Una meta muy ambiciosa se impuso el Ejecutivo para el próximo año: tramitar cuatro reformas estructurales. La experiencia reciente nos muestra cuán difícil es sacar adelante proyectos en torno a los cuales hay opiniones tan diversas, y los recursos del Estado y de los gobiernos son limitados.
El actual oficialismo criticó la gestión de Michelle Bachelet por impulsar una agenda de cambios demasiado amplia para un período de cuatro años. Aunque algunos podamos compartir ese cuestionamiento, hoy estamos viendo un cuadro muy similar.
Tras varios meses, el Gobierno comenzó a mostrar la magnitud de las reformas que pretende impulsar. En agosto envió un proyecto tributario que va mucho más allá de una modernización, con cambios importantes en recaudación, sustitución de los dos regímenes centrales del actual sistema y modificaciones a conceptos esenciales, como la elusión o la definición de los gastos necesarios para producir la renta.
En noviembre, en tanto, mandó otra reforma estructural: la de pensiones, que considera un aumento del gasto fiscal muy por sobre un punto del PIB en régimen. Además, modifica el funcionamiento del actual Pilar Solidario, incorporando una serie de beneficios y seguros a antiguos y nuevos grupos de la población. Crea un nuevo tipo de ahorro previsional para el 4% de los empleadores, con sus propias reglas de inversión y de pago y también incluye modificaciones a quienes pueden administrar los fondos y la forma en que se licitarán las nuevas carteras de clientes.
A lo anterior hay que agregar las modificaciones anunciadas a las isapres y a la regulación laboral. Dos temas con un componente ideológico muy importante, particularmente el segundo.
Al parecer, el Gobierno olvida que no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras y, por lo tanto, requerirá una alta inversión en el diálogo técnico y político con diputados y senadores si quiere tener éxito. En este escenario, es fundamental que defina en qué materias quiere y puede avanzar.
Si pensamos en urgencias, el cambio al sistema de pensiones es clave. Necesitamos dar respuesta a las necesidades que, actualmente, tienen miles de chilenos. Existe acuerdo en que no ahorramos lo suficiente para una pensión justa, en que todos debemos contribuir al sistema, y que debemos velar para que no aumente la informalidad. Existe acuerdo en que debemos asegurar que los recursos al momento de la jubilación estén y que los nuevos beneficios no sean una promesa que no se sustente en bases sólidas.
En cambio, el proyecto tributario, pese a que tiene algunos elementos de modernización y ajustes necesarios, reduce la recaudación que la reforma previsional compromete. Así, también, retrocede en temas que generaron una gran discusión, como la progresividad del sistema y las herramientas para combatir la elusión. Por último, la reforma del gobierno anterior estará plenamente en régimen en la Operación Renta 2019. Recién ahí contaremos con un diagnóstico más acabado de los cambios que deberíamos impulsar.
El Gobierno debe establecer pronto cuáles serán sus prioridades para orientar su trabajo con la oposición. No solo respecto de qué iniciativas privilegiará, sino también qué tipo de acuerdo quiere alcanzar.
Espero que opte por entendimientos reales, que le permitan construir un escenario propicio para sacar adelante proyectos que beneficien a la mayoría de los chilenos y tengan más proyección que la de un gobierno de cuatro años.
