Elecciones: ¿cuáles son las diferencias entre la izquierda y la derecha?

Antesala de elecciones: Políticos de Izquierda y de Derecha y los Economistas que los Asesoran

A medida que se encienden motores para las elecciones de 2014, se empiezan a definir las posiciones de candidatos a cargos de elección popular  sobre temas de actualidad. En particular, empiezan a definirse posiciones con respecto a temas de política económica. Aun cuando hay muchos matices, en este ensayo quiero identificar los supuestos y creencias que subyacen las diferencias entre posiciones de política económica identificadas con la izquierda, y en particular el Polo Democrático Alternativo, y las posiciones llamadas de derecha.

Curiosamente, muchos políticos de derecha en Colombia últimamente coinciden con sus contrapartes de izquierda en temas como el apoyo gubernamental a la industria, protección contra competencia de importaciones y otras políticas públicas. Esto complica el análisis. Trataré de enfocarme en las diferencias entre  posiciones liberales en el sentido clásico, frecuentemente asociadas con algunos sectores de derecha (“derecha” en el texto), y las posiciones de izquierda.

¿Cuáles son los supuestos y convicciones que explican las diferencias diametrales de posición frente a temas como la firma de tratados de libre comercio? ¿La política tributaria y fiscal? ¿La política social? ¿El alcance de políticas industriales y sectoriales? En lugar de comentar sobre las particularidades de cada tema, voy a sugerir 7 áreas de discusión que pueden explicar las diferencias de posición con relación a una variedad de  políticas públicas y más en general, las posturas de filosofía política de candidatos de izquierda y de derecha.

Siete Diferencias que Pueden Explicar casi todas las Diferencias

Las siete áreas que creo que cubren la inmensa mayoría de temas son: (1) el efecto esperado de impuestos;(2) la prevalencia de fallas de mercado;(3) la persistencia de monopolios;(4) la eficiencia del estado;(5) la racionalidad en el comportamiento de consumidores y productores;(6) la presencia y efectos de asimetrías de información; y finalmente, (7) la naturaleza de la desigualdad del ingreso. Estos siete puntos resultan en ideas radicalmente diferentes sobre el rol del sector público en la economía.

El Efecto de Impuestos

Economistas de derecha consideran que las distorsiones en el sistema de precios introducidas por impuestos son grandes, al igual que sus costos en términos de bienestar social. Por lo tanto, les preocupa el crecimiento del sector público y los impuestos requeridos para financiarlo. La izquierda considera que estas distorsiones son menores, lo cual implica elasticidades de la oferta y la demanda pequeñas. Cada vez que se propone un nuevo impuesto para financiar gasto público donde el objetivo es aumentar el recaudo, hay diferencias implícitas enormes en los supuestos sobre elasticidades.

Estas diferencias son particularmente importantes en temas laborales: economistas de derecha sugieren que la oferta de trabajo es bastante sensible a cambios en regulaciones que afectan salarios de reserva y explican los altos y persistentes niveles de desempleo en el desincentivo al trabajo creado por intervenciones estatales en el mercado laboral.

Un buen ejemplo de trabajo empírico poniendo a prueba estas ideas fue presentado recientemente por Casey Mulligan en su libro «The Redistribution Recession: How Labor Market Distorsions Contracted the Economy» donde documenta el efecto sobre la oferta de trabajo de políticas encaminadas a ayudar a aquellos más golpeados por la crisis financiera con subsidios, reducciones de impuestos y otras medidas. Mulligan argumenta que las ayudas ofrecidas actuaron como un impuesto adicional al trabajo aumentando así los salarios de reserva y demorando la recuperación del mercado laboral.

De igual manera, a los economistas de derecha les preocupa más el desincentivo a la inversión y a la creación de riqueza de impuestos a la renta y tienden a favorecer impuestos al consumo aun cuando estos sean regresivos.

En Colombia, la reciente Reforma Tributaria y la modificación a las fuentes de financiación del Sena y del ICBF reemplazando parafiscales por impuestos a utilidades empresariales, reflejan la preocupación por el efecto de impuestos a la creación de trabajo formal (los llamados parafiscales) sobre la creación de empleo. La izquierda se ha opuesto a la reforma y muy particularmente a este capítulo.

