La globalización a nivel mundial ha sido un fenómeno creciente durante las últimas décadas. Colombia tomó la decisión de incorporarse en esa ola finalizando el gobierno del Presidente Barco (1986-1990) y desde el inicio del gobierno del Presidente Gaviria (1990-1994) se adoptó un programa de apertura comercial ambicioso y sin excepciones, bajo la consideración de que una economía abierta permite aprovechar mejor las ventajas comparativas que el país posee e impulsa la innovación como motor para mejorar la competitividad que se requiere para poder competir airosamente en los mercados.
Por consideraciones de economía política, el programa de apertura comercial le dio un tratamiento especial a un grupo de productos del sector agropecuario: azúcar, semillas oleaginosas, arroz, leche, maíz, trigo. Esas consideraciones se refieren a que en el modelo anterior, las importaciones de esos productos eran admnitradas por el IDEMA, un organismo estatal que de acuerdo con el análisis anual del balance entre la oferta y la demanda doméstica, permitía importar eventualmente contingentes para cubrir los faltantes y así evitar una disparada de los precios de la canasta alimenticia. En muchas ocasiones los análisis del planificador central se pifiaban y las consecuencias se traducían en desestabilizaciones mayúsculas de los precios. De otro lado, los sectores al estar aislados de la competencia internacional tenían pocos incentivos a invertir en innovación, mejorar las prácticas y aumentar la productividad. Las comprobadas formas de corrupción para que el funcionario del IDEMA tomara decisiones en un sentido influyeron también en su desmonte.
El instrumento que se montó a cambio fue una adaptación del sistema de bandas de precios que Chile tenía para el trigo y el azúcar. El argumento que justificó el sistema de franjas de precios para estos productos en Colombia y que después se adoptó por la Comunidad Andina de Naciones a la cual pertenece Colombia, era que se trataba de productos que en los mercados internacionales presentan una gran volatilidad en el comportamiento de sus precios y que por lo tanto era importante evitar que se transmitiera esa volatilidad al mercado interno afectando a productores, industrias y consumidores.
Las franjas de precios se construyeron con el promedio de los últimos 60 meses del precio internacional y el piso y techo de la franja con una desviación estándar sobre el promedio. El arancel que se aplica a las importaciones del producto que tiene franja de precios es variable, pues depende del nivel del precio internacional. Si éste está por debajo del piso, el arancel aplicado a la importación será igual al arancel básico del producto (p.ej. 15%) más los puntos adicionales necesarios para llevar el precio equivalente de importación al piso de la franja. Por el contrario, si el precio internacional es muy alto, se aplica un descuento arancelario para reducir el precio de importación hasta el techo de la franja. En este caso, sin embargo, el descuento arancelario no puede ser superior al arancel básico, y por tanto el instrumento opera de manera asimetrica. Finalmente, si el precio internacional se halla entre el piso y el techo, se aplica solo el arancel básico.
Varios problemas presenta este instrumento, además de la asimetría mencionada. Usar un promedio móvil de 60 meses para construir la franja no tiene una justificación técnica. Acaso todos los commodities que están en el sistema de franjas de precios presentan ciclos de 60 meses en los mercados internacionales? Es más, están sujetos a ciclos? La respuesta es claramente NO. Los ciclos, si lo hay, además son cambiantes, afectados por tantos fenómenos empezando por el cambio climático. Frente a la volatilidad de los precios, existen desde hace décadas instrumentos financieros en los mercados de futuros que sirven para asegurar niveles de precios. Así las cosas, los agentes económicos (productores, industriales, exportadores, importadores) pueden hacer uso de esos instrumentos para enfrentar la volatilidad sin necesidad de que el Estado intervenga.
Las consecuencias de tener una franja de precios para el azúcar sobre los consumidores y la industria que la demanda como insumo han sido claramente negativas y en los próximos años en que se pronostica unos precios internacionales del azúcar a la baja lo serán por el sobrearancel. Así, se tiene hoy en día y se tendrá en los próximos años un precio doméstico del azúcar superior al internacional. Ello hace que los consumidores paguemos precios superiores y le genera a la industria una reducción de su protección efectiva que la pone en condiciones desfavorables para competir con las importaciones de bienes similares. También le resta competitividad para exportar. No es de sorprenderse que en los últimos años industrias colombianas hayan ido migrando a otros países de la región.
En el entorno de globalización que vive Colombia es urgente reformar la política de comercio exterior que le sigue dando privilegios a algunos sectores que tradicionalmente han tenido mucho poder de lobby, pues las consecuencias negativas sobre el resto de la sociedad son grandes. Lo razonable es que el azúcar, así como los demás productos agrícolas tengan un arancel fijo, como los demás productos industriales y así dejen de generar distorsiones al resto de la economía. De otra parte, es menester contar con una política que apoye la innovación y la reconversión de sectores agrícolas que enfrentan problemas de competitividad.
