En 1990 los principales problemas del Perú eran el terrorismo y la inflación. Para el año 2000 los ciudadanos identificaban como principales problemas la pobreza y el desempleo. En la actualidad, los peruanos consideran que los principales problemas del país son la corrupción y la delincuencia. (Ipsos, 2018).
La corrupción tiene un efecto negativo en la economía de los países, que se ve reflejado en el deterioro de la asignación eficaz del gasto público, la generación de costos de transacción adicionales, lo que conlleva a un desaliento de la inversión privada (con la consiguiente pérdida de inversiones nacionales y extranjeras), y afecta negativamente la productividad.
La corrupción, además de aumentar los costos de transacción, genera incertidumbre e inestabilidad, alejando a las empresas del sector formal, menoscabando los ingresos del estado y reduciendo su capacidad en la prestación de servicios. Todo ello terminaría generando un círculo vicioso de aumento de la corrupción y actividad económica informal. Así, la corrupción se convierte en un impuesto a la inversión.[1] De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, el Perú obtiene 35 sobre 100 puntos apareciendo en el puesto 105 de 180 economías.
La percepción de corrupción en el Perú ha debilitado seriamente la confianza de los ciudadanos en el estado, los funcionarios públicos, los políticos y el sector empresarial. Como consecuencia de ello, de cada 100 ciudadanos, 84 considera que los jueces son corruptos o altamente corruptos. En el caso de los políticos, fiscales y funcionarios públicos son 82, 82 y 79 de cada 100 ciudadanos, respectivamente. De cada 100 ciudadanos, 71 considera que el sector empresarial es corrupto o altamente corrupto.
En países en desarrollo, donde la corrupción es sistémica, la probabilidad de detección de casos de corrupción y sanción es baja. Esta falta de detección/sanción es un incentivo perverso para el aumento de la corrupción. De acuerdo con la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a diciembre del 2016 existían 32 925 casos en trámite a nivel nacional. El 50% de estos son por los delitos de peculado[2] y colusión[3]. La Defensoría del Pueblo ha encontrado que se pierden aproximadamente S/.12,600 millones anuales por actos de corrupción, lo que representa el 10% del presupuesto nacional.[4] La corrupción afecta en mayor medida a las poblaciones de los segmentos D y E en la medida en que son estas poblaciones quienes dependen del Estado para poder acceder a servicios básicos como salud y educación. Por ello es importante señalar que mientras el Perú pierde S/.12,600 millones anuales por actos de corrupción, el presupuesto del sector salud para el año fiscal 2019 asciende a S/. 18,217 millones. Para reducir la anemia en niños menores de tres años, se ha asignado S/1,041 millones y para la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero 2017, S/7,000 millones. Mientras que, para la atención de emergencias por el friaje, heladas y nevadas, se destinará S/230 millones y para el mantenimiento al 100% de la red vial nacional, S/1,630 millones.
Al hacerse público el sistema de corrupción de la empresa Odebrecht, que abarca operaciones en 13 países de Latinoamérica, se mostró no solo los altos niveles de corrupción política, sino también, cómo las empresas en el sector construcción habrían logrado institucionalizar la corrupción. Así, los sobornos en la adjudicación de contratos con el Estado, y las modificaciones a éstos a través de adendas para beneficiar a la empresa privada, son trasladados al estado al ser incluidos en el costo total del proyecto.
La preocupación por la alta incidencia de corrupción pública y privada en el Perú, llevó a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de corrupción a funcionarios públicos, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cometidos en su beneficio por cuenta propia o de terceros. Como incentivo para promover acciones empresariales positivas, las normas establecen la posibilidad de la persona jurídica de eximirse de responsabilidad si es que hubiese implementado un modelo de prevención eficaz.
Los modelos de prevención buscan generar una cultura corporativa que priorice la ética. Sin embargo, la experiencia demuestra que un modelo de prevención sin herramientas de medición efectiva no lograra su objetivo (Hui, Soltes, 2018)[5]. Más aun, un modelo de prevención eficaz requiere del liderazgo e involucramiento al más alto nivel organizacional. Lava Jato y la corrupción de Odebrecht y las demás empresas con las que Odebrecht celebraba consorcios, como Graña y Montero tenían modelos de prevención. Ello demuestra que, cuando la corrupción es parte del modelo de negocio, los modelos de prevención son letra muerta. Más aun, los modelos de prevención podrían tener un impacto positivo en el caso de las empresas en el sector formal, pero considerando la gran informalidad que existe en el Perú (73% PEA), el impacto será limitado.
