La nueva forma de medir

Fue un gran error de este gobierno el haber generado desmedidas expectativas durante la última campaña presidencial, cuestión que incluso han reconocido públicamente varios de los colaboradores de Sebastián Piñera. Pero a esta equivocación inicial se le quiso corregir con un despropósito todavía mayor, que consistió en dolosamente hacernos creer que muchas de las metas y objetivos se estaban cumpliendo.

El primer indicio de esta cuestión se suscitó con motivo de las cifras entregadas por el gobierno en materia de reconstrucción. Pese al sufrimiento de los afectados por el terremoto, sumado a la perplejidad de quienes conocían la realidad local, incluyendo a los medios de comunicación y la abierta protesta de varios alcaldes, como asimismo de diputados y senadores oficialistas, las autoridades se esmeraron en contarnos una historia que poco y nada tenía que ver con la realidad.

Menos grave que en el caso anterior, aunque no por eso exento de reproche, también fueron exageradas las objetivas buenas cifras que exhibe esta administración en materia de desempleo, lo que generó una gratuita polémica entre las autoridades y varios economistas expertos en el mercado laboral, anticipando lo que después sería un patrón de conducta.

El pudor derechamente se dejó de lado cuando intentó repetirse el expediente en seguridad ciudadana, una materia que constituyó una de las principales banderas de esta administración y donde hoy sólo pueden exhibirse fracasos. Sin embargo, y pese a que las últimas cifras son notoriamente peores a las divulgadas el año anterior, se utilizó el subterfugio de los promedios para presentar mejoras inexistentes, insultando de paso la inteligencia de la opinión pública, cuyos ciudadanos padecen a diario los retrocesos en el orden público.

La cuestión ya adquirió ribetes tragicómicos cuando en una ceremonia cuya estética nos recordó a las arengas de la república bolivariana, un excitado ministro de Salud, que más parecía jefe de la barra brava, daba cuenta de los compromisos cumplidos por su cartera, destacando la eliminación de las listas de espera. No pasó mucho tiempo para que la Contraloría General de la República refutara dichos datos en un informe que no sólo daba cuenta cómo dichos aparentes avances eran fruto de una triquiñuela administrativa, sino incluso advertía de graves irregularidades en el procedimiento utilizado.

La historia termina con la Casen, el más penoso y grave de todos los casos. Más allá de la árida discusión técnica, donde cada nueva revelación hunde todavía más las explicaciones que ha pretendido dar el gobierno, el Presidente de la República faltó a la verdad cuando afirmó que al momento de divulgar los presuntos avances en materia de pobreza desconocía que éstos fueran inferiores al margen de error que registraba la encuesta.

Escribo esta columna con algo de tristeza, porque más allá de la desfavorable opinión que muchos podamos tener sobre este gobierno, se les ha infligido un grave daño a las instituciones y a su credibilidad. Se trata de una cuenta que pagaremos todos en el futuro, la que simplemente ahonda y profundiza la desconfianza que se ha instalado en la dinámica pública y política.