La desigualdad de género es un problema existente alrededor del mundo que afecta directamente a la mujer y sus familias, y genera ineficiencias que influyen sobre el desarrollo económico. Políticas dirigidas a reducir la desigualdad de género, no sólo tienen el potencial de mejorar el bienestar de la mujer y de sus hijos, sino también ser factores de progreso en la sociedad. Sin embargo, es importante complementar estas políticas con las condiciones institucionales, económicas, y culturales que permitan alcanzar efectos de largo plazo.
La evidencia empírica ofrece diferentes ejemplos en los que la inequidad de género genera resultados ineficientes. En Burkina Faso, por ejemplo, es común que hombres y mujeres mantengan la propiedad individual sobre sus parcelas. Los insumos de producción son adquiridos colectivamente, asignados a cada terreno y la producción final es distribuida entre los miembros del hogar. Bajo este esquema, el modelo más eficiente asigna los insumos a cada terreno para maximizar la producción total del hogar. Sin embargo, Udry (1996) encuentra que los hogares asignan la mayoría de los insumos a los terrenos de los hombres, incluso cuando una asignación más equitativa maximizaría la producción final. Por otro lado, Ashraf et. al, (2014) describe ineficiencias a nivel del hogar por falta de información perfecta con respecto al uso de anticonceptivos. A pesar de que la pareja tiene las mismas preferencias sobre decisiones de fertilidad, el hombre prefiere negarle a la mujer acceso a anticonceptivos con el fin de evitar su empoderamiento a través del uso de éstos.
Políticas enfocadas hacia la equidad de género deben ser diseñadas en un marco económico, institucional y cultural que permita su implementación. En el campo institucional, por ejemplo, derechos de propiedad bien definidos que protejan los activos de las mujeres, pueden mejorar sus oportunidades económicas por fuera de la unión marital y por lo tanto su poder de negociación dentro del hogar. Esto puede afectar su bienestar y el de sus hijos. Sin embargo, la inversión en capital humano depende de los retornos esperados a la educación. Si el costo de oportunidad de estudiar es muy alto, la madre podría usar su poder de negociación para aumentar la productividad de sus hijos en actividades más rentables (Bose and Das, 2017). Para alcanzar efectos duraderos y de largo plazo, las políticas que empoderen a la mujer deben estar acompañadas de oportunidades económicas y sociales accesibles a ellas.
En el plano institucional es también fundamental ofrecerle a la mujer seguridad y protección cuando se enfrenta a violencia doméstica. La violencia hacia la mujer es una forma de asegurar la imposición de las propias decisiones dentro del hogar. Sin un respaldo institucional para la mujer, el hombre puede usar esta herramienta sin ningún costo. En la reciente coyuntura de políticas anti-inmigratorias en los Estados Unidos, las mujeres inmigrantes han sido victimas de esta falta de protección, siendo arrestadas para ser deportadas al momento de salir de la corte tras poner la denuncia sobre violencia doméstica. Esta falta de protección ya está teniendo efectos en el número de denuncias en lo que lleva del año.
Ofrecer respuestas inmediatas a casos de violencia doméstica es primordial. En Medellín la línea Mujer 123 ofrece asistencia inmediata de la Policia y apoyo psicologico a las victimas en el momento de la llamada. La evaluación de la línea Mujer plantea que esta pronta asistencia provee a la mujer de información necesaria para salir de situaciones violentas. Los resultados enfatizan la importancia de ofrecer esta ayuda inmediatamente para poder influir en las acciones de la victima (Armbrister et. al, 2015).
Además de contar con un marco institucional en el que la mujer sienta que sus derechos son protegidos, es importante diseñar políticas que reduzcan las inequidades en el ámbito económico, teniendo en cuenta el rol del marco cultural e institucional. En una entrada anterior en este blog, Eduardo Lora discute los resultados de Ramirez, Tribin y Vargas (2017) sobre los efectos de la extensión de la licencia de maternidad en Colombia. Los resultados sugieren que esta ley impactó de manera negativa la participación laboral de las mujeres en edad más fértil. Los resultados llaman a pensar en políticas que promuevan cambios culturales e institucionales donde los roles laborales y del hogar sean compartidos equitativamente entre hombres y mujeres.
