En Chile la confianza en las policías, y en especial en Carabineros, supera a cualquier institución. La percepción general de honradez, trabajo dedicado y colaboración absoluta son valores que los ciudadanos reconocen en los hombres y mujeres que trabajan diariamente en las labores de control y prevención del delito. Pero también en las emergencias, en los eventos masivos, y diversas otras ocasiones donde la labor de carabineros se destaca además por la percepción general de honradez. Institución de carácter militar, altamente jerarquizada y con una férrea división entre oficiales y suboficiales; Carabineros es sin duda un ejemplo en América Latina.
Tal vez por su actitud, capacidad de trabajo o el orden en la respuesta institucional; los gobiernos, desde el regreso a la democracia, han sido más bien débiles en el control efectivo de sus labores. La profesionalización de los miembros de la institución es innegable, mientras que los ministerios a cargo han tenido un listado largo de personas con mínima preparación en el tema. Así, la institución ha ido creciendo y adquiriendo sus propios arquitectos, planificadores, administradores, contadores, abogados y asesores de comunicación. Crecimiento que no ha ido acompañado de capacidades civiles para monitorear y regular sus actividades, muy por el contrario.
Si bien la institución está llena de controles internos manejados por estrictos manuales internos con gente institucional, son pocos los espacios donde se puede identificar la injerencia civil para monitorear el cumplimiento de sus labores. Cuando esto ha ocurrido, los resultados no fueron alentadores. Así, por ejemplo, el Gobierno de Sebastián Piñera contrató a la Fundación Paz Ciudadana para evaluar el Plan Cuadrante y los resultados de la misma no se hicieron públicos de forma inmediata y a pesar que el informe decía “de esta forma, el Plan Cuadrante no constituye una modalidad diferente de actuación si se la compara con aquellas unidades que de manera explícita, según definición de la propia institución, no se insertan en esta estrategia” sus resultados no fueron debatidos en procesos amplios de mejora.
No hay que olvidar que recién en Noviembre del 2016 el Consejo de Transparencia ordenó a la institución a revelar la dotación que tenían a nivel nacional dado que se negaba a entregar esta información (incluso a alcaldes e intendentes) invocando una norma del Código de Justicia Militar instaurada en 1987, aludiendo a que entregar los datos solicitados afectaría sus funciones, como también las tácticas y estrategias para el desarrollo de su trabajo.
Por años los niveles de autonomía y bajo gobierno civil sobre las instituciones policiales ha sido un hecho conocido y asumido por ambas coaliciones políticas que no han invertido en especialistas ni generalistas en la temática. Han existido esfuerzos, no se puede negar que hay avances, pero los mismos son limitados.
Los espacios de opacidad generan dudas y estas se expanden como una mancha de aceite cuando nos enteramos de un esquema funcionando dentro de la institución que podría sumar más de 10 mil millones de pesos en fraudes y medio centenar de Carabineros involucrados. ¿Qué pasó? La respuesta es bastante simple. No existe control civil sobre la institución policial, no estamos hablando de formularios que llenar, comisiones donde asistir, y largos procesos administrativos en los que participar; sino espacios donde funcionarios de gobierno que, siendo parte de un esquema de largo plazo, trabajen en conjunto con la policía para de forma colaborativa avanzar.
La corrupción en Carabineros es un hecho doloroso que debe seguir un proceso judicial que determine culpabilidades y posiblemente marque un claro antecedente que busque reorganizaciones al interior de la institución; pero al parecer es un caso aislado que ninguno de los controles internos supo identificar. La responsabilidad es también de aquellos que dejamos de insistir en la necesaria apertura, transparencia y especialmente control de las instituciones policiales.
La tarea pendiente para el próximo gobierno es clara y la evidencia internacional es tajante, las policías deben ser instituciones con espacios de autonomía profesional que les permitan diseñar sus estrategias y tácticas en base al conocimiento especializado pero el rol del gobierno es definir las políticas públicas, reconocer el valor de la transparencia de la información y de los procesos de toma de decisión.
