número y equipo en uso. Las compañías de telefonía móvil tendrán un plazo de 180 días para contar con el registro de la totalidad de usuarios. Esta medida apunta a que se conozca quién es el propietario de cada chip de línea (SIM card) y el aparato en el que se utiliza, de modo tal que se pueda solicitar la verificación de identidad si se cambia el chip (las compañías de telefonía móvil deberán implementar la forma en que los usuarios validarán sus datos). La resolución apunta a disponer la nominatividad  de todas las líneas y servicios prestados en el Servicio de Comunicaciones Móviles, dirigiéndose esencialmente hacia las SIMs prepagas (por ejemplo, las que se comercializan en kioscos y se recargan a través de tarjetas ya que no requieren identificación en la actualidad).

Este Registro no es inédito: en Europa y América Latina, por ejemplo, son varios los países que crearon una base de datos similar en la última década. En 2013, al menos 80 países habían establecido o estaban activamente considerando establecer el registro de los usuarios de SIMs (GSMA, 2013). En Latinoamérica, Colombia, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil implementan el registro obligatorio de tarjetas SIM prepagas al menos desde 2013.

¿Es este tipo de iniciativa efectiva para combatir el robo o hurto de celulares? De acuerdo al informe de la GSMA (2013), hasta la fecha no hay evidencia robusta de que el registro obligatorio –confección de listas blancas‒ conduzca a una reducción del delito. Entre los argumentos en contra de esta iniciativa se encuentran la obstaculización a la libre circulación de los dispositivos móviles, la alta inversión requerida por parte de los operadores para mantener esta base de datos y el peligro de atentar contra la privacidad de la información de los usuarios. De hecho, son varios los países que han rechazado la aplicación de estos registros. México implementó este registro en 2009, pero tres años más tarde lo derogó. Otros países que han estudiado y rechazado el registro obligatorio de celulares fuera de América Latina son Canadá, República Checa, Nueva Zelanda, Rumania y Reino Unido.

En términos del marco teórico expuesto anteriormente, la idea es que sea más difícil la utilización de los teléfonos robados y por lo tanto reducir su durabilidad, ya que se requerirá autenticar los datos del poseedor legal registrado de la línea. Pero esta medida también podría dificultar la durabilidad del teléfono en el mercado legal de celulares usados ya que, por ejemplo, aumentan los costos de transacción para cambiar de línea en los equipos.

Como comentamos, otra alternativa para eliminar la durabilidad del teléfono celular en caso de robo, que  parece tener menores costos de implementación, es la elaboración de listas negras con los celulares robados, mediante el registro del IMEI. La Base de la GSMA es mundial y actualmente registra  44 países y 140 operadores que comparten información de celulares robados diariamente. Latinoamérica registra 18 países conectados (entre ellos Argentina). En Argentina existe un “Procedimiento para el Bloqueo de Terminales con reporte de Robo, Hurto o Extravío y la identificación de IMEI irregulares” impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones y reglamentado en 2016. Sin embargo, para que esta medida tenga efecto es importante que los usuarios denuncien el robo, hurto o extravío de los teléfonos, y que el gobierno penalice a las compañías que no cumplan con la resolución. El gobierno además debe investigar la adulteración de IMEIs (hecha la ley, hecha la trampa) y la policía debería tener una capacidad de reacción rápida para aprovechar las tecnologías de rastreo que muchos aparatos poseen.