“Chile de Todos” fue el eslogan con el que la candidatura presidencial de Michelle Bachelet convocó a la ciudadanía en las elecciones del 2013. Se trataba de una invitación a apoyar una agenda para hacer de Chile un país más inclusivo, con reglas más justas.
Con más del 60% de apoyo entre quienes votaron y un Congreso que por primera vez en 25 años era claramente favorable a la coalición gobernante, parecía por fin factible empujar reformas que habían sido imposibles en el pasado. Los altos quórum requeridos por la Constitución, los senadores designados y el binominal habían sido piedras de tope para avanzar en cambiar el legado de la dictadura en áreas clave.
Al poco andar, sin embargo, la discusión de la reforma tributaria dejó en evidencia que la tarea no sería tan fácil. Por un lado, hubo un excesivo voluntarismo por parte del Ejecutivo y un deficiente manejo político del debate. Por el otro, la coalición no tenía, después de todo, los votos que parecía tener en el Congreso.
La reforma tributaria buscaba recaudar unos 3 puntos porcentuales del PIB para financiar transformaciones -en particular, al sistema educacional- y para asegurar la consolidación fiscal. Al mismo tiempo, era una pieza esencial en la agenda de equidad: hacer del sistema impositivo uno realmente progresivo, uno en que efectivamente contribuyan más quienes más ganan.
El resultado fue uno de luces y sombras: la recaudación se elevó y algunos espacios de evasión y elusión se cerraron. Pero al mismo tiempo se abrieron otros. Por ejemplo, ahora el 98% de las empresas calificará como pequeña y podrá acceder a franquicias especiales, mientras que quienes mantienen ingresos en el exterior sin pagar los impuestos correspondientes fueron beneficiados con un perdonazo.
A las dificultades del debate de la reforma tributaria, se sumaron las de las reformas educacional y laboral. Asimismo, el caso Caval obligó a redirigir la agenda legislativa hacia medidas anticorrupción y contra el tráfico de influencias. Todo ello ha socavado el liderazgo del gobierno y, junto al necesario ajuste fiscal, ha limitado la capacidad con la que puede empujar su agenda.
Aún en este contexto, el Gobierno ha tenido grandes aciertos, logrando avances relevantes. A mi juicio y sin lugar a dudas, el más importante es haber puesto fin al sistema electoral binominal.
También destaca la agilidad con la que el gobierno respondió a los escándalos de financiamiento irregular de la política, así como el poner fin a la selección y el copago en el sistema escolar, y destrabar la agenda energética. Por último, las reformas al sistema de libre competencia y de protección al consumidor que avanzan en el Congreso siguen alineadas con la promesa original de un “Chile de Todos”.