Las Fallas de Mercado

Economistas de derecha consideran que las fallas de mercado son casos excepcionales y que en general los mercados generan asignaciones óptimas de recursos. La izquierda considera que las fallas de mercado son más prevalentes requiriendo más intervención estatal. La intervención puede tomar muchas formas:  impuestos Pigouvianos, cuotas, regulación de precios, prohibiciones.

Las fallas de mercado, entendidas como brechas entre los costos o beneficios sociales y privados, en teoría pueden ser resueltas con políticas públicas. Sin embargo, economistas de derecha consideran que una apropiada asignación de derechos de propiedad y la libre y voluntaria interacción entre las partes suelen lograr eliminar la brecha (este resultado es conocido como el Teorema de Coase[2]).

El tema de políticas industriales activas también en el centro de debates de políticas actuales, tiene en su centro el tema de fallas de mercado y la necesidad de que el sector público cumpla con un rol de coordinador de actividad privada resolviendo problemas de coordinación que aparentemente no ha podido solucionar el sistema de precios.

La Persistencia de los Monopolios

En cuanto a estructuras de mercado y competencia, la derecha considera que el poder de monopolio es típicamente un fenómeno transitorio y que las fuerzas de mercado – entrada de nuevos productores en respuesta a beneficios positivos, nuevas prácticas competitivas e innovación – son efectivas en eliminar el poder de mercado. La izquierda considera que los monopolios son más persistentes y consideran que se requiere una política de competencia más activa y frecuentemente, más estructural.

La izquierda suele considerar que los costos en términos de bienestar del monopolio justifican políticas de competencia activas y esquemas de regulación intervencionistas. Adicionalmente, asocian posiciones de poder y de explotación a posiciones dominantes. La derecha suele pensar que las ganancias dinámicas debidas a los incentivos que genera la expectativa de monopolios temporales sopesan las pérdidas estáticas. Adicionalmente, consideran que posiciones monopolísticas persistentes suelen perdurar gracias a alguna política estatal que aumenta barreras a la entrada. Rara vez en ausencia de ellas.

El tema de la política de competencia, de moda en Colombia con casos de alto perfil en telecomunicaciones y el proceso de estudio de la OCDE, han servido para ilustrar las diferentes aproximaciones a la política de competencia: sectores de izquierda[3] han propuesto leyes antimonopolio específicas al sector de telecomunicaciones y políticas que limiten la participación de mercado de cada operador a no más de 30%.

La Eficiencia del Estado

La derecha considera que la asignación de recursos por parte del estado es ineficiente y sujeta a influencias de intereses particulares, captura del estado, apropiación de rentas y en el peor de los casos, corrupción. La omnipresencia de problemas de economía política y de escogencia pública, empeorados por problemas de información, llevan a que economistas de derecha sean cautelosos a la hora de proponer y endosar intervenciones gubernamentales, aun si en teoría puedan ser apropiadas.

La izquierda concibe al sector público como un contrapeso necesario a las fuerzas del mercado e implícitamente consideran que los costos asociados a lo público son menos grandes. Sin embargo, requieren que haya personas “idóneas” en cargos públicos para ejercer este contrapeso.

La Racionalidad

Pasemos ahora al consumidor: la derecha considera que la gente toma las mejores decisiones posibles dados sus objetivos y dadas las limitaciones de recursos e información disponibles. Dado lo anterior, los individuos son los mejor posicionados para tomar decisiones que afectan su bienestar y el de sus allegados. La izquierda considera que la gente suele cometer errores, que problemas comportamentales son persistentes, y que el gobierno puede y debe protegernos de nuestros errores a través de regulaciones y mandatos.

La creencia que el gobierno está en la capacidad, y en la obligación moral, de ayudar a resolver problemas de economía comportamental, se manifiesta en un amplio espectro de posiciones de política que van desde los pequeños incentivos y desincentivos estilo “Nudge” de Thaler, hasta prohibiciones y mandatos autoritarios y restrictivos de libertades individuales.

La Información Asimétrica

La información asimétrica como generadora de fallas de mercado, es identificada por la izquierda con frecuencia como justificación para políticas públicas. Las políticas menos intervencionistas suelen hacer incapié en la generación y divulgación de información que elimine las asimetrías, y la posición de ventaja y poder que viene con ellas. Las más intervencionistas promueven eliminar mercados con asimetrías y reemplazarlos por mecanismos de asignación pública.

