Durante la última década, el gasto previsional (la suma de jubilaciones y pensiones) que afronta el Estado nacional ha crecido a un ritmo ágil y persistente. Tres factores explican esta dinámica:
- La vigorosa expansión de la base de beneficiarios. El total de jubilados y pensionados pasó de 3,7 millones en 2005 a 8,3 millones en 2016. Este incremento se nutrió tanto de las sucesivas moratorias previsionales que incorporaron al sistema a pasivos que no habían hecho aportes en edad activa, como del aumento sustancial en el número de pensiones no contributivas (a personas con invalidez, ex combatientes, ex presos políticos, familias numerosas).
- La institución en 2009 de una fórmula de actualización de los haberes basada en la evolución de los recursos tributarios que ingresan a ANSES y de la dinámica salarial; fórmula que terminó propiciando aumentos en las jubilaciones y pensiones bien superiores a la inflación (el haber real de referencia aumentó 23% entre 2010 y 2017).
- Ya en la era macrista, la instauración de la Reparación Histórica (esto es, el reconocimiento de un vínculo más estrecho entre los haberes jubilatorios y los aportes realizados durante la fase activa), en un intento para bajar la litigiosidad del régimen previsional.
Cada una de estas justificaciones del aumento del gasto previsional lucen –en mayor o menor medida- legítimas y atendibles: el derecho de todo argentino en edad pasiva a contar con una prestación básica aunque no haya hecho los aportes correspondientes; el derecho de ciertos sectores desfavorecidos de la población a percibir una pensión no contributiva; el derecho de los jubilados y pensionados a que sus haberes no pierdan poder adquisitivo con el tiempo; finalmente, el derecho a recibir una jubilación acorde a los aportes realizados en la fase activa. El problema es que el reconocimiento simultáneo de todos estos derechos ha derivado en un aumento explosivo e insostenible del gasto previsional.
Las prestaciones del sistema de seguridad social crecieron del equivalente a 4,3% del PBI en 2005 a un proyectado de 10,1% del PBI al cabo de 2017. Las contribuciones al sistema aumentaron en el mismo período a un ritmo bastante más moroso y a finales del año en curso apenas superarían el 7% del PIB.
La brecha en aumento entre prestaciones y contribuciones del sistema previsional se cubre con rentas generales, comprometiendo cada vez más la salud de las cuentas públicas. En efecto, esta brecha representará a fines del 2017 un record de 3% del PBI y equivaldrá a cerca del 75% del déficit fiscal primario.
Existe consenso prácticamente unánime sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal y el ritmo de endeudamiento público para evitar un descalabro macroeconómico y tener chances de ingresar a un sendero de crecimiento económico sostenido. La gestión macrista propuso un sendero gradual de reducción del déficit primario: del 4,6% del PBI de 2016 debía bajar a 4,2% en 2017 y a 3,2% del PBI en 2018. En el año que está a punto de concluir, el grueso del recorte del gasto público se concentró en el renglón Subsidios Económicos, como correlato de los aumentos de tarifas. Pero, como mencionamos anteriormente, las erogaciones previsionales no dejaron de crecer (aumentaron aproximadamente 1% del PBI en 2017).
De cara al 2018, la cuenta Subsidios ya no podrá seguir cargando con el grueso del peso del ajuste, pues su participación en el total del gasto primario se redujo de 15% en 2016 a un proyectado de 7% al cabo de 2017. Además, con la vieja fórmula de actualización de los haberes, el gasto previsional prometía sostener su tendencia claramente ascendente: de acuerdo a la estimación de Cetrángolo y Folgar, se proyectaba un aumento de las jubilaciones superior al 6% en términos reales.
De lo expuesto se desprende que no hay chances de continuar reduciendo el déficit fiscal y moderar el ritmo de endeudamiento si no se estabiliza el gasto previsional. En última instancia, este es el objetivo buscado por la reforma previsional promovida por el gobierno, más allá de los circunloquios del discurso oficial.
La Ley recientemente aprobada por el Congreso dispuso un cambio en el mecanismo de actualización de los haberes, a través de una nueva fórmula compuesta en 70% inflación y 30% salarios. Esta fórmula no deja de garantizar virtualmente un aumento de las jubilaciones reales durante 2018. Siguiendo a los supuestos adoptados en la estimación de Cetrángolo y Folgar (inflación 2018=16%; RIPTE=18%), proyectamos un aumento en los haberes reales de 1,7% (promedio 2018 vs. promedio 2017).
* Proyección 2018 de acuerdo a supuestos de ejercicio Cetrángolo y Folgar
Sin embargo, algunos colegas -no necesariamente opositores al gobierno- cuestionaron la reforma, afirmando que el nuevo esquema de ajuste carga con una distorsión inaceptable: que el primer aumento se decidirá en marzo del 2018, seis meses después de la última suba, y que estará definido por la variación de precios y salarios del 3er trimestre de 2017. Esta asimetría se discutió en los últimos días como el “problema del empalme”
A primera vista, el gobierno parecería incurrir en la picardía de retacear un trimestre de ajuste. Sin embargo, como bien advirtió Verónica Rappoport, no existe tal “robo” de un trimestre, sino que los viejos ajustes semestrales ahora se desdoblan en dos ajustes trimestrales. Esto, en una primera instancia, le genera al fisco algún ahorro fiscal. En 2018, el fisco también tendrá un ahorro por el cambio de variables en la fórmula, pues para este período puntual, el aumento de los recursos de ANSES superó holgadamente a la inflación. La conjunción de ambos efectos explica que el aumento en los haberes promedio en 2018 sea algo más de 4 puntos inferior con la nueva fórmula.
