En ni nota anterior analicé la evolución de distintos precios, tarifas y subsidios en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y aerocomercial, agua potable y desagües cloacales en GBA, y energía eléctrica mayorista durante la última década, y en particular desde el fin de la Convertibilidad. En esta nota, y de manera complementaria, se detallan algunos indicadores de cobertura, inversiones y calidad de los servicios.
La selección de los casos analizados en mi primera nota obedeció al interés por mostrar que, debido a la existencia de fuertes subsidios durante los últimos años, el costo pleno de estos servicios para los usuarios y contribuyentes impositivos resulta ser mucho mayor de lo que parece. De hecho, incluso tomando en cuenta factores que han incidido positivamente en los costos de estos servicios (como por ejemplo el mayor precio de los combustibles en el caso del MEM o de Aerolíneas Argentinas, o la realización de inversiones genéricas que pudieron no haberse llevado a cabo en años anteriores en el caso de AySA), la situación actual muestra servicios más caros que 10 años atrás, además con un sendero claro hacia una profundización de esta situación debido al drástico cambio regulatorio observado desde la sanción de la Ley de Emergencia Económica, y falta de renegociación contractual mediante.[1]
En los proximos párrafos se detallan algunos indicadores de cobertura, inversiones y calidad de los servicios sujetos a la nueva política regulatoria nítidamente vigente desde el año 2003-2004 (cuando la verdadera emergencia del período 2001-2002 fue quedando atrás), a partir de los cuales puede verificarse rápidamente que el encarecimiento de estos servicios no obedeció a mejoras en los mismos.
En efecto, la Figura 1 muestra que, en lo que respecta a los ferrocarriles de pasajeros, desde 2001 hubo un claro deterioro del servicio debido a una reducción de la oferta (recorrido tren-km y total de asientos) y una menor calidad tanto por la reducción de la velocidad como por la menor comodidad (mayor cantidad de pasajeros por tren y por coche).[2]
En la Figura 2, por otro lado, se observa el menor crecimiento del número de usuarios residenciales de gas natural, aunque de manera concomitante con un mayor crecimiento de su consumo (algo consistente con el fuerte abaratamiento relativo del servicio). También, en esta figura se observa que en materia de capacidad del sistema hubo una contracción de la velocidad de ampliación y extensión de redes de transporte y distribución, consistente con menores inversiones en activos fijos de T&D (cuyo promedio anual cayó de 458 millones en el período 1993-2001 a $ 423 millones (equivalentes a US$ 150 millones) en el período 2002-2010.
La Figura 3 presenta esta situación de manera más general, incluyendo los servicios de agua potable y desagües cloacales por red, en base a datos censales (para todo el país). Concretamente, allí se observa que la cobertura nacional (medida en porcentaje de hogares con acceso) de estos servicios está estancada desde 2001, contrastando con un fuerte crecimiento en la década previa.[3],[4]
La Figura 4, finalmente, permite ver que la capacidad nominal de generación en el MEM se estancó entre 2002 y 2007 sin que desde entonces haya aumentado el ritmo de crecimiento de manera compensatoria para recuperar el rezago (que lleva a cortes más frecuentes en los últimos años), y que el nivel de reservas de gas natural comenzó a caer de manera sostenida y fuerte desde 2001.[5] Las perspectivas no son muy alentadoras y una normalización no parece evidente incluso si los recursos de gas no convencional en la Cuenca Neuquina informados por parte de YPF a fines de 2001 se confirmaran como nuevas reservas. En efecto, además de resolver aspectos regulatorios donde se reconozca el mayor costo de producción y se contemplen preocupaciones de carácter ambiental en este tipo de explotaciones, su transformación en nueva producción llevará varios años (no menos de 4 según los expertos) y ésta deberá crecer para reemplazar las importaciones desde Bolivia y vía GNL (16,7% del consumo doméstico de gas natural en 2011), el consumo de combustibles líquidos en las centrales térmicas, la declinación natural en la producción de otros yacimientos (en particular Loma La Lata) y los cortes en el mercado doméstico.
