El movimiento estudiantil de las últimas semanas tiene un trasfondo de legitimidad que deriva de la percepción de que la educación en Chile no sería un factor de movilidad social y de igualdad de oportunidades. Esta percepción en mi opinión es correcta, no obstante es necesario reconocer que Chile ha avanzado en las últimas décadas en materia educacional, lo cual es fundamental para abordar los desafíos presentes, construyendo sobre aquellos aspectos positivos y corrigiendo las falencias.
El porcentaje de la población que egresa de la enseñanza media y accede a la educación superior ha subido significativamente alcanzando el nivel de los países de la OCDE. Este porcentaje mayor al 50%, supera el que corresponde a nuestro ingreso per cápita. Adicionalmente, la evidencia empírica muestra que la educación superior tiene una elevada rentabilidad para los estudiantes en Chile, aunque en parte porque permite cerrar el déficit de competencias básicas y genéricas que deja la pobre calidad de la educación básica y media. Con todo, en este ámbito también ha habido avances. Entre el 2006 y el 2009 Chile tuvo mejoramientos importantes en el test PISA, más que cualquier país latinoamericano, ubicándonos por primera vez a la cabeza de Sudamérica. El mayor desafío para lograr efectiva igualdad de oportunidades está en que la pésima distribución del ingreso tiende a determinar una dramática diferenciación en el acceso a las oportunidades educacionales.
En Chile el quintil más rico sigue concentrado un desproporcionado 60% del ingreso nacional y por ende con nuestro nivel de ingreso per cápita, los sectores medios (tercer quintil y cuarto quintil), tienen sueldos todavía muy bajos. Estas familias que se esfuerzan en enviar a sus hijos a la universidad, con un financiamiento caro que no cubre más del 50% de todos los costos de dicho estudio, reducen su ingreso disponible en forma dramática durante el periodo que tienen los hijos en la educación superior.
Adicionalmente, hay que reconocer que la elevada rentabilidad promedio de la educación superior esconde situaciones diversas, ya que existe una elevada dispersión de calidad de esta, lo que afecta en mayor grado a los que tuvieron una mala calidad de la educación básica y media que acceden a instituciones de educación superior que otorgan menor empleabilidad, en un contexto en que existen serias asimetrías de información respecto a la empleabilidad de los títulos de las instituciones.
En los tres primeros quintiles de ingreso solo el 1% de los alumnos que rinden la prueba obtiene sobre 700 puntos como para acceder a las mejores carreras, mientras que en los quintiles más altos esta proporción es superior al 10%. Esto determina que en las mejores carreras normalmente de las llamadas universidades tradicionales se educa a los hijos de familias pudientes principalmente (el 70% proviene de los 2 quintiles más altos). En el quintil más pobre, en que la gran mayoría no accede a la educación superior, existe un serio problema de empleo con menos de 0,8 ocupados por familia, casi cuatro veces menos por cada miembro de la familia que en el quintil más rico. En consecuencia, el principal problema de equidad se encuentra en la mala calidad de la educación básica y media, especialmente para los sectores más pobres, que no tienen otra opción que la educación municipalizada, limitando las posibilidades de acceder a empleos dignos o a continuar con la educación superior. La educación municipal es de baja calidad, y estos hogares no pueden acceder a la educación privada subvencionada, ya que las exigencias de financiamiento compartido y la selección que realizan estos colegios para mejorar el Simce no les deja alternativa. Chile con el sistema de financiamiento compartido y la baja calidad de la educación municipal, creó uno de los sistemas de segregación por ingreso más extremos que se conocen, condenando a los más pobres a seguir siendo pobres por que la educación de calidad no está a su alcance. Para abordar los problemas de la educación básica y media, se requiere mejorar la educación pública, limitar la selección y discriminación por ingreso que realiza la educación privada subvencionada. Esta tarea requiere aumentar significativamente los recursos para la educación pública, mejorar las subvenciones, seguir aumentando el atractivo de la carrera docente y la calidad de las entidades formadoras, establecer sostenedores con capacidad y masa crítica de colegios, otorgar flexibilidad en la gestión, vincular las remuneraciones al desempeño de los docentes, escoger directores en base a capacidades y darles espacio para gestionar las escuelas.
Lamentablemente, los pobres de la enseñanza municipalizada no tienen tanta capacidad de lobby y movilización como los universitarios. Esto genera el riesgo de que la política cortoplacista lleve a desviar la atención y los recursos del problema fundamental que es la perpetuación de las desigualdades de la cuna que implica el actual modelo de educación básica y media en Chile. Sin embargo, esto no significa que se deba postergar las reformas pendientes en educación superior.
