Publicado por La Tercera, 3 de agosto de 2012
El gobierno ha estado negociando con distintos parlamentarios el tenor de una reforma tributaria que pretende recaude al menos unos US$ 700 millones adicionales y que simultáneamente aumente la eficiencia y justicia del sistema de impuestos. La oposición considera que la recaudación adicional es absolutamente insuficiente y está, en general, dispuesta a aprobar aquellas disposiciones del proyecto que aumentan impuestos, pero no aquellas que los disminuyen.
Desde el punto de vista técnico, lo que corresponde hacer es determinar un nivel y una asignación óptima del gasto fiscal, para luego recaudar los impuestos que financien ese gasto con el mínimo de ineficiencia y con la mayor justicia posible. Es decir, es el gasto el que debe definir el monto total de los impuestos, y ese gasto fiscal debe, en cada uno de sus usos, generar -en el margen- beneficios similares e iguales a los que se dejan de producir en el sector privado por los mayores tributos pagados. Estimaciones realizadas sobre la materia sugieren que en Chile, en el mejor de todos los casos, el nivel actual del gasto público -que en muy pocos años se incrementó en más de cuatro puntos del PIB-, cumple aproximadamente con ese requisito, por lo que no es en absoluto conveniente cambiarlo.
El sistema tributario es funcional a nuestro nivel de desarrollo, dado que favorece el ahorro y la reinversión de utilidades. Una proporción elevada de los ingresos tributarios provienen del IVA, un impuesto indirecto relativamente eficiente. Otro impuesto importante es el llamado impuesto sobre la renta. Este es, en realidad, un impuesto que también tiende a gravar el consumo de las personas y que en la literatura se conoce como un impuesto al gasto progresivo. Es un impuesto justo, dado que -al contrario del impuesto sobre la renta que grava lo que aportamos a la sociedad, es decir, al trabajo y ahorro- somete a tributación lo que extraemos de la sociedad, que es lo que consumimos.
A nivel de las empresas, existe actualmente un impuesto de categoría (hoy de 18,5%), que se transforma en un crédito que rebaja la tributación sobre la renta o el gasto -póngale el nombre que prefiera- a nivel de las personas. Mientras esto se mantenga así (que entiendo es la intención del gobierno), un aumento moderado de la tasa del impuesto de categoría no debiera tener mayores consecuencias para la inversión. En cambio, la eliminación del mecanismo del FUT, como proponen algunos opositores, sería un desastre.
La teoría de las decisiones públicas explica perfectamente las presiones políticas por aumentos excesivos del gasto fiscal. Por eso, Eduardo Frei, en su última candidatura, clamaba por “más Estado”, y la oposición -y no pocos oficialistas- lo desean ahora también. Conscientes de que de ningún modo es conveniente elevar el actual nivel del gasto público (o de tributación) en relación al PIB, es nuestra obligación oponernos públicamente a iniciativas que lo permitan. Con el mismo objetivo, también Milton Friedman, en su rol de predicador a favor de buenas políticas económicas, sostenía que “estaba a favor de reducir los impuestos bajo todas las circunstancias, con cualquier excusa y en todo momento”.
Está amaneciendo en la provincia de Madrid y con su permiso voy a comentar algo sobre tributación en un país occidental durante el siglo XXI.
Por lo tanto no voy a entrar en detalles como serían tipos o deducciones porque además desconozco la situación concreta del conjunto de instrumentos recaudatorios que el estado chileno ha ido legislando para proveer a sus costes de estructura y a las necesidades electorales de los partidos que acceden al poder. Estas son las dos funciones de un sistema fiscal.
Entre los asuntos que estructuralmente deberíamos reevaluar creo que están los tres siguientes.
1. Peso del Estado.
A lo largo del siglo XX el peso del estado ha ido subiendo desde el entorno del 8% a más del 40% en el caso de USA (un caso razonablemente moderado) y al 50% en Europa, el más caro de todos.
Este gasto se nutre de impuestos de todo tipo (por ejemplo en España sobre la vivienda actúan no menos de seis impuestos diferentes) y también de deuda pública por lo que el estado es en solitario el actor económico por excelencia. Nadie se le acerca. Hoy somos estado y el resto es mala semántica.
No hay actividad que pueda iniciarse sin contar con el estado lo cual incita a no hacer nada salvo buscar la oportunidad de asociarse con el estado para dar un «pelotazo». El «Crony Capitalism» florece en perfecta simbiosis parasitaria pero el resto se nos muere.
Nadie habla de los efectos de Crowding out que este omnipresente y omnipotente personaje produce en el cuerpo social.
2. El concepto de Justicia distributiva.
Justice as Fairnes.
En toda la obra de Rawls (la filosofía redistributiva socialdemócrata que impregna todos los sistemas fiscales de occidente) no aparece una definición seria de justicia.
Algo que todo el mundo comparta.
Algo como aquello tan evidente de «dar a cada uno lo suyo, lo merecido». No.
Rawls niega el merecimiento y se aplica a lo suyo: «la igualdad en el repartir. Quito a uno para dar al desfavorecido según lo mida el poder».
Evidentemente cuanto mayor y más grande es el espectro de la repartible más «repartidores» necesitaremos y con mayor poder de escrutinio para medir cada segundo de nuestras vidas sabiendo a conciencia cada diferencia.
Simplemente este esfuerzo de medida es un coste monstruoso sobre el cual pasamos en silencio. Como si no existiera. Pero existe.
Este enfoque incialmente resulta atractivo pero es funesto. Atractivo por evangélico y Funesto porque al eliminar la responsabilidad y el mérito convierte a los free-riders y los rent-seekers en la opción utilitaria más racional.
Pasan a ser los que otimizan sus utilidades marginales y, camuflándose tras los auténticos incapacitados, viven del conjunto de la sociedad y pasan a ser votantes ardorosos de los partidos que compran este voto.
Basta un 5% o u 10% de votante free-rider para tener cuotas importantes de poder, frecuentemente mayoritarias, y en muchas sociedades el free rider supera ese número.
3. La Competitividad.
Está bastante extendida el olvido terapéutico freudiano del coste fiscal. Sus efectos en toda la actividad económica.
No lo tenemos mentalmente en cuenta y los estados, las burocracias y sus cheer leaders buscan antes que nada un impuesto para resolver sus problemas. Siempre lo encuentran porque el Estado salido de la Ilustración nunca pregunta a los contribuyentes si queremos pagar. El Poder se consulta a si mismo en uno de los cambalaches más graciosos de la historia. Los reyes tenían que convocar a los estados generales para pedir dinero pero el estado ilustrado no tiene por qué hacerlo. Es Dios.
Pero todos los Impuestos afectan muy rápidamente a la competitividad: Todos. Incluso aquellos que parecen no incidir de forma directa en los costes de producción como el IVA.
¿Por qué? porque en muy pocas semanas se han incorporado al coste de subsistencia del factor trabajo y éste al del producto.
No tiene vuelta de hoja por mucho que tengamos colegas que pretendan que reducir la S. Social e incrementar el IVA nos facilita exportar.
Un poquito lo hará y durante muy poco tiempo. Justo hasta que ese Coste se extienda por todo el cuerpo social y recaiga, como inevitablemente hará, sobre nuestras balanzas comerciales.
Hoy los estados (realmente los partidos que los patrimonializan) huyen de este análisis y se enmarañan en falsos debates.
Así vamos.
Saludos