De todos modos, la pregunta verdaderamente relevante es si las cuentas fiscales estaban en condiciones de soportar en 2018 el aumento real de más de 6 puntos en las jubilaciones y el resto del gasto social indexado que hubiese resultado con la vieja fórmula de actualización. Esta suba habría implicado un incremento ulterior del renglón de gasto Prestaciones Sociales no inferior a 0,5% del PBI. A nuestro juicio (y al del equipo económico), la respuesta a esta incógnita es rotundamente negativa. Se recuerda: la justificación de la reforma no es otra que evitar un aumento ulterior desestabilizador del gasto previsional.
En suma, la reforma previsional no recorta los haberes reales; solo modera su crecimiento. Tampoco evita que el ratio Gasto Previsional / PBI siga en aumento; con suerte, reducirá la pendiente de la suba. Por ello, todo aquel que reconozca la necesidad imperiosa de sanear las cuentas públicas y admita que este objetivo no es asequible sin estabilizar el gasto previsional, no puede a la vez cuestionar la legitimidad y la pertinencia de esta reforma.
El gran problema es que la reforma se quedo muy a medias, tendrian que haber subido la edad jubilatoria al menos igualar las mujeres con hombres en 65 años . Otro tema es que el macrismo sigue regalando con orgullo otras prestaciones de seguridad social como asignaciones universales sin darse cuenta que solo agrandan el problema de la sustentabilidad del sistema
Ese 16% de inflación cuanto tiene de aumento en servicios?
Muy bueno Fede. Te felicito.
Hola. La nota es excelente. Pero ignora algunas cuestiones importantes: 1) Las jubilaciones no se suben por ley. Para poder mejorar los haberes hay que aumentar el producto de la economía. De otra forma, volvemos a los 80s donde las jubilaciones cayeron 50% en términos reales vía inflación y falta de ajuste nominal. 2) Si uno se pone puntilloso con la ley, lo primero que tiene que decir es que el gobierno K no la cumplió pues no incorporo a los más de 3 millones de jubilados que entraron por moratoria. De haberlo hecho, las jubilaciones serian 21% menores hoy. 3) los haberes no van a crecer menos con la nueva ley, lo harán el primer año. Pero qué pasa si, por ejemplo, en 19 sube la inflación o cae la economía. En ese caso van a subir más. Hay que mirar el proceso dinámico. En 2010, 14 y 16 cayeron fuerte en términos reales con la formula anterior.
Me quede pensando otra cuestión. Desde la derecha, Espert, etc., dicen, esta ley no perjudica a los jubilados, pero tampoco resuelve el problema fiscal… lo cual es cierto. Está implícito que quieren un ajuste de verdad en los haberes jubilatorios. Hay que elogiar al gobierno que no va por esa vía para ajustar la economía!
Yo estoy con Dujovne. El cálculo contra la formula anterior no es válido. O es válido en marzo, pero no en septiembre. Al eliminarse el artículo 104 de ganancias, la suba en septiembre hubiese sido menor a 4%… Por qué no pensar que el gobierno privilegio el paquete tributario, y que para que las provincias bajen ingresos brutos, cambio la repartija de la guita, y luego cambio la fórmula para proteger a los jubilados. ¿Por qué una historia si y la otra no?
Buen punto.
El último punto me parece crucial. En todo el mundo las jubilaciones ajustan por inflación o por inflación y salarios. Ello es para proteger los haberes reales, y en el segundo caso, para permitirles que crezcan, no sin algún riesgo, pari passu, con los salarios. Es un principio básico de asignación del riesgo que este lo absorba quien es menos adverso al riesgo. En este caso es el Estado. Con la formula vieja el riesgo lo soportaban los jubilados, que cada vez que la economía caía o la inflación subía, perdían en términos reales. Lo mejor es pensarlo como un seguro. Los que compramos seguros estamos dispuestos a pagar una prima por estabilizar nuestro consumo. El cambio de formula hace precisamente eso.
Excelente el blog. Felicitaciones.
La nota está buena, tiene datos concretos y hace un análisis inicial de la situación que asumo que estamos todos medianamente de acuerdo.
Ahora bien, si de verdad es cierto que la reforma tributaria implica una mayor transferencia de fondos a la prov de Bs. As., realmente podemos alabar esta reforma previsional? Si el ajuste del déficit de está reforma (que es $100.000 millones) se termina traduciendo solamente en una reducción de $40.000 por las mayores transferencias, es realmente un ajuste? o es hacer política?
No se, creo que todos estamos de acuerdo que el déficit es enorme, pero hasta no veo una fuerte intención de querer reducirlo sino mas bien de reorientar recursos de acuerdo a las necesidades políticas.
Qué gran artículo! Permite entender mucho mejor de qué se trata esta problemática que en los últimos días tuvo preocupado al país entero. Creo que sigue siendo un tema para preocuparnos, a largo plazo el sistema previsional no es sostenible.