Hay muchos países en que la educación pública funciona muy bien, y son muy pocas las experiencias internacionales en que la educación con fines de lucro muestra buenos resultados. En Chile, el desempeño de escuelas privadas sin fines de lucro es, en promedio, mejor que el de las que lo tienen. Estas son razones potentes para argumentar que si Chile fuese a diseñar un sistema educacional desde la nada, ese diseño no debería contemplar el lucro en la educación.
Pero la pregunta que Chile enfrenta hoy no es esa, sino cómo reformar y modernizar un sistema en que ya existen colegios con fines de lucro, sin poner en peligro la diversidad de alternativas, ni menos la existencia del sector particular subvencionado, que juega un papel clave en la formación de nuestros niños y jóvenes. Esa pregunta requiere respuestas aterrizadas y prácticas, que son precisamente las que han escaseado en nuestro debate educacional reciente.
Ayuda comenzar cuantificando el problema. Hoy, 32% de las escuelas (ya sean municipales o particulares) que reciben subvención estatal tiene fines de lucro. Ese es un número importante. Sin embargo, el total de excedentes anuales atribuible al sector con fines de lucro, del orden de 133 millones de dólares, no lo es. Y probablemente sólo una parte de ese monto corresponde a retiro de utilidades. Esto sugiere que el rubro no es tan comercialmente rentable, lo que es consistente con el hecho de que no se observa alta concentración en el sector ni la existencia de megasostenedores. El 55% de los sostenedores con fines de lucro tiene un colegio y menos de un tercio tiene más de tres colegios. Estimaciones de expertos sugieren que sobre el 80% de los sostenedores son profesores.
El desafío es cómo diseñar una institucionalidad para la educación particular subvencionada que permita que pueda seguir existiendo con diversidad (confesional o laica), que evite el mal uso de recursos (especialmente públicos) y que, al mismo tiempo, no sea engorrosa o impracticable. En ese contexto, la idea de que dentro de un plazo los colegios con fines de lucro se conviertan en fundaciones parece atractiva. Pero el camino diseñado por el gobierno para llegar a ese destino no lo es.
Sabemos que la prohibición del lucro no basta para impedir que los sostenedores retiren excedentes con fines no educacionales. Para evitar el arriendo de inmuebles a precios no de mercado y por ahí desviar recursos, el ministerio ha propuesto que los futuros sostenedores deban ser dueños de los inmuebles o, en su defecto, que el Fisco los compre.
Se trata de un requisito oneroso y una obligación incumplible para muchos sostenedores que no son dueños del inmueble, pues traspasarlos no depende de su voluntad. En simple, si el dueño se negara a vender, no hay otra salida que la transformación de la escuela en privada, o el cierre.
Posiblemente previendo que su plan provocaría el cierre de escuelas, el ministerio consideró en otro proyecto, el del administrador provisional, nuevas facultades de intervención a los establecimientos, de modo que el dueño de colegio se viera obligado a aceptar las condiciones de compra del ministerio. La discusión parlamentaria del proyecto del interventor eliminó esta cláusula.
Pero los problemas asociados a la obligación de compra no terminan ahí. La fórmula de pago, cuotas por 12 años que debe descontar de la subvención, hace muy difícil la mantención operacional del colegio. Ello equivale a reducir los recursos que el colegio tiene disponibles para fines directamente educacionales (no inmobiliarios), lo que difícilmente se condice con la demanda social de una educación de mayor calidad para nuestras hijas e hijos.
Si lo que se quiere evitar es la práctica de “precios de transferencia”, a través de la cual un sostenedor podría retirar utilidades encubiertamente, inflando el monto del arriendo, hay maneras más prácticas y efectivas de lograrlo. De hecho, el Código Tributario (art. 64) otorga al SII atribuciones de tasación. La misma Ocde propone fórmulas para detectar precios de transferencia tramposos. Sustituir la obligación de compra por la de arriendo, determinando precios adecuados y subvenciones que digan relación con ese costo, evitaría uno de los problemas más evidentes del proyecto de ley del gobierno.
Desde sus inicios como República, Chile ha tenido un sistema de provisión mixta en educación. Es importante que esta diversidad se mantenga. Hay que hacer una reforma, pero hacerla bien.
Todos queremos un sistema más integrado, menos segregador e injusto. Pero el cierre de muchos colegios particulares subvencionados, o su transformación en particulares pagados, le quitaría diversidad al sistema, aumentaría potencialmente la segregación y disminuiría las alternativas disponibles para las familias. Existe otro sendero para los cambios. Sigámoslo.