Conclusión
De manera bastante generalizada, y aunque un análisis más amplio podría también incorporar información sobre la cantidad y calidad de infraestructura vial, los cortes de electricidad y gas natural sufridos por usuarios no residenciales, el impacto de la política energética en la reversión del balance comercial del sector desde 2011 (en particular, la reducción de exportaciones de gas natural por un total en torno al 10% de la producción entre 2001 y 2003, y su reemplazo por importaciones desde Bolivia y GNL que actualmente aproximan el 17% del total consumido en el país), etc., resulta claro que los servicios públicos de infraestructura a cargo del gobierno nacional han sufrido fuertes deterioros absolutos y relativos al crecimiento de la demanda durante la última década.
Ciertamente, parte de este deterioro ha sido “disfrutado” por los usuarios de estos servicios al no tener que pagar las cuasi-rentas (remuneración) de las inversiones previas realizadas por los concesionarios de los servicios de transporte y distribución de gas natural y electricidad (sólo en GBA en este último caso), pero el espacio para continuar con esta situación es claramente en desmedro de la capacidad de incorporar nuevos usuarios a estos servicios y mantener su calidad. Otro tanto puede concluirse respecto de la intervención en los precios mayoristas de la energía, donde –tanto en gas natural como en energía eléctrica– se ha introducido una política discriminatoria a favor del “capital nuevo” (y contra el “capital viejo”, hundido) que en el corto plazo luce políticamente redituable pero que en el más largo plazo empieza a mostrar su costo creciente, con sobrecostos marginales que exceden el monto de las cuasi-rentas confiscadas e implican un gasto total mayor a medida que la demanda crece, con perspectivas además muy desfavorables por la dificultad de deshacer el trato discriminatorio y retornar a un único precio tendiente a reflejar los verdaderos costos del sistema y orientar las mejores inversiones según el costo relativo de los recursos utilizados (distintos combustibles, capital, etc.).
Los recientes anuncios oficiales desde noviembre de 2011 que señalan reducciones confusas pero aparentemente sustanciales de los subsidios a diversos servicios, sin embargo, sólo tienen una motivación fiscal, y si bien permitirán (en caso de que finalmente se implementen de manera suficientemente generalizada) reducir los excesos de demanda (y por ende el nivel de costos de atender la demanda actual) al mostrar señales económicas más eficientes a los usuarios, no prevén mejorar la remuneración de las inversiones ni son parte de una mayor previsibilidad contractual –componentes ineludibles para lograr inversiones más eficientes que permitan reducir el costo futuro (y por ende la suma de tarifas y subsidios).
En algún momento deberemos acordar si, más allá de las reacciones espasmódicas ante las exigencias de la coyuntura, es posible definir un nuevo compacto regulatorio bajo el cual los servicios públicos sean provistos de manera eficiente, con tarifas justas y razonables, tal como se aspira en cualquier país normal.
[1] En el caso del MEM, tal como se comentó en esa nota, ello surge debido a que en el período 2001-2008 los aumentos de precios de la energía mayorista en otros países fue en promedio inferior al observado en la Argentina. En el caso de Aerolíneas Argentinas resulta claro al notar que en el año 2001 –antes de haberse cuadruplicado el precio del petróleo–, el costo del combustible representaba aproximadamente el 10% del costo total de explotación de la empresa (y llegó a representar el 35% del mismo en 2008), por lo cual desde entonces dicho mayor costo puede explicar a lo sumo un encarecimiento del 30% (en dólares) del precio (más subsidio) por los servicios prestados (porcentaje menor al aumento de precio más subsidio estimado desde entonces). En el caso de AySA, finalmente, sustrayendo el 55% de su déficit correspondiente a inversiones genéricas realizadas en 2010, la tarifa más subsidio en dicho año igualmente sería un 30% superior en términos reales (tomando un deflactor que promedia el IPC y el IPM del INDEC) al promedio entre 1993 y 2001.
[2] Teniendo en cuenta que estas estadísticas consideran el número de pasajeros pagos, y que producto de la desidia en el cobro de boletos (consistente con la limitada importancia de dicha facturación sobre los ingresos totales de los operadores) el número de pasajeros que no pagan sus pasajes ha aumentado significativamente (aunque naturalmente sólo existen apreciaciones cualitativas al respecto), estas estadísticas en realidad están sobre-estimando la calidad post-2003 (aunque también es cierto que, por igual motivo, el costo por pasajero estimado en la nota previa también contiene cierta sobre-estimación ya que sólo se consideraban los pasajeros pagos al distribuir los subsidios recibidos).