De acuerdo con la 15 encuesta global sobre integridad en los negocios (2018), el 82% de los encuestados en el Perú señalaron que prácticas como el soborno y la corrupción están muy extendidas en las empresas. A nivel global, 1 de cada 5 menores de 35 años justifican los pagos en efectivo para conseguir o conservar un negocio. Es así como los costos de transacción que la pequeña corrupción (petty corruption) genera son asumidos por ciudadanos y empresas con la idea equivocada que esta tendrá un impacto positivo en ahorro de tiempo en la obtención de permisos y licencias o en la solución de conflictos, eludiendo trámites engorrosos y sistemas jurídicos ineficaces. Diversos estudios consideran que es precisamente la corrupción la que promueve la creación de nuevas y más excesivas regulaciones, convirtiéndose en un círculo perverso (Carr et al, 2004[6], Gray et al. 1997).
El impacto del caso Lava Jato en el Perú, ha llevado a que las autoridades se concentren en la persecución judicial de la gran corrupción, dejando de lado la pequeña corrupción. Esta está vinculada a la obtención de derechos de propiedad, licencias y autorizaciones, así como a su ejercicio, encareciendo los costos de transacción de hacer empresa en el Perú. Así, la contraloría general de la Republica anunció que implementará un Sistema de Denuncias Empresariales para atender los posibles casos de corrupción en las grandes obras públicas y megaproyectos que se ejecutan a nivel nacional, dejándose de lado los casos de pequeña corrupción.
Para reducir la pequeña corrupción es necesario diseñar un sistema de incentivos donde las empresas se conviertan en aliadas del sistema. Primero es necesario diseñar, para cada uno de los sectores, una matriz de riesgos que identifique los procesos en los cuales existe riesgo de la comisión de los delitos de corrupción, un mecanismo de evaluación y mitigación de dichos riesgos para prevenir la comisión de delitos. Pero además es necesario un sistema de incentivos de denuncias de actos de corrupción que considere: (i) una autoridad competente dentro de cada institución pública, nuevamente con los incentivos adecuados; (ii) canales y medios claros para canalizar las denuncias recibidas; (iii) mecanismos de protección para el denunciante a fin evitar represalias, (iv) un sistema de premios para el denunciante: un fast-track para el proceso del denunciante que dio origen al pedido de coima.
Sin un sistema que proteja a los privados y genere incentivos para la denuncia, será muy difícil acabar con la corrupción. Y es que esta, al ser sistémica, es ya un costo de transacción asumido por muchas empresas dentro de sus procesos para lograr sacar adelante sus proyectos de inversión. La realidad nos muestra que cuando se tiene invertido en un proyecto pocos o varios millones de dólares, este difícilmente será puesto en riesgo para denunciar un acto de pequeña corrupción, si no cuenta con la protección debida.
En el Perú, son las instituciones las que generan incentivos perversos y facilitan la corrupción. Por ello debemos implementar un sistema de incentivos que encarezca la corrupción a tal punto que no sea más rentable. Y para ello la transparencia, la rendición de cuentas y las sanciones a los responsables de corrupción, administrativas, penales y también sociales, son clave.
El Perú cerró el 2018 ocupando el primer lugar como el país al que más le preocupa la corrupción, 71% de los ciudadanos muy por encima del promedio global de 30% (Ipsos Global Advisor, 2018). Ello debe ser una oportunidad para que tanto el sector privado como el público trabajen en acciones concretas.
[1] Gray, Cheryl W. Y Daniel Kaufmann “Corrupción y Desarrollo” Finanzas & Desarrollo / Marzo de 1998, pgs 7-10
[2] El Peculado se configura cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, dinero o bienes que se le hayan confiado por la condición de su cargo.
[3] En el delito de colusión, se establece un pacto ilícito entre dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero, en este caso el Estado, cuyo patrimonio es afectado de manera directa.
[4] Defensoria del Pueblo, 2017, “Radiografia de la Corrupcion en el Peru.” Reporte de corrupción N° 1 Mayo, 2017
[5] Chem Hui and Eugene Soltes, 2018 “Why Compliance Programs Fail—and How to Fix Them. Harvard Business Review. March-April 2018
[6] Carr, Indira and Robert Jago, 2004 “Petty Corruption, Development and Information Technology as an Antidote” The Commonwealth Journal of International Affairs Volume 103, 2014 – Issue 5 pgs. 465-482
