A finales de 2008 la Superintendencia Financiera de Colombia intervino algo más de una docena de empresas que, con distintas fachadas y bajo distintas modalidades, ofrecían a sus inversionistas retornos altísimos en periodos muy cortos. Estas empresas, con presencia a lo largo de todo el país resultaron no ser otra cosa que una red de esquemas de Ponzi en la que cientos de miles de personas, la mayoría de ingresos bajos o medio-bajos, habían invertido decenas de millones de dólares. Las llamadas “pirámides” financieras fueron acusadas de los delitos de estafa y captación masiva ilegal de dinero.
Los esquemas de Ponzi deben su nombre a Charles Ponzi creador en 1920 en Estados Unidos de un modelo financiero que publicitó con el eslogan: “Duplique su dinero en sólo tres meses”. Se trata en la práctica de inversiones fraudulentas que ofrecen rentabilidades muy superiores a las del mercado, lo cual es posible gracias a una estructura piramidal en la que el capital de los clientes nuevos (en la base de la pirámide) es usado para pagar los retornos de los clientes antiguos (en la punta). Es decir, el retorno pagado a los inversionistas se deriva de la capacidad de atraer un numero creciente de nuevos inversionistas y no de la rentabilidad de la empresa específica en la cual se invierte. Es justamente esta estructural piramidal la que vuelve a los esquemas de Ponzi insostenibles en el largo plazo.[1]
Los ejemplos más sonados en años recientes sobre descalabros financieros de esquemas de Ponzi son, en países en desarrollo, los vividos por Albania en 1997 y Haití en 2001. En el primer caso, las revueltas iniciadas por las víctimas del descalabro financiero en Tirana y otras ciudades albaneses resultaron en más de 2000 muertos. Por su parte, la crisis en 2001 de las “cooperativas” tipo Ponzi en Haití le costaron los inversionistas unos 240 millones de dólares, casi el 60% del PIB haitiano. Después del descalabro, miles de inversionistas afectados que habían sido atraídos por el apoyo del gobierno (así como de algunas celebridades locales) a dichas cooperativas, salieron a las calles iniciando saqueos y revueltas que duraron varios días.
Sin embargo, el caso mediático más reciente es el de Madoff en Estados Unidos. Bernard Madoff, un antiguo jefe del mercado de valores de NASDQ, manejó durante más de dos décadas el esquema de Ponzi más exitoso del que se tenga registro. Su fondo de inversiones de 50mil millonesde dólares sobrevivió hasta que la crisis financiera del 2008 precipitó un retiro masivo de inversionistas del fondo.[2] En 2009 Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión por cuenta de su esquema de Ponzi.
La experiencia reciente colombiana guarda desafortunadamente algunos elementos en común con los ejemplos de Albania y Haití. Después de la intervención de las pirámides en 2008 por parte de la Superintendencia Financiera las manifestaciones de descontento, inclusive las violentas, por parte de segmentos de la población afectada no se hicieron esperar. Las protestas, los saqueos y el vandalismo en contra de la infraestructura pública se concentraron en las ciudades más afectadas y las víctimas demandaban compensación por parte del Estado, a quién acusaban de permitir el florecimiento y la expansión de los negocios ilegales.
Si bien las inversiones individuales nunca pudieron verificarse, el Gobierno Nacional reconoció a las víctimas comprobadas de dicha practica una cantidad máxima equivalente a cerca de 130 dólares. Sin embargo las crónicas que publicaban los distintos medios retrataban el caso de personas que habían invertido decenas de miles de dólares incluyendo tanto sus ahorros propios como los de sus familias y empresas, vendiendo e hipotecando sus bienes y propiedades.
¿Cuál es el efecto de la caída de las pirámides colombianas en el crimen? Esta es la pregunta que nos planteamos en un trabajo reciente coautorado con Darwin Cortés, de la Universidad del Rosario, y Julieth Santamaría, del BID.
La caída simultánea entre noviembre y diciembre de 2008 de las pirámides significó un choque negativo de ingreso para cientos de miles de personas que invirtieron en ellas. La literatura sobre los efectos de este tipo de choques de ingreso es extensa. Mientras las teorías más clásicas de ciclo de vida e ingreso permanente (de Modigliani y Friedman respectivamente) argumentan que los individuos intentan suavizar su consumo considerando las fluctuaciones de ingreso que sufrirán a lo largo de su vida, la evidencia empírica sugiere que el consumo es muy sensible a cambios corrientes en el ingreso. Esto puede deberse a la presencia de restricciones crediticias, lo que contrasta con los mercados financieros completos subyacentes a dichas teorías. En efecto, las restricciones crediticias, mayores entre los hogares pobres en países en desarrollo como Colombia, Albania o Haití, exacerban el impacto negativo de los choques de ingreso en el bienestar de las personas.
La literatura del desarrollo ha identificado varios mecanismos utilizados por los hogares para contrarrestar choques de ingreso negativo, que van desde la venta de activos hasta el incremento de la oferta laboral, inclusive de trabajo infantil. Por otro lado, desde el punto de vista de la economía del crimen, los choques negativos de ingreso disminuyen el precio de invertir en actividades ilegales que ayuden a contrarrestar el efecto del choque, especialmente en contextos institucionales débiles en los que la probabilidad de captura es baja (Becker, 1968 y Ehrlich, 1973).