[3] La cobertura en el caso del gas natural contiene dos estimaciones distintas debido a que el Censo de 1991 informa sobre acceso a gas natural por red o envasado. En la primera (GN1), la cobertura surge del número de usuarios residenciales informados por ENARGAS (relativo al número de hogares que en cada año censó el INDEC). En la segunda (GN2), los valores de 2001 y 2010 son los censales, mientras que el valor del año 2001 se infiere de la evolución entre 1991 y 2001 estimada con GN1.
[4] Algo muy llamativo es que, en lo que respecta al período 2001-2010, el INDEC ha publicitado una evolución inversa a la reflejada aquí: según la Gacetilla de Prensa del INDEC que anticipa los primeros datos definitivos del Censo 2010 (publicada en su página web, y tomada como fuente para obtener los datos del año 2010), la cobertura de todos estos servicios habría aumentado fuertemente respecto de 2001, pero ello (salvo que exista un error en los datos transcriptos para el año 2010, o alguna corrección en los datos de 2001 que no está volcada en la información del censo previo que también contiene la página web del INDEC) obedece a una transcripción incorrecta de los niveles de cobertura correspondientes al año 2001: en dicha Gacetilla las coberturas informadas para el año 2001 son del 50,3% en gas natural, 80,1% en agua corriente y 47,2% en cloacas, mientras que los datos censales de 2001 muestran porcentajes del 65,5%, 84,6% y 54,8%, respectivamente.
[5] Hay un par de detalles interesantes para notar en la Figura 4. Primero, que entre 2004 y 2006 la capacidad efectiva del MEM evolucionó mejor que la capacidad nominal (hasta 2005 la primera oscilaba entre el 85% y el 90% de la segunda, pero desde 2006 ronda el 96%), lo cual señala un esfuerzo superior en los últimos años por tener a disposición efectiva del sistema plantas menos eficientes que generan con un mayor costo. Segundo, que la Secretaría de Energía aún no ha informado sobre el nivel de reservas probadas de gas natural en el año 2010.
Con relación a la nota 4 (cobertura de servicios de gas, agua y cloacas) aclaro que no hay ni error de transcripción ni corrección de los resultados del Censo 2001. Lo que ocurre es que el autor confunde la cantidad de hogares que tienen el servicio con la de hogares pertenecientes a segmentos censales donde el servicio está presente y disponible para una potencial conexión. Por ejemplo, en el caso del gas de red, ver el Cuadro 4.7 del rubro Hogares, ítem Calidad de los materiales de la vivienda, Resultados Nacionales del Censo 2001 en el sitio de INDEC. Según esa fuente, existían 5.178.809 hogares que usaban principalmente gas de red como combustible para cocinar (sobre un total de 10.073.625 hogares particulares). Obviamente, por una cuadra de cierta ciudad puede pasar la cañería de gas, pero el hogar en cuestión no se conectó a la red y usa otro combustible…
Por otra parte según el Cuadro 4.18, al que se llega siguiendo el rubro Hogares, ítem Servicios de infraestructura (y que fue seguramente el que vio Santiago Urbiztondo), en el 2001 había 6.586.815 hogares ubicados dentro de segmentos donde había red de gas (sobre un total de 10.059.866 hogares). Este cuadro es suficientemente preciso en su título: Hogares por presencia del servicio en el segmento.
Haciendo las divisiones correspondientes queda aclarado el malentendido: 51,4% sería la proporción correcta de hogares con gas de red en 2001 y 65,5% el cálculo que hizo el autor de esta nota. Recurriendo a otros cuadros del Censo 2001 (para agua de red al Cuadro 4.5; para desagüe a red cloacal al 4.12, siempre dentro del ítem Calidad de los materiales de la vivienda) podrá comprobar Urbiztondo que los porcentajes 80,1 y 47,2 son los correctos y no 84,6 y 54,8, como calculó él.
Cordialmente.
Gracias por el comentario. Por la precision del mismo descarto que debe ser correcto. Yo había consultado con alguien que utiliza datos censales frecuentemente con el fin de verificar si mi lectura era correcta o no, pero veo que debí haber preguntado a Juan Carlos… Ojalá no haya otros errores en la nota.
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