Pero el reto no es solamente desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas. Incluso, cuando hombres y mujeres reciben los mismos beneficios laborales por paternidad, puede haber consecuencias inesperadas. Antecol, Bedard y Stearns (2016) miden el impacto de una política que ofrece la misma licencia de paternidad a profesores asistentes en departamentos de economía en los Estados Unidos independientemente de su género. Los resultados indican que la política beneficia significativamente a los hombres a expensas de las mujeres. Mientras que el hombre puede ser aun más productivo durante su licencia, la mujer no tiene las mismas posibilidades. Dado que la mayor productividad del hombre aumenta los estándares de evaluación dentro de las universidades, esta política afecta negativamente la probabilidad de tenure de la mujer.
Asimismo, las expectativas de la sociedad y los estereotipos femeninos deben también ajustarse porque éstos imponen costos significativos sobre la productividad de la mujer. Babcock, Recalde y Vesterlund (2017), discuten el costo de la normatividad de género al asignar tareas que no tienen peso en el momento de obtener una promoción laboral. Los autores encuentran que a las mujeres les son asignadas en mayor proporción este tipo de tareas, y además son penalizadas más fuertemente que los hombres cuando se niegan a llevarlas a cabo, por desviarse del estereotipo femenino. El costo de oportunidad de asignar tiempo a estas responsabilidades es tan alto para las mujeres como para los hombres, e ignorar este hecho puede afectar ascensos labores y representatividad femenina en cargos más altos.
Los cambios culturales que se necesitan para complementar este tipo de políticas son difíciles de lograr, pero existe evidencia que nos permite ser optimistas, y que además resalta la relación intrínseca que hay entre el desarrollo económico y el empoderamiento de la mujer. Evidencia empírica demuestra que con mejores oportunidades laborales para las mujeres en la economía, hay mayor inversión en capital humano femenino. Por ejemplo, en India, niñas que viven en comunidades donde hay mujeres en roles de liderazgo político, tienen mayores aspiraciones educativas y profesionales. Asimismo, las nuevas expectativas de los padres con respecto al futuro de sus hijas se ven positivamente reflejadas en una mayor inversión educativa para ellas (sin impacto negativo para los niños) y en un uso más productivo de su tiempo (Beaman et. al, 2011).
El empoderamiento de la mujer depende de un cambio profundo en nuestra sociedad, acompañado de estrategias que compensen las ineficiencias que impone la inequidad de género. El reto que enfrentamos es el de pensar cuidadosamente en políticas que involucren a los hombres, y en los cambios necesarios en la economía y en la sociedad para que los efectos sean duraderos.
Referencias
Armbrister, A., Peñaranda, C., Rodríguez, J., Romero, O.L. y Vera, M. “Can Dialing Three Numbers Reduce Violence against Women? Evidence from a Natural Experiment in Medellin, Colombia”. Serie Documentos de trabajo. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC
Ashraf, N., E. Field, J. Lee. (2014) “Household Bargaining and Excess Fertility: An Experimental Study in Zambia”. American Economic Review. 104, (7): 2210-37
Babcock, L., M. P. Recalde, and L. Vesterlund. (2017) “Gender Differences in the Allocation of Low-Promotability Tasks: The Role of Backlash”. American Economic Review: Papers & Proceedings, 107(5): 131–135
Beaman,L., E. Duflo, R. Pande, P. Topalova (2012) “Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India” Science. 335
Bose, N. and S. Das. (2017) “Women’s Inheritance Rights, Household Allocation, and Gender Bias”. American Economic Review: Papers & Proceedings. 107(5): 150–153
Ramírez, N., A. M. Tribín y C. Vargas, (2017) “Maternidad y mrcado laboral: el impacto de la legislación”, en Arango, L.E., Castellani, F. y Lora, E, Desempleo Femenino en Colombia, Bogotá: Banco de la República y Banco Interamericano de Desarrollo.
Udry, C. (1996) “Gender, Agricultural Production, and the Theory of the Household.” Journal of Political Economy 104 (5): 1010–46.
La igualdad de generos, permite que todas las personas tengan derechos y oportunidades, e incluso en lo referente a los derechos humanos fundamentales. Las metas y medidas relacionadas con la igualdad de género están incluidas en prácticamente todos los gobiernos del mundo.
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