La evidencia empírica acerca del efecto causal de choques de ingreso negativos sobre la incidencia de actividades criminales es relativamente nueva. Varios de los trabajos recientes utilizan variaciones en la cantidad de lluvia como fuente de variación exógena del ingreso. Por ejemplo, Ted Miguel de Berkeley tiene varios trabajos donde demuestra que choques negativos en el ingreso respectivamente: i) exacerban la probabilidad de experimentar un conflicto armado en África Subsahariana; ii) aumentan los asesinatos de ancianas acusadas de ser brujas en el área rural de Tanzania; y iii) incrementaron los crímenes económicos en la Baviera alemana del siglo XIX. Sin embargo, la relevancia de este instrumento se limita a sociedades dependientes de la actividad agropecuaria, y con sistemas de riego obsoletos. Otra rama de la literatura utiliza experimentos naturales para identificar el impacto de los choques de ingreso sobre comportamientos criminales o violentos, llegando a conclusiones similares. Entre estos trabajos, y haciendo gala de una autopublicidad descarada, quisiera resaltar el de Dube y Vargas (2013), que encuentra que choques negativos de ingreso explicados por cambios exógenos en los precios de los principales productos primarios de exportación en Colombia exacerban el conflicto o lo atenúan dependiendo de la intensidad factorial del producto afectado.
A partir del modelo beckeriano de crimen como actividad económica, implícito en toda esta literatura, se puede argumentar que los choques negativos de ingreso aumentan los incentivos de invertir en actividades criminales que compensen por las pérdidas sufridas, pero posiblemente no en otros tipos de crímenes, más graves y que requieren inversiones mayores.[3] Este es el punto de partida del trabajo referido, que estima para Colombia el impacto criminal de la caída de los esquemas de Ponzi que en 2008 afectaron cientos de miles de hogares a lo largo del país.
A partir de un modelo de diferencia en diferencias sobre una muestra emparejada de municipios, y una vez controlando por efectos fijos de municipio y mes, así como por tendencias previas diferenciales y por una batería amplia de controles municipales con variación longitudinal, nuestros resultados sugieren que el descalabro financiero que acompañó el desmantelamiento de las pirámides exacerbó delitos económicos como el hurto a personas y locales comerciales en los municipios afectados en comparación con lugares comparables, pero no afectó diferencialmente otras actividades criminales como los homicidios o el terrorismo.
Por otro lado, en línea con la discusión planteada, el trabajo muestra que el aumento en los crímenes económicos ocurrió principalmente en municipios con mayores barreras crediticias para los más pobres y con menores valores de eficiencia y eficacia de la justicia ordinaria en la resolución de delitos penales. Dejo los detalles acerca de las variables utilizadas como invitación a leer el estudio, por aparecer en un par de semanas en esta serie de documentos de trabajo.
Si bien se trata de un trabajo más en la creciente lista de estudios empíricos sobre los efectos de los choques de ingreso sobre actividades ilícitas, creo que la contribución fundamental de este estudio, que es hasta donde sé el primero en explotar la el descalabro de un esquema de Ponzi como fuente de variación, es precisamente la de apuntar a que existen efectos heterogéneos que tienen que ver con objetivos de política tan importantes para la región, como el acceso al crédito para las poblaciones más vulnerables, así como el fortalecimiento institucional.
Referencias
Becker, G. (1968) “Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of Political Economy, Vol. 76: 169–217.
Dube, O. y J. F. Vargas. (2013). “Commodity Price Shocks and Civil Conflict: Evidence from Colombia,” Review of Economic Studies (por aparecer).
Ehrlich, I. (1973) “Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation,” Journal of Political Economy, Vol. 81(3): 521–65.
Gregoriou, G. y F. L’habitant. (2009). “Madoff: A Flock of Red Flags” Journal of Wealth Management, Vol. 12(1): 89–97.
MacKay, C. (1841). Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Farrar, Straus and Giroux..
[1] Vale la pena aclarar que aunque el caso Ponzi fue el que le dio el nombre actual a estos esquemas financieros, su origen es anterior. De acuerdo con Mackay (1841), el primer caso del que se tiene conocimiento ocurrió en Francia en el siglo 18, cuando el economista escocés John Law ideó un esquema especulativo tipo Ponzi que terminó en un descalabro de las finanzas del gobierno francés.
[2] De acuerdo con Gregoriou y L’habitant (2009), en repetidas ocasiones, mucho antes de la crisis hubo varios analistas que evidenciaron la insostenibilidad del fondo de Madoff, pero fueron sistemáticamente ignorados por las autoridades reguladoras.
[3] Sin embargo la naturaleza de los crímenes económicos puede variar dependiendo del contexto institucional y cultural. Así, mientras choques negativos reingreso en la zona rural de países como Tanzania puede aumentar el asesinato de ‘brujas’, en contextos más occidentales y urbanos este tipo de crímenes es menos probables como respuesta este tipo de choques. Este es el caso de la caída de los esquemas de Ponzi en Colombia, donde el portafolio de crímenes económicos (atraco callejero, hurto a propiedades) no incluye asesinatos.
