Que Chile tiene necesidades sociales y económicas imperiosas que ameritan una mayor tributación, no cabe duda: la calidad de la educación básica y media; la extensión de la educación pre-escolar; pensiones más dignas, un ingreso mínimo “ético”; mejor salud; restaurar el equilibrio fiscal estructural; entre otras. Inclusive una reforma tributaria que recaudara US$ 8.200 millones (la propuesta Bachelet) sería insuficiente para abordarlas todas. Habrá que priorizar. A título de ejemplo, contrasto los costos y beneficios de tres reformas: un ingreso “ético”; la garantía de una educación técnica superior para todo egresado de la enseñanza media que no entra a la universidad; y la gratuidad de la educación universitaria.
Primero, el ingreso ético. Alrededor de 1,7 millones asalariados ganan menos de la línea de pobreza para una familia de cuatro, $ 290.000 al mes. Si el fisco pagara un bono supletorio de US$ 80 al mes para que todo asalariado alcanzara al ingreso ético, ello costaría US$ 1.700 millones al año. Más aún, tal como está descrito, no habría incentivo para que los trabajadores entre el mínimo y el ingreso ético se esforzaran para ganar más, pues igual tendrían un ingreso de $ 290.000. Así que para tener incentivos correctos, habría que ampliar los beneficios a más personas, elevando el costo cerca de 50% más, a US$ 2.550 millones al año (0,9% del PIB). Esta política eliminaría el grueso de la pobreza y mejoraría la distribución del ingreso. En efecto, el ingreso del quintil más pobre subiría por este 0,9% del PIB, mientras que el del quintil más rico, que supondremos que financian esto, caerían por lo mismo. Por tanto, la relación de ingresos entre quintiles caería de 13,8 veces (55/4) en la actualidad a 11,0 (54,1/4,9).
Segundo, cada año del orden de 150.000 egresados de la enseñanza media entran directamente al mercado laboral. No van a la educación superior, por lo que no se beneficiarían de universidad gratuita. Brindarles una educación técnica superior de calidad (tipo Inacap o DUOC), costaría del orden de US$ 750 millones al año (con un arancel por los dos años de US$ 5.000). Como ello virtualmente doblará lo que ganarían de sólo tener un título secundario, se doblará así la participación del quintil más pobre en el ingreso nacional hasta alcanzar 8% del PIB. Supuesto que el quintil más rico financia estos US$ 750 millones (0,25% del PIB), a largo plazo la relación de ingreso entre quintiles caería de 13,8 en la actualidad a 6,8 (54,75/8). Sin embargo, a corto plazo el efecto sería pequeño, pues cada año se renueva no más de 2,5% de la fuerza de trabajo, por lo que la relación entre quintiles descendería del orden de 0,18 puntos cada año.
Tercero, educación superior gratuita. Alrededor de un millón de jóvenes están actualmente en la educación superior. A un arancel medio de US$ 4.000 al año, la gratuidad costaría US$ 4.000 millones al año. Como los más modestos ya reciben becas, el costo adicional de la gratuidad universal sería del orden de US$ 3.000 millones al año (1% del PIB). Supuesto que la gratuidad se financiara solo gravando a los ricos, el ingreso del quintil más alto caería en 1% del PIB. En cambio, el ingreso del quintil más bajo no variará, pues casi todos ya iban en forma gratuita. Además los nuevos profesionales estarán sin duda en el tercio más alto de ingreso del país. De ahí que la relación entre quintiles caería poco, de 13,8 a 13,5 (54/4,0), y toda la mejora se debería a la forma que se recaudó su financiamiento y nada a la gratuidad.
¿Cómo priorizar? Entre el ingreso ético y gratuidad de la educación universitaria no hay donde perderse, tanto en cuanto a costo (US$ 2.550 millones versus US$ 3.000 millones) como en cuanto a impacto distributivo (fuerte versus casi nulo). En cambio, entre ingreso ético y educación técnica superior garantizada, depende de cómo uno pondere un impacto fuerte inicial (ingreso ético) a uno más duradero y estructural (educación técnica superior garantizada). En cuanto a mí, como dice el adagio, me parece mejor enseñarle a un hambriento a pescar que darle pescado.
Reforma tributaria sí, pero para las necesidades sociales más apremiantes. La gratuidad universitaria cae por su propio peso.