También se debe aumentar la equidad y calidad en el acceso a la educación superior. En materia de educación superior, la principal urgencia es desarrollar un sistema de educación técnico profesional, con una oferta debidamente acreditada, generando becas y créditos que no la discriminen en relación a las carreras de universidades, con aranceles de referencia que dependan de la carrera y no de la institución como ocurre hoy. Para la educación superior se debe otorgar becas para los dos quintiles de menores ingresos que incluyan un estipendio de manutención y una combinación de becas y créditos con aval del Estado para el tercer quintil y crédito con aval del Estado para el cuarto quintil. Se debe uniformar las condiciones del crédito solidario con el crédito con aval del Estado, generando un sólo sistema, con condiciones de tasa de de interés más razonables y mejores incentivos para la recuperación de los créditos.
El privilegio del crédito solidario en relación al crédito con aval del Estado es odioso e injustificado. Por otra parte, los aranceles de referencia deben ser modificados para acercarse al costo real de las carreras. Tanto los créditos como las becas deben estar disponibles para estudiantes que postulen a programas acreditados, sin importar la naturaleza de la institución. No obstante, el sistema de acreditación que existe en la actualidad deja mucho que desear. Se requiere generar un Marco de Cualificaciones diferenciado entre la educación Superior Técnico Profesional y Universitaria. En este ámbito el trabajo de la Comisión de Acreditación de Educación
Superior ha sido insuficiente. Se debe avanzar decididamente hacia un sistema de educación superior que transforme el actual ordenamiento basado en los años de duración de las carreras y naturaleza de las instituciones formadoras a uno estructurado sobre la base de los resultados formativos basado en un Marco Nacional de Cualificaciones que se estructure de acuerdo a las necesidades del mundo productivo y de la sociedad.
La creación de una Superintendencia de Educación Superior puede ser un paso en la dirección correcta para avanzar en una acreditación en la lógica de resultados de formación, que incorpore parámetros relevantes para la acreditación de carreras técnicas y que en el nivel universitario avance a los estándares internacionales. También se debe avanzar en crear una Subsecretaría de Educación superior y Ciencia, que defina políticas en este ámbito, entre otras, generando transparencia respecto al lucro en la educación superior y estableciendo un acceso diferenciado a subsidios públicos a la oferta. Chile debe establecer tres categorías de universidades, las del Estado, las privadas sin fines de lucro efectivo y las privadas con fines de lucro. Estas últimas probablemente, orientadas fundamentalmente a ser Universidades Docentes. Las becas y créditos a estudiantes se deberían estructurar exclusivamente sobre la base de la acreditación de las carreras, independientemente de la institución que se trate. La creación de bienes públicos asociados a la Investigación y Formación se debe concursar solo entre las Universidades Públicas y privadas sin fines de lucro, para asegurar el compromiso de largo plazo con la generación de estos bienes públicos. Respecto a las universidades estatales, debemos como sociedad tomar una decisión. La mantención de Universidades estatales debe implicar una modificación de su gobierno corporativo. Las universidades públicas deben estar al servicio de la sociedad y no de sus funcionarios. Un nuevo trato implica que la sociedad tiene demandas que las universidades deben satisfacer. Para ello se debe modificar la estructura de gobierno corporativo de estas entidades para asegurar que cumplen su función pública y no son capturadas por intereses corporativos internos. En primer lugar, se beben estructurar juntas directivas en que participen los académicos en forma minoritaria. El Estado, incluyendo sus diferentes poderes y otros estamentos de la sociedad, debe tener un control mayoritario de las juntas directivas, las cuales deben tener gran estabilidad en el tiempo para evitar una injerencia desmedida del ciclo político. No obstante debe haber participación de la Subsecretaria de Educación Superior y Ciencias en el nombramiento de varios de los consejeros y rendición de cuentas de ellos a esa instancia. Al mismo tiempo, se debe establecer con las universidades estatales financiamientos basales sujeto a contratos de desempeño, asociados a la generación de bienes públicos de interés de la sociedad. Chile tiene una enorme concentración de capital intelectual en la Región Metropolitana y una deficiencia en la investigación multidisciplinaria y en las humanidades. Los contratos de desempeño deben estar asociados a la generación de bienes públicos que el mercado no genera, con un criterio de equidad regional. El momento actual es delicado, existe el riesgo de que la dinámica política reduzca la capacidad del país de abordar las reformas fundamentales que requiere nuestro sistema educacional. Es fundamental establecer un diálogo entre gobierno y oposición para hacer reformas en la educación con visión de largo plazo. La posibilidad de alcanzar el desarrollo en una década depende fundamentalmente de la calidad de la política y esta coyuntura es crucial para determinar si avanzaremos por el camino al desarrollo o del populismo.
