Este martes tendrá lugar la primera rendición de cuenta púbica del Congreso Nacional. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados informarán al país sobre los avances legislativos del último año, así como de sus avances en materias administrativas, de modernización y de transparencia del funcionamiento de las instituciones que lideran.
El desafío es grande. La labor política en general y la parlamentaria en particular se encuentran desprestigiadas como no sucedía en mucho tiempo. Hay varios parlamentarios cuestionados por cómo financiaron sus campañas, las denuncias de conductas cuestionables en otros ámbitos también han sido frecuentes.
¿En dos lugares al mismo tiempo?
Esta semana se conoció el caso de los “dobles viáticos”. Los parlamentarios tienen derecho a un viático de 95 mil pesos por cada uno de los 12 días que dedican cada mes a la labor legislativa, viático que fue cobrado por 82 diputados y 30 senadores mientras se encontraban en el extranjero y recibían un segundo viático con motivo de sus actividades fuera del país.
El sentido común sugiere que el objetivo de un viático es financiar los costos de traslado y estadía para realizar la labor parlamentaria, por lo cual la existencia de dos viáticos simultáneos no tendría sentido. Los abogados administrativistas consultados coinciden con esta interpretación. En lugar de reconocer una práctica equivocada, el Congreso argumentó que se trataba de un problema interpretativo, lo cual contribuye a crear la imagen de una institución más preocupada de su defensa corporativa que de recuperar su legitimidad ante la ciudadanía.
El año 2012 hubo avances importantes en la regulación y fiscalización que hace el Congreso de los fondos que reciben los parlamentarios más allá de su dieta, las llamadas asignaciones parlamentarias. Sin embargo, está claro a estas alturas que dichos avances no fueron suficientes. Es importante fortalecer al Comité de Auditoría y al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, incluyendo la prohibición explícita del uso de asignaciones con fines electorales, tales como la contratación o publicación de propaganda, compra de regalos o levantamiento de encuestas de opinión en el año anterior a una elección. Tampoco es obvio que los comités de ética sean los más indicados para dirimir situaciones donde hay controversia respecto del uso que se dio a dichas asignaciones.
Facilitando la participación ciudadana
Las leyes se moldean en las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Es allí donde se introducen indicaciones que pueden perfeccionar la iniciativa original o pueden terminar desvirtuándola.
Es importante que la ciudadanía pueda seguir el trámite legislativo, denunciando errores o cambios a los proyectos que no les parezcan pertinentes, presionando por indicaciones que quisieran ver incorporadas. Ese es el proceso legislativo coherente con las demandas por transparencia ciudadana actuales, en Chile y en el resto del mundo.
La Cámara de Diputados ha sido receptiva a las nuevas exigencias ciudadanas en materia de transparencia legislativa. Las sesiones de todas sus comisiones son transmitidas por streaming y sus actas se publican dentro de un plazo prudente en la web. Sólo falta regular estos plazos -una semana parece una exigencia razonable- para evitar retrasos injustificados.
El caso del Senado es distinto. Pueden transcurrir años hasta que se publican las actas de las reuniones de las comisiones del Senado, ya que estas se hacen públicas sólo cuando el proyecto de ley pasa a la sala para ser votado. La sesiones de las comisiones habitualmente no se transmiten vía streaming. Ni siquiera la Comisión de Probidad y Transparencia ha publicado las actas de sus sesiones.
¿Será uno de los anuncios de la cuenta pública de este martes que las comisiones del Senado funcionarán con nuevos estándares de transparencia?
Biblioteca del Congreso y falta de transparencia
La Biblioteca del Congreso tuvo un presupuesto de 10.459 millones de pesos durante el 2014, esto es casi el doble de las platas públicas que se estarían distribuyendo entre todos los partidos políticos de prosperar la indicación que ingresó recientemente el Ejecutivo en esta materia. Como se ilustra a continuación, las exigencias de transparencia y rendición de cuentas para el uso de estos fondos son insuficientes.