La derecha considera que la generación de información es en sí misma un resultado de fuerzas de mercado: generar, encontrar y usar información requiere inversiones y el retorno a estas inversiones sirve de incentivo para que aquellos mejor posicionados para generarla lo hagan. Intervenciones estatales pueden interferir con procesos de mercado que o bien generan nueva información o ayudan a proteger de las asimetrías de información.

Un sector donde estas discusiones son más visibles es el sector de la salud donde en Colombia estamos teniendo interesantes discusiones. En particular, la discusión sobre el papel que juegan las EPS. Aproximaciones de mercado sugieren que el problema de las EPS no son sus ganancias, ni su naturaleza privada, sino la falta de competencia en este eslabón de la cadena vertical que resulte en una transmisión de las eficiencias logradas por las EPS en calidad de “compradores inteligentes” de servicios de salud a los pacientes en términos de precios más bajos.

La Desigualdad del Ingreso

Finalmente, economistas de izquierda y de derecha suelen diferir en su análisis de la desigualdad del ingreso, uno de los temas más actuales de política económica en Colombia siendo uno de los 10 países más desiguales del mundo. La derecha suele ver la distribución del ingreso como el resultado de decisiones individuales de inversión en capital físico y humano y por tanto ven  las diferencias de ingresos como el resultado, principalmente, de diferencias en retornos a inversión en diferentes habilidades y destrezas. De la misma manera, ven la desigualdad del ingreso como el subproducto del éxito de emprendedores que ofrecen productos y servicios valorados por la sociedad.  En este orden de ideas, la desigualdad del ingreso no es necesariamente injusta e intervenciones gubernamentales deben ser limitadas a aquellas que menos distorsionen los incentivos de generación de riqueza y que se enfoquen a la eliminación de desigualdad de oportunidades, mas no de resultados (muchos sectores de derecha han promovido programas sociales de atención a la primera infancia, por ejemplo).

La izquierda suele ver la desigualdad del ingreso como una fuente de mayor preocupación, que afecta la cohesión social, genera distorsiones en sistemas democráticos, posiciones de poder político que contribuyen a la protección del poder económico, y que por tanto requiere intervenciones agresivas por parte del gobierno.

Algunos sectores de derecha ven  la pobreza y la eliminación de la pobreza como el tema prioritario de política pública, independientemente del nivel de desigualdad. Un desplazamiento de la curva de distribución del ingreso hacia la derecha conjuntamente con un incremento de medidas de desigualdad (mayor desviación estándar, o mayor rango) no es vista como indeseable. Sectores de izquierda ven con más preocupación la desigualdad “per se” sin importar los niveles de ingreso.

¿Cómo Decidir?

Estas siete diferencias llevan a que economistas de izquierda crean que el estado debe jugar un papel más activo en la economía. Los beneficios de la acción estatal compensan los costos asociados en términos de posibles distorsiones, fallas de gobierno, limitaciones a libertades individuales y coacción estatal sobre el individuo. Economistas liberales en el sentido clásico, consideran que los posibles beneficios no justifican los costos.

Sin embargo, muchas de las diferencias pueden ser resueltas caso por caso y con la ayuda de teoría y constatación empírica. Por ejemplo, para decidir si un impuesto genera distorsiones importantes, podemos medir las elasticidades de la oferta y la demanda; igualmente, las fallas de mercado deben ser identificadas caso por caso; la persistencia de monopolios y la estructura de mercado deben ser analizadas con rigor, los costos de políticas públicas deben incluir las consideraciones de economía política al igual que los costos más directos de implementación de dichas políticas.

Durante los próximos dos años las diferencias de política económica entre candidatos de izquierda y de tendencias más pro-mercado se intensificarán en la medida en la que los candidatos busquen diferenciarse (para luego probablemente converger hacia el centro, pero ese es otro tema). La izquierda destacará la desigualdad del ingreso, fallas de mercado, poder de monopolios y propondrá prohibiciones y regulaciones de mercados nacionales al igual que restricciones al comercio internacional y otras interacciones económicas del país con el resto del mundo como soluciones. También veremos políticos de la derecha Colombiana sugerir intervenciones en muchos ámbitos, como la política industrial y comercial, cuyo éxito dependerá de la capacidad de superar los problemas de economía política y de información mencionados.

En cualquier caso, creo que muchas de las discrepancias podrían entenderse mejor, y hasta solucionarse, si se tuviera la disciplina de analizar políticas públicas evaluando los siete puntos sugeridos en esta nota desde la perspectiva de lo que se ha llamado “evidence based policy”.