Alberto Chong y Angelo Cozzubo[1]
La región latinoamericana ha sido identificada como aquella de mayor desigualdad entre sus habitantes alrededor del mundo. Sin embargo, en las recientes décadas se ha observado una considerable reducción en los niveles de inequidad de la región, aunque con un reciente estancamiento en la evolución de este indicador para los últimos años dada la considerable reducción de los niveles de crecimiento regionales.
No obstante, los años de bonanza económica han permitido que los países de América Latina puedan dedicar recursos a la atención de sus ciudadanos a través de políticas públicas de protección social. Tal como se ve en la Figura 1, el gasto público social para la región ha venido incrementándose consistentemente desde los años 90 tanto en proporción al PBI como en relación al monto total del gasto público asignado por el Estado.
Figura 1:
Evolución del Gasto Público y Gasto Social en América Latina
Fuente: Jiménez (2010)
Un ejemplo clave de esta nueva prioridad en la asignación de recursos públicos se tiene en el caso peruano. El Perú ya contaba con una serie de políticas sociales de atención a la población, tal como el programa de transferencias condicionadas Juntos inaugurado en el 2005, aunque recientemente en el año 2011, el gobierno del presidente Humala fundó el último ministerio del país que se tornaría en el ente rector de las políticas públicas peruanas. Así, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) pasó a ordenar toda la batería de políticas sociales implementadas bajo un diseño de ciclo de vida con niveles de atención en cada una de sus etapas y una óptica de Presupuestos por Resultados, donde se volvió obligatoria la implementación de evaluaciones de calidad respecto a los programas ejecutados.
Así como el caso peruano, varios de países en la región han comenzado a preocuparse por la eficiencia y efectividad de los programas que se implementan con el uso de recursos públicos. Por ello, los programas de atención social se han visto sometidos a diversos criterios de evaluación para defender sus sostenibilidad a lo largo del tiempo y, en particular, a evaluaciones de impacto que permitan verificar si las intervenciones están cumpliendo con sus objetivos y en qué medida.
A pesar de las evidentes ventajas que trae consigo la evaluación de los proyectos a los cuales se asigna recursos públicos, cabe resaltar un potencial peligro al solo observar los indicadores que se consideran imprescindibles para medir la eficacia de las intervenciones. Esto es los potenciales efectos adversos no esperados de dichas intervenciones o aquellos efectos para los cuales no se cuentan con herramientas de medición claras.
En consideración de los potenciales efectos indeseados, el ámbito psicológico es uno de los cuales no suele recibir la atención necesaria en cuanto a las intervenciones públicas y sus evaluaciones de calidad y eficiencia. En la actualidad, el rol protagónico en cuanto a las recomendaciones sobre políticas públicas ha sido copado por los economistas. Sin embargo, la aplicación de economía al ámbito de intervención pública está fuertemente relacionada con la psicología al buscar predecir cómo los beneficiarios cambiarán su comportamiento como consecuencia de un cambio en los incentivos. En este sentido, muchas veces se han pasado por alto factores sociales, cognitivos o emocionales que son obviados de los modelos y los supuestos económicos; lo cual en muchos casos y por más “buenas intenciones” con las que las políticas hayan podido ser diseñadas traen consigo elementos perjudiciales para la población (Karlan y Appel, 2011).
Como ejemplo de ello Awadi et al. (2015) ponen en evidencia como un conjunto de políticas públicas implementadas para las minorías étnicas en Estados Unidos trajo consigo una mayor discriminación racial y religiosa a los beneficiarios; llegando al punto de afectar sus vidas familiares, su posibilidad de acceder a educación y la pérdida de oportunidades laborales. Y sin necesidad de salir de la región, un mal manejo de la implementación en campo del programa Juntos en el Perú, ha tenido también un efecto de estigmatización sobre los beneficiarios de la transferencia condicionada. Acorde a lo mencionado por uno de los jefes de hogar atendidos por el programa, ellos fueron amenazados de ser eliminados del padrón de beneficiarios si es que no colgaban un afiche en alusión al programa; lo cual resultaba en una ofensa en referencia a ser señalados públicamente como una familia pobre en frente a su comunidad (América Televisión, s.f.).