Parte importante del presupuesto de la Biblioteca del Congreso se destina a preparar, a solicitud de los parlamentarios, informes y estudios que apoyen su labor legislativa. En enero de este año invoqué la Ley de Transparencia para acceder a estos estudios e informes. La respuesta que recibí indica que era facultad de la llamada “Comisión Biblioteca”, conformada por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, decidir si entregan dichos informes, agregando que el articulado de la normativa legal y reglamentaria vigente llevaba a no entregar la información solicitada.
Este martes tendremos a los dos miembros clave de la “Comisión Biblioteca” -el tercero es el director de la biblioteca, que actúa como secretario de la comisión- dirigiéndose al país para anunciar medidas que avancen en materia de gestión y transparencia. ¿Incluirán entre sus anuncios estándares de transparencia y rendición de cuentas para la Biblioteca del Congreso que sean comparables con aquellos de otras instituciones del Estado, incluyendo que los estudios y asesorías que realiza la biblioteca sean públicos?
Las propuestas del consejo asesor
En una columna publicada el 21 de junio en estas páginas, 13 miembros del consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción resumimos las 35 propuestas concretas de nuestro informe que apuntan a que el Congreso asuma una agenda de probidad respecto de sus propias normas, procedimientos y estándares éticos. ¿Cuántas de estas propuestas serán incluidas en la cuenta pública del martes?
El tema es complejo, pues al tratarse de un poder autónomo del Estado, la fiscalización del cumplimiento de normas y regulaciones que aplican a los parlamentarios -incluyendo el uso de recursos públicos para el desarrollo de su labor- no pueden estar sujetas a la supervisión de instituciones como la Contraloría General de la República. Es decir, en la práctica los parlamentarios se autorregulan y autofiscalizan, por lo cual un diseño institucional que dé garantías de independencia y ecuanimidad, que debe emanar de los mismos parlamentarios, es de suma importancia.
Imagen y realidad
Esta semana se supo que el Congreso había llamado a una licitación pública para una asesoría con el objeto de “identificar acciones y atributos que permitan gestionar la imagen y posicionamiento del Senado y la Cámara de Diputados en un contexto ciudadano adverso y de desconfianza”. Uno de los fines de la asesoría es “elaborar orientaciones generales e iniciativas específicas de una estrategia de comunicación […] que modifique las percepciones negativas acerca de ambas entidades del Congreso y genere nuevos significados que potencien positivamente la identidad y la imagen externa de ambas cámaras y de los diputados y senadores como figuras públicas”.
“El mundo político no se da cuenta de su nivel de deterioro ante la opinión pública”, afirmó recientemente uno de los principales expertos en encuestas de opinión pública. Cabe agregar que, como lo sugiere el tenor de la asesoría comunicacional que busca contratar el Congreso, dicho mundo tampoco pareciera tener claro que hay motivos de fondo para el deterioro de su imagen.
El problema de la imagen del Congreso y de los parlamentarios no es un problema comunicacional, es un problema real. El país cambió y conductas que eran aceptadas o toleradas en el pasado no volverán a ser aceptables nunca más. Mientras no se modifiquen prácticas poco transparentes que son muy arraigadas, una asesoría comunicacional servirá de poco.
¿21 de mayo y 21 de julio?
El martes que viene conoceremos la primera cuenta pública del Congreso Nacional y sabremos si sus líderes están a la altura de los desafíos que impone la coyuntura actual. Declaraciones recientes permiten alimentar cierto optimismo: “Va a haber varios anuncios para fortalecer las comisiones de ética, la transparencia y la auditoría interna” anticipó el presidente del Senado.
¿Terminará siendo el 21 de julio una fecha igual de importante que el 21 de mayo en nuestra vida republicana, cuando es el Presidente (o la Presidenta) quien rinde cuenta ante la nación?
El martes tendremos los primeros elementos para comenzar a responder esta pregunta
