Aunque mis colegas académicos que estudian procesos eleccionarios probablemente no se sorprenderían, no deja de llamar la atención que haya algunas coincidencias entre las nueve candidaturas que compiten en la próxima elección presidencial. Una de ellas es la necesidad de elevar los gastos públicos.
En efecto, incluso la candidatura de Evelyn Matthei, que representa a los sectores de la derecha, ha planteado un programa de gobierno que, de implementarse, tendría un costo fiscal de unos 17 mil millones de dólares en cuatro años. Ello no es habitual en un sector que históricamente ha preferido un Estado lo más pequeño posible. Una diferencia relevante, sin embargo, es cómo se propone financiar esos nuevos gastos.
El Informe de Finanzas Públicas recientemente publicado por la Dipres puede servir de marco de referencia. De acuerdo a las estadísticas del balance del Gobierno, y dados ciertos supuestos sobre la evolución del crecimiento del PIB y del precio del cobre, la holgura fiscal que enfrentará el próximo gobierno es de unos nueve mil quinientos millones de dólares para los cuatro años, un 3% del PIB aproximadamente. Esta holgura es la diferencia entre los ingresos proyectados y los gastos que quedarán comprometidos por la actual administración.
Esta estimación supone que el próximo gobierno mantiene durante los cuatro años un déficit estructural de un 1%. De acuerdo a la Dipres, si se decide converger gradualmente a un balance estructural, la holgura cae a unos cuatro mil seiscientos millones de dólares, o un 1,4% del PIB. La reticencia de algunos de revisar el sistema de impuestos los ha obligado a buscar otras fuentes para financiar nuevos gastos. Por ejemplo, se dice que medidas fiscalizadoras permitirían bajar la evasión tributaria en cuatro mil millones de dólares. Esta es una cifra impresionante, y me pregunto qué ha pasado que el Estado no ha hecho los esfuerzos para recolectar estos fondos si es así de fácil. Los recortes sucesivos que ha experimentado el presupuesto del SII en estos años no avalan la idea de que la fiscalización sea suficiente.
Otra fuente posible es el crecimiento. Las proyecciones de la Dipres, sin embargo, sitúan el crecimiento del PIB tendencial en torno al 4,8%, prácticamente el mismo que hace unos pocos años. En otras palabras, nada ha cambiado en la estructura de la economía estos años que nos permita creer que creceremos más rápido. Menos que se puede descansar en que este generará la recaudación adicional necesaria.
Estas mismas cifras sugieren que el mayor crecimiento que experimentó la economía estos años fue transitorio, fruto posiblemente del impulso fiscal y monetario del 2008-2009, del terremoto del 2010 y de las históricamente favorables condiciones de liquidez internacionales. Lo que ha sucedido con el empleo es otro síntoma de lo mismo: más de la mitad de los puestos de trabajo generados durante esta administración se crearon el 2010.
Como ninguna candidatura pareciera desear solo administrar lo que deja este gobierno, opción válida dada la estrechez fiscal, una reforma tributaria es insoslayable. De hecho, ello nos acercaría a un tamaño del Estado más acorde a nuestro nivel de desarrollo. Las estimaciones que existen indican que los países que hoy son desarrollados tenían típicamente Estados, como proporción del PIB, entre cuatro y seis puntos más grandes que el que tiene Chile hoy. Ello no solo no fue un impedimento para el desarrollo; probablemente lo favoreció.
Pero reformar el sistema de impuestos no tiene como único objetivo financiar de manera responsable los futuros gastos, asociando gastos permanentes a ingresos permanentes, una sana costumbre que parece haberse debilitado en estos años. También porque tenemos un sistema de impuestos que tiene un sinnúmero de tratos preferenciales que no se justifican y que introducen ineficiencias en la economía.
También se requiere revisar nuestros impuestos porque no son equitativos -quienes más ganan no son quienes proporcionalmente más contribuyen a las finanzas públicas- y por tanto es urgente introducir una mayor legitimidad al sistema. Finalmente, porque hemos desaprovechado los impuestos como una herramienta para introducir una mayor igualdad, con un sistema auténticamente progresivo como tienen los países que han alcanzado el desarrollo.
A los editores,
Agradeceré una explicación de la inclusión de entradas escritas por colaboradores chilenos que son asesores de la Sra. Bachelet, candidata a presidente en la elección del 17 de noviembre. Salvo Vittorio Corbo y Sebastián Edwards, los demás colaboradores chilenos entran en esa categoría, siendo Andrea un ejemplo clarísimo de esa situación. Las columnas de esos colaboradores fueron publicadas en diarios chilenos para una audiencia chilena (ojalá con alguna educación profesional) y con un propósito electoral. Los lectores no-chilenos deben tener problemas serios para entender de qué se está hablando (por ejemplo, DIPRES es la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda que por mucho tiempo ha estado a cargo de conocidos economistas, hoy R. Costa, e incluso en Chile pocos economistas siguen la discusión supuestamente técnica del presupuesto pero que no pasa de un ejercicio de fantasía, con el perdón de los varios amigos que participan en el ejercicio). Y los lectores economistas se sorprenderán cuando Andrea concluye que una reforma tributaria es insoslayable sin considerar jamás el margen para reducir el gasto público. En fin, estas columnas no pasan de afiches políticos y si de eso se trata mejor colgar los afiches post RiBer-Boca.