Un efecto de esta misma índole que podría resultar perverso respecto a la participación en programas sociales y que ha sido poco estudiado por la literatura recae en la percepción de los individuos en cuanto a la incertidumbre y el riesgo. Así, puede resultar crucial saber si los beneficiarios de políticas públicas se ven afectados de alguna forma por la atención recibida y modifican o distorsionan la manera en que entienden y se comportan ante escenarios inciertos; ya que este contexto de decisión en un marco de eventos probable y no certeros puede afectar varios aspectos de desarrollo del país, tal como las decisiones de inversión en algún emprendimiento o mejoras productivas, en la solicitud de créditos bancarios y hasta en la decisión individual de ahorrar para la propia vejez a través de esquemas de pensiones.
La economía y, en particular, la teoría prospectiva nos brindan conceptos sobre los cuales podemos cuantificar la “tolerancia” o gusto de los individuos al riesgo al evaluar las potenciales ganancias y ser compensadas con las posibles pérdidas. De esta forma, algunos individuos serán caracterizados por ser adversos al riesgo pues presentan mayor insatisfacción al encontrarse en situaciones que involucren incertidumbre; mientras, que del otro lado, los “tomadores de riesgo” (risk takers) estarán más satisfechos en contextos del tipo loterías, pues para ellos las ganancias potenciales compensarán las posibles pérdidas tanto como falta de certeza en la transacción.
Acorde a los propuesto por Grant (2013) estos comportamientos no serían irracionales o paranoicos sino que los individuos adversos al riesgo estarían más enfocados en la prevención, asociada a una aversión a ser muy optimista y cometer errores en el camino al entender las metas como oportunidades de mantener el status quo y mantener las cosas funcionando fluidamente; mientras que los tomadores de riesgos estarían enfocados al ascenso y logro pues entienden las metas como oportunidades para lograr algún progreso y terminar en una mejor situación, lo cual los hace más propensos a tomar riesgos cuando el potencial de ganancias es considerable.
En términos concretos, la aversión a la pérdida, concepto acuñado por Kahneman y Tversky (2000), refiere a la valoración de las pérdidas en comparación con las ganancias. De esta forma, un individuo será catalogado como adverso a las pérdidas si muestra una preferencia a evitar cualquier pérdida en vez de obtener una ganancia equivalente. En otras palabras, los individuos adversos a las pérdidas sufren un nivel de insatisfacción mayor por una pérdida que la satisfacción que les provocaría una ganancia de la misma magnitud: es mejor no perder $1 que ganar $1.
En búsqueda de dar luces sobre este posible efecto de las políticas públicas, nuestro estudio (Chong y Cozzubo, 2016), proporciona evidencia que apoya la relación empírica entre la participación en programas sociales y el efecto que estos pueden tener sobre las actitudes y percepciones de los beneficiarios en cuanto a contextos que involucran incertidumbre y riesgos. La información experimental y las encuestas a los participantes fueron recogidas por el BID a través de sesiones experimentales paralelas realizadas a más de 3000 personas en seis países de la región –Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay y Venezuela- en el año 2007 que son representativos a nivel de cada ciudad capital (Cárdenas J.C., Chong, A. y Ñopo, H. 2009; Candelo et al., 2007)
Para cuantificar las actitudes frente al riesgo, se emplearon medidas basadas en experimentos en campo pues se consideran más confiables que aquellas basadas en encuestas que suelen ser autorreportadas. Se realizó un experimento con los participantes utilizando 10 sobres y fichas de diferentes valores en cada uno de ellos. Dentro de cada sobre se colocaban cinco fichas con un valor de pérdida bajo y otras cinco indicando un valor de pérdida alto; por ejemplo uno de los sobres contuvo la mitad de fichas con una pérdida de $10000 y la otra mitad con una pérdida de $1000 ($-10000/$-1000). De esta forma, mientras el valor de la pérdida más baja crecía, los valores de las fichas con pérdidas altas se reducían; generando así otras combinaciones de fichas tal como la mitad de ellas con una pérdida de $18000 y la otra mitad con una pérdida de $1600, hasta la opción de total certeza en el valor de la pérdida donde el sobre contenía diez fichas todas de $7000. Los participantes contaban hasta ese momento con $20000 y al escoger un sobre del cual sacarían una ficha al azar, se verán obligados a devolver al coordinador del experimento el monto mencionado en ella.
De esta manera, la elección de los sobres por cada individuo participante para el experimento nos brinda una medición cuantitativa del grado de aversión a la pérdida respectivamente, pues los sobres consideraban opciones de elección que iban desde un nivel de total certidumbre -con la opción que presentaba el mismo valor alto y bajo- a niveles de riesgo considerables –en aquellos sobres donde la diferencia entre los valores era amplia.
Realizamos un análisis de regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios respecto con la medida de aversión a la pérdida como variable dependiente para cada individuo participante. Nuestros resultados muestran que existe un efecto positivo y significativo sobre la aversión a la pérdida para aquellos individuos participantes del experimento que son beneficiarios de alguna política social en su país.
Estos resultados se obtuvieron para diferentes especificaciones e incluyendo controles sobre las características de los participantes de los experimentos, controles a nivel de la sesión experimental en la que participaron y efectos fijos para la ubicación geográfica respectiva. La especificación presentada en la Tabla 1 es la cual incluye la mayor cantidad de controles. Los hallazgos apuntan que, hay evidencia de una relación empírica entre el nivel de aversión a las pérdidas y la participación en políticas sociales.
Teniendo en cuenta estos resultados, consideramos que la contribución de nuestro trabajo es relevante para el diseño e implementación de la política pública en la región. Como mencionábamos, cada vez se torna más común observar evaluaciones de impacto que verifican la calidad y eficacia de las políticas sociales aunque existen ámbitos del bienestar que se han dejado de lado en cuanto al efecto que dichas intervenciones podrían tener. Consideramos que resulta crucial para llevar a cabo un plan efectivo de protección social en los países que los hacedores de política se pregunten e indaguen desde la etapa del diseño de las intervenciones qué efectos perversos –y tal vez no tan obvios – de corto y largo plazo podrían acarrear consigo los programas planteados y no solo basarse en buenas intenciones.
Referencias
América Televisión (s.f.) Beneficiarios del programa Juntos denuncian condicionamientos para acceder a la ayuda social. Noticiero Cuarto Poder. Obtenido de [http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportajes/beneficiarios-del-programa-juntos-denuncian-condicionamientos-para-acceder-la-ayuda-social-noticia-192]
Awadi, A. y Sharma, M. (2015). The Sociological and Psychological Effects of Public Policies on Specific Communities in the United States: A Case Study on the US PATRIOT Act and Arizona SB 1070. Middle East Review of Public Administration (MERPA), 1(1).
Candelo, N. et al. (2007). “Methodological Steps and Experimental Design in Order to Measure Social Capital and Collective Action in Six Latin American Cities.” Washington, DC, United States: Inter-American Development Bank, Research Department. Manuscript.
Cárdenas J.C., Chong, A. y Ñopo, H. (2009) “To What Extent Do Latin Americans Trust, Reciprocate, and Cooperate? Evidence from Experiments in Six Latin American Countries”. Economia, Journal of the Latin American and Caribbean Economics Association, 9, 2: Spring.
Chong, A. y Cozzubo, A. (2016) “Risk and Social Policies in Latin America” Manuscript, Department of Economics, Georgia State University.
Chong, A. y Martinez J. (2016) “Education and Risk Aversion” Manuscript, Department of Economics, Georgia State University.
Grant, H. (2013) The Hidden Danger of Being Risk-Averse. Harvard Business Review: Risk Management. Obtenido de [https://hbr.org/2013/07/hidden-danger-of-being-risk-averse]
Jiménez, J. (2010) El Impacto Distributivo de las Políticas Públicas en América Latina. Presentación elaborada para el Foro LAC sobre Política Tributaria OECD – CIAT, Panamá 2010.
Kahneman, D. y Tversky, A. (Eds.). (2000). Choices, values, and frames. Cambridge University Press.
Karlan, D. y Appel, J. (2011). More than good intentions. How a new economics is helping to solve global poverty, Dutton, New York.
Popescu, C. y Dobre, I. (2011). On The Correlated Impact of the factors of Risk Aversion on Decision-Making. Journal of knowledge management, Economics and Information Technology, 1(4).
[1] Chong: Georgia State University, Atlanta y Universidad del Pacífico, Lima; Cozzubo: Instituto de Estudios Peruanos y Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
